Fotos: Octavio López 

Nadie quedó indiferente: ni los que miraban incrédulos la operación de expulsión, ni quienes aplaudían la medida que el Gobierno implementaba para enfrentar la crisis migratoria que venía afectando a la región desde mediados del año pasado. La expulsión de 138 migrantes, la mayoría venezolanos que habían llegado en las últimas semanas hasta Colchane, se transformó en el más grande de los operativos registrados hasta ahora, según informe de las autoridades. 

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reconoció que se trataba de gente que no había cometido delitos graves, pero “corresponde que sean expulsados, corresponde dar una potente señal que quienes quieren venir a Chile tienen que sacar la visa sincerando los motivos por los cuales quieren venir”, dijo. Las críticas no se hicieron esperar: “El ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito, así se establece en el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena, que indica que los solicitantes de refugio no serán sancionados por el ingreso de esta forma”, señaló en una declaración pública la directora del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta.  

“El ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito y así lo establece el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena”.

Se trató de “expulsiones arbitrarias y masivas, que no cumplen con una revisión pormenorizada de caso a caso, de las circunstancias particulares de cada persona, realizadas además en un contexto de crisis humanitaria por la que atraviesan miles de venezolanos y venezolanas, así como también personas de otras nacionalidades, que se encuentran en búsqueda de oportunidades que les permitan acceder a mejores condiciones de sobrevida, siendo Chile uno de los principales países de destino”.

CINCO MILLONES

Según cifras de Naciones Unidas, hay más de cinco millones de personas de nacionalidad venezolana que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría asentada en países de América Latina y el Caribe, lo que ha desencadenado una de las principales crisis de desplazamiento del mundo. Más de 800 mil venezolanos y venezolanas son solicitantes de asilo y de éstos, más de 140 mil han sido reconocidos como refugiados.

En este contexto, la respuesta por parte de varios Estados de la región, como Ecuador, Perú y Chile, ha sido la militarización de las fronteras, así como la expulsión de personas que ingresen de forma clandestina o por pasos no habilitados. Felipe González, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, ha señalado que “es importante destacar que un problema de índole humanitario y social no puede ser abordado desde el enfoque militar y de seguridad, sino que, por el contrario, la perspectiva de los derechos humanos debiese ser primordial. Utilizar las Fuerzas Armadas para controlar situaciones migratorias no contribuye a solucionar el problema de la migración irregular, sino que acarrea consigo graves violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad humana, y en modo alguno soluciona el problema, sino que lo acrecienta”.

CAUCE REGULAR

Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, agrega: “La autoridad llama a utilizar cauces regulares para ingresar a Chile, sin embargo, estos casi no existen hoy para la población venezolana. Las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática (VRD) fueron rechazadas masivamente en los últimos meses y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%. Las expulsiones en 24 horas que se han anunciado, no se condicen con la voluntad declarada de apoyar a la población venezolana, ni cuentan con un fundamento legal de debido proceso y sentencia judicial previa, y así lo han sostenido los tribunales de justicia nacionales en innumerables ocasiones”. 

“Las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática fueron rechazadas masivamente en los últimos meses y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%”.

El Observatorio Ciudadano, junto a más de diez organizaciones defensoras de los derechos humanos de América Latina y el Caribe, señaló, a poco de producidas las expulsiones: “Dado el carácter regional y de crisis humanitaria del desplazamiento forzado de la diáspora venezolana, es lógico que el camino debiese ser el diálogo interinstitucional, multilateral y en concordancia con los acuerdos e instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, para avanzar en soluciones integrales y a largo plazo, debieran ser considerados los aportes de la academia y las organizaciones migrantes, pro migrantes y de la sociedad civil con trayectoria en esta temática, para que la movilidad humana sea abordada desde el prisma de la multidimensionalidad y los derechos humanos. No desde la securitización de las migraciones, ni desde la mediatización de las expulsiones o de la criminalización de quienes cruzan las fronteras en busca de una vida digna”.

SOBREVIVENCIA

En tanto, Waleska Ureta, señala en su declaración que “las personas que cruzan el continente, entre ellas niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores, ponen en riesgo su vida, porque no cuentan con otra opción de sobrevivencia, su lugar de origen ya no es un lugar donde puedan vivir. Ejemplos como el dado por el presidente de Colombia, Iván Duque, que lejos de expulsar a las personas venezolanas les otorga un Estatuto de Protección Temporal, debe llevarnos a dimensionar la gravedad de esta crisis y sobre todo la manera en que ella debe ser enfrentada”.

Finalmente, El Observatorio Ciudadano espera “que la audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia del COVID-19 en América del Sur, que se llevará a cabo durante el desarrollo del 179° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo próximo, sirva para denunciar todas estas nuevas situaciones graves e irregulares, que vulneran las obligaciones internacionales que los Estados tienen en materia de movilidad humana. Del mismo modo, que se atiendan los múltiples llamados que se han hecho desde los sistemas de protección de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, para abordar los desafíos de la región en torno a los actuales flujos migratorios, impactados con la pandemia y que equívocamente los Estados han respondido por la vía militar, en vez de entregar respuestas desde la perspectiva humanitaria y de los derechos humanos”.