Nuestro Museo Regional se inserta en el periodo histórico de expansión fiscal basada en la riqueza salitrera a nivel nacional. En enero de 1902 y aprovechando el espacio disponible por el traslado de la Corte de Apelaciones a Tacna, el intendente Enrique Fischer Rubio trasladó sus oficinas al edificio, transformándolo así en la sede del poder ejecutivo en la provincia. Su tamaño monumental, para el Iquique de ese entonces, también reforzaba visualmente el poder y la soberanía del Estado en el territorio.
Memoria 23/04/2020 Damián Lo (*)
En el siglo XIX la ciudad de Iquique pasó de ser una pequeña aldea pesquera a convertirse en uno de los puertos más importantes de Sudamérica. La producción y exportación de salitre fueron la base de una continua expansión urbana en torno a las faenas portuarias, el comercio y la industria pesada y ligera. La creciente importancia del puerto y del salitre de Tarapacá determinó que su control fuese uno de los objetivos fundamentales del Estado chileno al momento de iniciarse la Guerra del Pacífico (1879-1884).
A causa del resultado del conflicto, el territorio tarapaqueño fue incorporado a la soberanía chilena. El salitre se convirtió en la principal fuente de ingresos al erario fiscal, siendo Iquique el principal puerto exportador. Un nuevo conflicto, esta vez interno, se desató entre el presidente Balmaceda y el congreso debido a políticas opuestas respecto de la economía nacional y del modelo de Estado a implementar. La ciudad una vez más se transformó en objetivo estratégico para los bandos en disputa en la Guerra Civil de 1891.
A partir de 1880, la bonanza salitrera permitió al Estado chileno construir importantes obras y expandir la administración pública en función de una sociedad de creciente complejidad. Las autoridades de la provincia plantearon en reiteradas ocasiones la necesidad de nuevas infraestructuras para la administración pública dada la importancia de la provincia salitrera.
Particularmente complejo era el caso del edificio de la Ex Aduana. Construido por la administración peruana, el edificio estaba sobrecargado de reparticiones públicas, generando una serie de incomodidades cotidianas a la burocracia fiscal encabezada por el intendente y entorpeciendo, además, la vital recaudación tributaria. Tras la Guerra Civil, en mayo de 1892, el nuevo gobierno y sus autoridades regionales iniciaron la construcción de un nuevo edificio denominado Palacio de los Tribunales destinado a albergar reparticiones que antes se aglomeraban en la Aduana.
MUSEO REGIONAL
En esos años era intendente el destacado escritor y abogado Francisco Antonio Encina y presidente el almirante Jorge Montt. El encargado del diseño del edificio fue el arquitecto Carlos Donoso Grillé, alto funcionario de la Dirección de Obras Públicas. Este personaje fue uno de los pioneros de la arquitectura como profesión diferenciada de la ingeniería en Chile, publicando una serie de trabajos al respecto en revistas académicas de la época. Fue responsable de numerosas obras públicas como el complejo del Instituto Superior de Higiene Pública.
Nuestro Museo Regional se inserta en ese periodo histórico de expansión fiscal basada en la riqueza salitrera a nivel nacional. En enero de 1902 y aprovechando el espacio disponible por el traslado de la Corte de Apelaciones a Tacna, el intendente Enrique Fischer Rubio trasladó sus oficinas al edificio, transformándolo así en la sede del poder ejecutivo en la provincia. Su tamaño monumental, para el Iquique de ese entonces, también reforzaba visualmente el poder y la soberanía del Estado en el territorio.
Hacia 1904 se cuentan las siguientes reparticiones públicas en el Palacio de los Tribunales: Planta baja: dos juzgados de letras, dos notarías públicas y la oficina de la primera circunscripción del Registro Civil, correspondiente a la ciudad de Iquique. En el segundo piso, la Intendencia, la Visitación de Escuelas y la secretaría y tesorería de la Junta de Beneficencia. Todas y cada una de estas reparticiones fueron de vital importancia en un periodo definido por la construcción de Estado en un territorio largo tiempo administrado por Perú.
Los juzgados representan el reciente imperio de la legislación chilena tras un complejo proceso de implementación de esta durante los años de la ocupación militar del territorio durante la Guerra del Pacífico. El Registro Civil representa la consolidación de la separación administrativa de Iglesia y Estado durante la década de 1880. Proveía al Gobierno Central de datos exactos respecto de la población del territorio.
Las notarías regularizaban y conservaban la importante documentación de la propiedad industrial y minera en la provincia. La Visitación de Escuelas era el organismo mediante el cual el Estado fiscalizaba el funcionamiento de la educación en la provincia, fundamental para la chilenización de los habitantes y la temprana formación de las clases trabajadoras. Por último, la Junta de Beneficencia era una entidad mixta, privada y pública, que administraba hospitales, dispensarios y cementerios en tiempos caracterizados por la “cuestión social”, las epidemias y las duras condiciones de vida de la población.
Los intendentes que trabajaron en el Palacio de los Tribunales fueron destacados personajes de la oligarquía nacional, considerando la gran relevancia de la provincia. Enrique Fischer Rubio (1862-1914), empresario, ex alcalde de Valparaíso y posterior dirigente del Trust del Salitre. En su mandato, 1900-1902, se trasladó la intendencia al Palacio de los Tribunales. Le sucedió Agustín Gana Urzúa (1850-1917). Su mandato, 1903-1906, se caracterizó por las emergencias sanitarias como fueron la epidemia de peste bubónica y el recrudecimiento de la viruela. Finalmente, el tristemente célebre Carlos Eastman Quiroga (1847-1917). Empresario y político, fue uno de los responsables de la masacre de la Escuela Domingo Santa María el 21 de diciembre de 1907. Este suceso sitúa a nuestro edificio en el ciclo de huelgas obreras que remeció la Republica Parlamentaria a principios del siglo XX.
El Estado adquirió el palacio del fallecido salitrero español Higinio Astoreca en 1908, destinándolo para uso de la intendencia, separando físicamente los poderes del Estado. En 1937 fue demolida la antigua cárcel construida por las primeras autoridades chilenas en 1882. Se ubicaba en Plaza Brasil y los reos debían trasladarse entre los juzgados y la cárcel atravesando la aristocrática calle de Baquedano. Una nueva cárcel fue construida en calle Aníbal Pinto y calle Wilson, comunicándose internamente con el edificio para someter a proceso a los detenidos. En 1982, con la creación de las Corporaciones Municipales durante la Dictadura Militar, Bienes Nacionales traspasó en comodato el edificio a la Municipalidad de Iquique para dependencias de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique. En la actualidad, nuestro Gobierno Comunal ha emprendido una serie de inversiones para reparar su centenaria infraestructura y dotarlo de un equipo de profesionales capacitados para su vasta labor.
(*) Historiador, Departamento de Historia del Museo Regional de Iquique- CORMUDESI.
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