Aunque el período para la firma del “Acuerdo de Escazú” cerró el 26 de septiembre del 2020, nuestro país tendría la posibilidad de adherir en un futuro próximo, no obstante la negativa a firmarlo, que anunció el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. Numerosas organizaciones que defienden el medio ambiente han formulado críticas a la decisión del Gobierno.
Ciencia y Medio Ambiente28/09/2020
Aunque nuestro país participó activamente y fue copresidente de la mesa directiva y, además, anfitrión de la reunión donde se adoptó “La Decisión de Santiago”, documento que originó lo que se ha conocido posteriormente como “Acuerdo de Escazú”, el reciente rechazo para su firma, anunciado por el canciller Andrés Allamand, despertó el cuestionamiento de numerosas organizaciones vinculadas a la defensa del medio ambiente.
Entre los años 2012 y 2014 se realizaron las reuniones preparatorias, tras las cuales emanó el primer documento que permitió la creación de un comité de negociación conformado por 24 países, incluido Chile. Nuestro país es el único que ha anunciado públicamente su rechazo al acuerdo, porque -la argumentación chilena- es que contendría una amenaza a la soberanía nacional.
El “Acuerdo de Escazú” es, en rigor, un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Documento que consta de 24 artículos que tienen como eje principal garantizar tres derechos en materia medioambiental: 1. Acceso a la información; 2. Participación en la toma de decisiones y 3. Acceso a la justicia.
Estos tres derechos forman parte de un principio adoptado en la primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro el año 1992, que establece que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.
Es más, el texto señala que los Estados “deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. El Acuerdo de Escazú comenzó la ronda de negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en el año 2012. En esa oportunidad se estableció una hoja de ruta para avanzar en establecer la garantía de los tres derechos reseñados más arriba.
Durante una serie de reuniones se trabajó sobre un documento preliminar que redactó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo dependiente de la ONU. Es así que se fueron incorporando numerosas propuestas de los 33 países que forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, durante nueve reuniones. El documento final se adoptó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y cuenta con la venia del propio secretario general de la ONU, António Guterres.
Por ejemplo, el Principio 10 proponía ciertas garantías a la hora de tomar decisiones y de proteger el medio ambiente: transparencia de la información pública ambiental, de los riesgos ambientales y de las decisiones; la posibilidad de opinar, de ser parte de las decisiones; y por último, de acudir a terceros independientes e imparciales si esos derechos no son respetados, si el medio ambiente está en riesgo, o si éste ha sido dañado.
Y aunque Chile cuenta con un marco institucional y legal, que garantiza en diferentes niveles los tres pilares fundamentales de la democracia ambiental, nuestro desafío está en la implementación real de estas garantías, en lograr que ellas se respeten, aunque a juicio de algunos, los procesos puedan parecer lentos o engorrosos, y pese a cualquier “agenda pro inversión” que se proponga en el país.
Casos como el escape masivo de salmones en Chiloé, el cual se suma a otros graves episodios protagonizados por esta industria y por las instituciones a cargo en la zona, dan cuenta de que aún falta mucho por avanzar en la materia. Este ejemplo, a juicio de los ecologistas, revela algunos de los desafíos pendientes de nuestro país, en cuanto a contar con sistemas adecuados de alerta temprana de emergencias ambientales, con evaluaciones ambientales con participación ciudadana efectivas y con un acceso real a la justicia de las comunidades locales.
Al cierre de esta edición, el Acuerdo de Escazú había sido firmado por dos tercios de los países asociados en el CELAC (22 países). De ellos, nueve ya lo habían ratificado en sus respectivos Congresos. Otros 11 estaban a la espera de la firma. Para que el acuerdo entre en vigencia, además, se necesitan 11 firmas, lo que se habría logrado. De Sudamérica, firmaron Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; y ratificaron Guyana, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Sólo Chile, Venezuela y Surinam están fuera del acuerdo. De Centroamérica, firmaron Costa Rica, Guatemala y México; ratificaron Nicaragua y Panamá; y se mantuvieron al margen Belice, El Salvador y Honduras.
EL RECHAZO DE CHILE
Hasta principios de septiembre del 2020 nuestro país era el único (de los 33 miembros de la CELAC) que anunció públicamente que no firmará el Acuerdo de Escazú, pese a que durante las reuniones preparativas había asumido el liderazgo del proceso. Según el Gobierno la mayoría de los lineamientos del convenio ya estarían incorporados en la legislación ambiental chilena. “No agrega nada”, dijo el presidente Sebastián Piñera.
Otro argumento que ha surgido, aunque en forma ambigua, es que su ratificación podría suponer una amenaza a la soberanía nacional. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que el convenio “incrementa la incertidumbre jurídica, dando la preferencia a Bolivia como país sin costa, en todas las disyuntivas internacionales donde Chile tiene conflictos ambientales pendientes con ese país, como el del río Silala”. De este modo se hace referencia al artículo 11 del acuerdo, que señala que los países que adhieren “prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe”. Además, en el artículo 19 se recomienda como fórmula resolver diferencias entre los países a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
No obstante esta negativa, aquellos países de América Latina y el Caribe que deseen firmar el Acuerdo de Escazú, podrán realizar las gestiones pertinentes a través de su Misión Permanente ante las Naciones Unidas, emitiendo los plenos poderes correspondientes.
Estos eventos en el océano Austral tienen directa relación con el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar a nivel global. En febrero de 2020, la temperatura en la bahía Fildes llegó a los 2,97°C.
Los humanos somos naturaleza, estamos íntima y directamente relacionada con ella a través del agua que bebemos, lo que comemos, los materiales que usamos para construir nuestras casas y manufacturar nuestra tecnología. A pesar de esto, hemos creado una línea divisoria entre nosotros y lo “natural”, eso que pertenece al mundo salvaje, lejos de las comodidades de los espacios humanos, como las ciudades. Esa línea ha marcado nuestra historia reciente, donde tal vez en el siglo XX fue donde más nos hemos alejado y desconectado de estos espacios prístinos.
Inesperada diversidad de pulpos encontrada en las profundidades del mar de Costa Rica, junto con un nuevo vivero de rayas en aguas profundas. Los científicos a bordo del R/V Falkor del Schmidt Ocean Institute han descubierto al menos cuatro nuevas especies de pulpos de aguas profundas en un área de 100 millas cuadradas frente a Costa Rica.
En los Andes del extremo norte de Chile, a más de cuatro mil metros de altura, se encuentra un paisaje que pareciera venir de otro planeta: el Salar de Surire. Este majestuoso depósito de sal de miles de hectáreas, declarado Monumento Natural en 1983, es un oasis de vida en medio del paisaje árido de la región de Arica y Parinacota. Además de su belleza, esconde una milenaria historia climática y ambiental. Para explorar el salar y descubrir pistas sobre su origen y evolución en el tiempo, estuvimos trabajando en terreno con un grupo de estudiantes del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá.
La masividad de los proyectos que se desarrollarían en Magallanes, sin lineamientos específicos para el hidrógeno verde, amenaza un ecosistema frágil y un refugio climático. Sin embargo, un proyecto de ley que se discute actualmente en el Senado podría ser una oportunidad para contener el impacto.
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El picaflor de Arica alguna vez formaba enjambres en torno a las flores endémicas, pero esa es historia antigua. Ahora los especialistas dicen que está en peligro crítico de extinción y que enfrenta una disminución drástica debido a la agricultura intensiva y la pérdida de su hábitat. Hay algunos científicos y miembros de una ONG que siguen luchando para rescatarlo.
La macha, un apreciado molusco bivalvo muy habitual en los menús de restaurantes chilenos, se extrae como un recurso bentónico desde bancos naturales de playas arenosas, principalmente en la zona norte. En Perú en cambio, se encuentra en veda desde hace más de 20 años.
Iniciativa, que se puede descargar gratis, representa una oportunidad única para dar a conocer a la sociedad la extraordinaria diversidad y riqueza geológica. La publicación, que está en formato impreso y digital, contó con la participación de más de cincuenta profesionales del servicio así como una treintena de personas externas que colaboraron con sus fotografías.
Cuatro proyectos en los que participan investigadores del Centro IDEAL recientemente fueron adjudicados y serán parte del CIMAR 27, que se desarrollará entre el 15 de agosto y el 10 de septiembre.
Un incendio reciente en Calama devastó el ecosistema de la ranita del Loa, una especie en peligro crítico de extinción. Tras la catástrofe, la comunidad científica e instituciones como la Universidad de Chile y el Centro de Biodiversidad y Conservación El Loa están trabajando incansablemente para salvarla de su desaparición.
Existe una creencia bastante difundida que vincula al Surfing con el elitismo y una cierta segregación social respecto del acceso a su práctica. Quizás esto pudo ser así décadas atrás, pero lejos de ser una realidad en la actualidad, se ha impuesto de facto una práctica bastante masiva que incorpora, en algunos lugares del mundo, dinámicas comunitarias, medioambientales y de reanimación socioeconómica en su desarrollo. Esta es la segunda parte y final de este interesante artículo.
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La tragedia que supone la destrucción de la Parroquia de San Antonio de Padua debe ser un recordatorio urgente de la fragilidad del patrimonio y de la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Esta pérdida no debe quedar en vano.
El incendio que afectó a la Iglesia de San Antonio de Padua de la orden franciscana de Iquique sólo fue el epílogo de la tragedia de despreocupación y desvalorización generalizada del Patrimonio de Tarapacá, que sigue desapareciendo sin mediar un conjunto de acciones mínimas necesarias para prevenir, en este caso el alto riesgo de incendio que está a la vuelta de cada esquina de la arquitectura de madera de la ciudad de Iquique.
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Proyecto organizado por la Compañía de Teatro Antifaz y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2023; Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Línea Festivales y Encuentros de Trayectoria, Convocatoria 2024; Ley de Donaciones Culturales; Gobierno Regional de Tarapacá junto al Consejo Regional de Tarapacá, a través del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Cultura 2024 y Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.