En este contexto es atingente preguntarse qué está aconteciendo con la competitividad de Tarapacá. Si tomamos el Índice de Competitividad de las Ciudades 2016 de la Universidad Andrés Bello, que mide los atributos para generar empleos productivos, salarios crecientes e innovar, Iquique más Alto Hospicio se ubican en el lugar 20 entre las 27 ciudades consideradas, es decir, en el último tercio. Si consideramos el Índice de Calidad de Vida Urbano 2018 de la Pontificia Universidad Católica con la Cámara Chilena de la Construcción, que mide las condiciones de vida y de la interacción del Estado, el mercado y la sociedad civil, veremos que en materia de educación y pobreza, salud, y vivienda y seguridad, Iquique más Alto Hospicio se ubican en el último lugar entre las 10 ciudades metropolitanas del país (gran Santiago, Coquimbo-Serena,…).
¿Cuáles serían entonces los factores que explican que Tarapacá -que teniendo el tercer ingreso por persona más alto del país- aparezca con una competitividad tan desmejorada?
Para buscar una posible respuesta, vale la pena analizar el desempeño de sus instituciones públicas, comparándolas con el que logran sus similares, por ejemplo, en Arica y Parinacota, región que tiene un ingreso por persona que está muy por debajo del 50% del que goza Tarapacá. Si observamos en el Índice de Calidad de Vida Urbano 2018 los ítems relacionados con condiciones socio-culturales (centradas en educación y participación social) y en salud y medioambiente, se descubre que Iquique está en el lugar 86 en educación y 89 en salud de 93 ciudades consideradas, mientras que Arica y Parinacota está en el 62 y 60 respectivamente. Y si miramos el censo 2017 en materia de vivienda veremos que las familias de Tarapacá padecen el mayor nivel de hacinamiento del país (12,5%), y que si el 2011 existían 26 asentamientos con 1826 personas, en la actualidad hay 31 campamentos con 3164 personas, según cifras del Hogar de Cristo.
Frente a esta realidad sólo cabe una explicación razonable: ni el gobierno regional, ni los gobiernos municipales, ni las instituciones públicas de la región cuentan con la capacidad de gestión pública adecuada. Ello que es en sí mismo grave porque aumenta la pobreza e impide a la población gozar de los bienes públicos necesarios, lo es aún mucho más si consideramos que cada año llegan a la región cerca de 6.000 personas buscando nuevas oportunidades. Por tanto, lo realmente importante sería que, entre el gobierno de la región y sus universidades, diseñaran una estrategia formativa para mejorar la capacidad de gestión de sus profesionales y administrativos.
(*) Economista y Ph.D. de University of California, Berkeley.
