Aunque el período para la firma del “Acuerdo de Escazú” cerró el 26 de septiembre del 2020, nuestro país tendría la posibilidad de adherir en un futuro próximo, no obstante la negativa a firmarlo, que anunció el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. Numerosas organizaciones que defienden el medio ambiente han formulado críticas a la decisión del Gobierno.
Ciencia y Medio Ambiente28/09/2020
Aunque nuestro país participó activamente y fue copresidente de la mesa directiva y, además, anfitrión de la reunión donde se adoptó “La Decisión de Santiago”, documento que originó lo que se ha conocido posteriormente como “Acuerdo de Escazú”, el reciente rechazo para su firma, anunciado por el canciller Andrés Allamand, despertó el cuestionamiento de numerosas organizaciones vinculadas a la defensa del medio ambiente.
Entre los años 2012 y 2014 se realizaron las reuniones preparatorias, tras las cuales emanó el primer documento que permitió la creación de un comité de negociación conformado por 24 países, incluido Chile. Nuestro país es el único que ha anunciado públicamente su rechazo al acuerdo, porque -la argumentación chilena- es que contendría una amenaza a la soberanía nacional.
El “Acuerdo de Escazú” es, en rigor, un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Documento que consta de 24 artículos que tienen como eje principal garantizar tres derechos en materia medioambiental: 1. Acceso a la información; 2. Participación en la toma de decisiones y 3. Acceso a la justicia.
Estos tres derechos forman parte de un principio adoptado en la primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro el año 1992, que establece que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.
Es más, el texto señala que los Estados “deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. El Acuerdo de Escazú comenzó la ronda de negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en el año 2012. En esa oportunidad se estableció una hoja de ruta para avanzar en establecer la garantía de los tres derechos reseñados más arriba.
Durante una serie de reuniones se trabajó sobre un documento preliminar que redactó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo dependiente de la ONU. Es así que se fueron incorporando numerosas propuestas de los 33 países que forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, durante nueve reuniones. El documento final se adoptó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y cuenta con la venia del propio secretario general de la ONU, António Guterres.
Por ejemplo, el Principio 10 proponía ciertas garantías a la hora de tomar decisiones y de proteger el medio ambiente: transparencia de la información pública ambiental, de los riesgos ambientales y de las decisiones; la posibilidad de opinar, de ser parte de las decisiones; y por último, de acudir a terceros independientes e imparciales si esos derechos no son respetados, si el medio ambiente está en riesgo, o si éste ha sido dañado.
Y aunque Chile cuenta con un marco institucional y legal, que garantiza en diferentes niveles los tres pilares fundamentales de la democracia ambiental, nuestro desafío está en la implementación real de estas garantías, en lograr que ellas se respeten, aunque a juicio de algunos, los procesos puedan parecer lentos o engorrosos, y pese a cualquier “agenda pro inversión” que se proponga en el país.
Casos como el escape masivo de salmones en Chiloé, el cual se suma a otros graves episodios protagonizados por esta industria y por las instituciones a cargo en la zona, dan cuenta de que aún falta mucho por avanzar en la materia. Este ejemplo, a juicio de los ecologistas, revela algunos de los desafíos pendientes de nuestro país, en cuanto a contar con sistemas adecuados de alerta temprana de emergencias ambientales, con evaluaciones ambientales con participación ciudadana efectivas y con un acceso real a la justicia de las comunidades locales.
Al cierre de esta edición, el Acuerdo de Escazú había sido firmado por dos tercios de los países asociados en el CELAC (22 países). De ellos, nueve ya lo habían ratificado en sus respectivos Congresos. Otros 11 estaban a la espera de la firma. Para que el acuerdo entre en vigencia, además, se necesitan 11 firmas, lo que se habría logrado. De Sudamérica, firmaron Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; y ratificaron Guyana, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Sólo Chile, Venezuela y Surinam están fuera del acuerdo. De Centroamérica, firmaron Costa Rica, Guatemala y México; ratificaron Nicaragua y Panamá; y se mantuvieron al margen Belice, El Salvador y Honduras.
EL RECHAZO DE CHILE
Hasta principios de septiembre del 2020 nuestro país era el único (de los 33 miembros de la CELAC) que anunció públicamente que no firmará el Acuerdo de Escazú, pese a que durante las reuniones preparativas había asumido el liderazgo del proceso. Según el Gobierno la mayoría de los lineamientos del convenio ya estarían incorporados en la legislación ambiental chilena. “No agrega nada”, dijo el presidente Sebastián Piñera.
Otro argumento que ha surgido, aunque en forma ambigua, es que su ratificación podría suponer una amenaza a la soberanía nacional. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que el convenio “incrementa la incertidumbre jurídica, dando la preferencia a Bolivia como país sin costa, en todas las disyuntivas internacionales donde Chile tiene conflictos ambientales pendientes con ese país, como el del río Silala”. De este modo se hace referencia al artículo 11 del acuerdo, que señala que los países que adhieren “prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe”. Además, en el artículo 19 se recomienda como fórmula resolver diferencias entre los países a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
No obstante esta negativa, aquellos países de América Latina y el Caribe que deseen firmar el Acuerdo de Escazú, podrán realizar las gestiones pertinentes a través de su Misión Permanente ante las Naciones Unidas, emitiendo los plenos poderes correspondientes.
Viajó a Chile para un curso de verano. Y se enamoró, en todos los sentidos. Después hizo un postgrado y terminó en Iquique, ciudad que le encanta pues le recuerda a su natal Cali. Una colombiana que hace ciencia e innovación en la Unap.
Romina Ramos es doctora en Ciencias Sociales y como tal señala que cuando hace un trabajo científico lo hace para “contribuir al territorio y donde a través de la evidencia se puedan tomar decisiones”.
Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), publicado en la revista científica Plant Diversity, develó el origen evolutivo de esta planta y su estrategia reproductiva de imitar las flores de otra especie, atrayendo polinizadores más eficientes. El cactus endémico, en peligro crítico de extinción según criterios de la UICN, se enfrenta a grandes amenazas como la destrucción del hábitat por cambio en el uso del suelo como lo que ocurre con la expansión inmobiliaria. Por esta razón, investigadores promueven la urgente conservación de esta especie y los procesos que ocurren en este ecosistema litoral.
Iquiqueña neta, bióloga marina y doctora en Gestión y Conservación del Mar por la Universidad de Cádiz, ha dedicado su carrera a estudiar los efectos de los contaminantes que se filtran en el aire, el agua y los cuerpos. Desde su laboratorio en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAP, lidera estudios sobre microplásticos y contaminantes emergentes, haciendo visible lo que el océano en Tarapacá advierte de manera urgente.
Una estrella de mar con un aspecto sorprendentemente humano ha sido descubierta en el Atlántico Sur durante una expedición que reveló decenas de especies inéditas.
Los seres humanos también podemos crear naturaleza. Suena extraño, más aún, tratándose del desierto, pero es cierto: podemos “sembrar” agua, restaurar bofedales y propagar especies. No estamos condenados a ser esa plaga que arrasa en nombre del progreso. También tenemos la capacidad de generar vida y equilibrio. En este artículo te contamos sobre tres ocasiones en las que, lejos de limitarnos a observar, hemos impulsado círculos virtuosos que han beneficiado a personas, animales y plantas por igual. Y lo hemos hecho de forma planificada, incluso artificial… porque artificial no siempre significa antinatural.
¿Se imagina que es posible saber con certeza cuánta agua de niebla se puede colectar en cualquier punto de nuestro extenso farellón costero? Y que, con esa información, ¿se podría planificar vergeles en distintos puntos del territorio? Esto, que puede parecer ciencia ficción, es ahora posible gracias a una plataforma interactiva gratuita que revela cuánta agua se puede extraer de la camanchaca costera del norte (y también del centro del país), abriendo nuevas posibilidades para -entre otras cosas- enfrentar la crisis hídrica.
Científicos analizaron cómo dos legumbres que se consumen en Chile —Phaseolus vulgaris (poroto) y Pisum sativum (arveja)— pueden sobrevivir en suelos con exceso de sal, un problema creciente debido al cambio climático y el uso excesivo de fertilizantes.
Pese a liderar compromisos internacionales por el cuidado de los océanos, nuestro país encabeza el listado de muerte de ballenas por colisión con embarcaciones, y los varamientos ocurren principalmente en la zona sur. Por esta razón, la organización ambientalista pide reforzar la protección de esta especie en las regiones australes, y que se eviten proyectos industriales que repliquen esta situación en otras partes de Chile.
Mamacoca, coca coca, kuka y coca huánuco son algunos de los nombres que recibe esta planta de los Andes, un arbusto cuyas ramas se extienden desde la base llegando a alcanzar alturas de 3 o 4 metros.
Son las guerreras silenciosas del norte chileno. No tienen espadas, pero sí estrategias milenarias: raíces profundas, hojas pequeñas, tallos duros, y una paciencia infinita. Mientras otras especies se marchitan apenas se acerca la sequía, ellas siguen ahí, firmes, austeras, imperturbables. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes del desierto han sabido aprovechar al máximo la brea y el cachiyuyo no sólo resistió el ambiente extremo, sino que se convirtió en una planta mejor adaptada.
"La colonización del saber. Una historia de las plantas medicinales del ‘Nuevo Mundo’ (1492-1750)", del historiador Samir Boumediene, se publicó por primera vez en Francia hace ya una década. En sus páginas, se traza una historia del intercambio de plantas entre Europa y América, y de cómo ese flujo botánico transformó profundamente la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Hoy, por primera vez, este libro fundamental llega al público hispanohablante de América Latina, en una edición en español publicada por la editorial argentina Tinta Limón.
Esta edición especial de nuestra revista, pretende relevar el rol de algunas de las mujeres científicas que trabajan en Tarapacá que, pese a todos los problemas que han debido enfrentar a lo largo de su formación, hoy desarrollan sus proyectos en los principales centros de educación superior de la región.
Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), publicado en la revista científica Plant Diversity, develó el origen evolutivo de esta planta y su estrategia reproductiva de imitar las flores de otra especie, atrayendo polinizadores más eficientes. El cactus endémico, en peligro crítico de extinción según criterios de la UICN, se enfrenta a grandes amenazas como la destrucción del hábitat por cambio en el uso del suelo como lo que ocurre con la expansión inmobiliaria. Por esta razón, investigadores promueven la urgente conservación de esta especie y los procesos que ocurren en este ecosistema litoral.
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