Una crisis soterrada quedó en evidencia de manera dramática con la expulsión de un centenar de migrantes a principios de febrero. Las múltiples aristas de este drama apenas asoman entre las consignas, las urgencias y los miedos. Se trata, ante todo, de una crisis humanitaria y entenderla en su real dimensión es a lo que llaman todos los organismos especializados.
Actualidad21/04/2021 Andrea Suárez
Fotos: Octavio López
Nadie quedó indiferente: ni los que miraban incrédulos la operación de expulsión, ni quienes aplaudían la medida que el Gobierno implementaba para enfrentar la crisis migratoria que venía afectando a la región desde mediados del año pasado. La expulsión de 138 migrantes, la mayoría venezolanos que habían llegado en las últimas semanas hasta Colchane, se transformó en el más grande de los operativos registrados hasta ahora, según informe de las autoridades.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reconoció que se trataba de gente que no había cometido delitos graves, pero “corresponde que sean expulsados, corresponde dar una potente señal que quienes quieren venir a Chile tienen que sacar la visa sincerando los motivos por los cuales quieren venir”, dijo. Las críticas no se hicieron esperar: “El ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito, así se establece en el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena, que indica que los solicitantes de refugio no serán sancionados por el ingreso de esta forma”, señaló en una declaración pública la directora del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta.
“El ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito y así lo establece el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena”.
Se trató de “expulsiones arbitrarias y masivas, que no cumplen con una revisión pormenorizada de caso a caso, de las circunstancias particulares de cada persona, realizadas además en un contexto de crisis humanitaria por la que atraviesan miles de venezolanos y venezolanas, así como también personas de otras nacionalidades, que se encuentran en búsqueda de oportunidades que les permitan acceder a mejores condiciones de sobrevida, siendo Chile uno de los principales países de destino”.
CINCO MILLONES
Según cifras de Naciones Unidas, hay más de cinco millones de personas de nacionalidad venezolana que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría asentada en países de América Latina y el Caribe, lo que ha desencadenado una de las principales crisis de desplazamiento del mundo. Más de 800 mil venezolanos y venezolanas son solicitantes de asilo y de éstos, más de 140 mil han sido reconocidos como refugiados.
En este contexto, la respuesta por parte de varios Estados de la región, como Ecuador, Perú y Chile, ha sido la militarización de las fronteras, así como la expulsión de personas que ingresen de forma clandestina o por pasos no habilitados. Felipe González, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, ha señalado que “es importante destacar que un problema de índole humanitario y social no puede ser abordado desde el enfoque militar y de seguridad, sino que, por el contrario, la perspectiva de los derechos humanos debiese ser primordial. Utilizar las Fuerzas Armadas para controlar situaciones migratorias no contribuye a solucionar el problema de la migración irregular, sino que acarrea consigo graves violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad humana, y en modo alguno soluciona el problema, sino que lo acrecienta”.
CAUCE REGULAR
Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, agrega: “La autoridad llama a utilizar cauces regulares para ingresar a Chile, sin embargo, estos casi no existen hoy para la población venezolana. Las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática (VRD) fueron rechazadas masivamente en los últimos meses y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%. Las expulsiones en 24 horas que se han anunciado, no se condicen con la voluntad declarada de apoyar a la población venezolana, ni cuentan con un fundamento legal de debido proceso y sentencia judicial previa, y así lo han sostenido los tribunales de justicia nacionales en innumerables ocasiones”.
“Las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática fueron rechazadas masivamente en los últimos meses y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%”.
El Observatorio Ciudadano, junto a más de diez organizaciones defensoras de los derechos humanos de América Latina y el Caribe, señaló, a poco de producidas las expulsiones: “Dado el carácter regional y de crisis humanitaria del desplazamiento forzado de la diáspora venezolana, es lógico que el camino debiese ser el diálogo interinstitucional, multilateral y en concordancia con los acuerdos e instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, para avanzar en soluciones integrales y a largo plazo, debieran ser considerados los aportes de la academia y las organizaciones migrantes, pro migrantes y de la sociedad civil con trayectoria en esta temática, para que la movilidad humana sea abordada desde el prisma de la multidimensionalidad y los derechos humanos. No desde la securitización de las migraciones, ni desde la mediatización de las expulsiones o de la criminalización de quienes cruzan las fronteras en busca de una vida digna”.
SOBREVIVENCIA
En tanto, Waleska Ureta, señala en su declaración que “las personas que cruzan el continente, entre ellas niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores, ponen en riesgo su vida, porque no cuentan con otra opción de sobrevivencia, su lugar de origen ya no es un lugar donde puedan vivir. Ejemplos como el dado por el presidente de Colombia, Iván Duque, que lejos de expulsar a las personas venezolanas les otorga un Estatuto de Protección Temporal, debe llevarnos a dimensionar la gravedad de esta crisis y sobre todo la manera en que ella debe ser enfrentada”.
Finalmente, El Observatorio Ciudadano espera “que la audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia del COVID-19 en América del Sur, que se llevará a cabo durante el desarrollo del 179° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo próximo, sirva para denunciar todas estas nuevas situaciones graves e irregulares, que vulneran las obligaciones internacionales que los Estados tienen en materia de movilidad humana. Del mismo modo, que se atiendan los múltiples llamados que se han hecho desde los sistemas de protección de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, para abordar los desafíos de la región en torno a los actuales flujos migratorios, impactados con la pandemia y que equívocamente los Estados han respondido por la vía militar, en vez de entregar respuestas desde la perspectiva humanitaria y de los derechos humanos”.
El evento está programado para el 25 y 26 de mayo y es organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La actividad contó con la presencia de destacados deportistas de la región, quienes motivaron a las organizaciones sociales y la comunidad a inscribirse y participar.
En una significativa ceremonia en la localidad, en la que participaron vecinas y vecinos, además de autoridades regionales, se instaló una placa conmemorativa del importante nombramiento. Tras la declaratoria se deben realizar planes de manejo, los cuales se harán junto con la comunidad, la que ha luchado por proteger este ecosistema en el norte de Chile.
Además del Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, la misiva está firmada por sus pares Ricardo Díaz de Antofagasta y Jorge Díaz de Arica y Parinacota. El Gobernador de Antofagasta explicó que existe una iniciativa del Gobierno Central que se llama Trenes Para Chile, pero indicó que, lamentablemente, sólo se ha evidenciado la máxima de Trenes para el Sur de Chile.
Un nuevo estudio dio cuenta de la eventual capacidad de este bivalvo para alimentarse, crecer y reproducirse en el continente blanco ante el posible aumento de temperaturas ocasionado por la crisis climática.
Gracias a una alianza entre el Ministerio del Deporte y la Conaf, que permitió el ingreso gratuito a todos los parques nacionales del país durante el pasado fin de semana, cerca de 60 personas hicieron trekking en este sitio que postula a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad.
El hambre y la inseguridad alimentaria a nivel global están aumentando. Sin embargo, aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos se pierden o se desperdician. Todos tenemos un papel que desempeñar en la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. El pasado 30 de marzo se conmemoró el Día Mundial Cero Desechos.
A través de la iniciativa impulsada por SQM Nitratos Yodo, fue reconocido el rol que cumplen más de 40 mujeres en localidades aisladas y centros urbanos de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
Con la presencia de las máximas autoridades provinciales se realizó el lanzamiento del Programa que se instala de forma permanente en la Corporación de Desarrollo Indígena y contempla ciclos de trabajo con comunidades indígenas organizadas en grupos territoriales por cuatro años.
Unidad y agenda común entre las ciudades puerto de Chile. Esa fue la principal conclusión de la reunión que sostuvieron en Iquique representantes de las Asociaciones de Puertos Públicos y Concesionados. El “Acuerdo por Valparaíso” abre un nuevo horizonte de trabajo para el país portuario.
Una singular manifestación realizó un grupo de pescadores artesanales y también quienes practican la pesca de orilla el pasado domingo 24 de marzo, con el objetivo de presionar a las autoridades políticas para que introduzcan modificaciones a la actual Ley de Pesca. La idea es impedir que las naves semi industriales sigan extrayendo recursos de la primera milla marina, los que luego son derivados a la industria pesquera, burlando (con un resquicio legal) el espíritu de la ley.
Hoy en Sudamérica son solo tres los estados independientes que no tienen consagrado el Derecho a la Vivienda en sus constituciones: Surinam, Perú y Chile. Y son cada vez más estados en el mundo los que avanzan a definir dentro de sus cartas fundamentales derechos como el de la vivienda, u otros, definidos dentro de los que se conocen como derechos de segunda generación.
La invasión rusa fruto del fanatismo de Putin ha provocado un presente atroz en Europa y un futuro incierto a escala global. Desde el corazón del conflicto, la autora analiza la situación a partir de su profundo conocimiento de la región y con testimonios de primera mano.
Estos eventos en el océano Austral tienen directa relación con el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar a nivel global. En febrero de 2020, la temperatura en la bahía Fildes llegó a los 2,97°C.
La tragedia que supone la destrucción de la Parroquia de San Antonio de Padua debe ser un recordatorio urgente de la fragilidad del patrimonio y de la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Esta pérdida no debe quedar en vano. 03-05
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