Ante los hechos suscitados en las últimas semanas en nuestra ciudad y que dan cuenta del drama de los inmigrantes venezolanos, principalmente, han sido muchos los profesionales y organizaciones que han ideado distintas formas de ayuda para paliar, en parte, el problema. La siguiente es una propuesta que nace desde la arquitectura y que toma como ejemplo algunas experiencias realizadas en países que también han debido sortear esta oleada migratoria que recorre a Latinoamérica.
Innovación y Desarrollo 16/11/2021 Javiera Salinas Solari
La situación migratoria de América Latina en los últimos años se ha visto incrementada en gran parte por la crisis que se encuentra actualmente viviendo Venezuela, seguida por la pandemia Covid-19 que nos afecta a nivel mundial. En días recientes, algunos episodios dramáticos que ocurrieron en nuestra ciudad, volvieron a poner el tema en el tapete. Más allá de los exabruptos y de la opinión que cada uno puede tener respecto de ello, hay preguntas que siguen siendo legítimas y que no pierden actualidad: Si migrar es un derecho humano, ¿Cómo estamos acogiendo a nuestros migrantes? ¿Cómo están acogiendo los países vecinos a sus migrantes o refugiados?
Muchos países en Latinoamérica han hecho esfuerzos en tratar el tema de la migración desde una perspectiva económica, social y cultural, para darle respuesta integral. Un componente importante para atender las necesidades de migrantes provenientes principalmente de Venezuela y refugiados que se encuentran aún en tránsito o esperan acceder a una residencia permanente en sus países de destino, son los asentamientos temporales colectivos. Estos recintos deben ser parte de una respuesta inmediata, para una estancia corta que permita asistir a las personas que ingresan a los países de tránsito o destino, desde albergues, ayuda sanitaria, asistencia legal y social.
“Muchos países en Latinoamérica han hecho esfuerzos en tratar el tema de la migración desde una perspectiva económica, social y cultural, para darle respuesta integral”.
OPERACIÓN ACOGIDA
Brasil, a inicios del 2018, inicia un programa con el fin de proteger y ofrecer ayuda humanitaria a migrantes venezolanos que ingresan a ese país, principalmente por la frontera de Roraima. Esto es coordinado por el gobierno federal brasileño y tiene el apoyo de la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como también de la ONU y más de 100 entidades de la sociedad civil. La operación ya cuenta con 50 mil refugiados e inmigrantes reubicados en distintos municipios y localidades brasileñas.
En este caso y como una primera ayuda, los centros de acogida e integración construidos y gestionados por esta operación ofrecen alojamiento temporal y servicios de apoyo de integración social.
Esta operación se organiza en torno a tres ejes: el primero denominado “Ordenamiento de la frontera”, que consiste en la entrega de ayuda en aspectos legales de documentación, vacunación y control por parte del Ejército brasileño.
El segundo eje, denominado “Acogida”, considera la administración y entrega de alojamiento, alimentación y atención de salud; y finalmente el tercero, “Interiorización”, se preocupa de asistir en el desplazamiento voluntario de migrantes y refugiados venezolanos desde Roraima a otras ciudades, con el objetivo de gestionar una inclusión socioeconómica y laboral de las personas.
Los refugios emplazados en Roraima son mayoritariamente entregados por la ACNUR, levantados principalmente por unidades habitacionales conocidas como “Better Shelter”.
Al llegar a Roraima y tras los trámites de frontera, los migrantes y refugiados son destinados a uno de los 13 campamentos construidos para este fin. Estos asentamientos están divididos en tres tipos: para solteros, para familias o para indígenas, lo que no excluye que dentro de un mismo campamento existan algunas de estas tres clasificaciones. Su gestión es compartida entre el Ministerio de la Ciudadanía, las Fuerzas Armadas y ACNUR. El primero y el último se encuentran a cargo de la coordinación del alojamiento y asistencia en general y las Fuerzas Armadas velan por la logística y salud.
Parte de la ayuda que entrega esta operación incluye el suministro de pañales para niños, la entrega de kits de higiene personal y limpieza de manera diaria, además de proveerles tres comidas al día. Al interior de estos campamentos, además de la limpieza diaria, se realizan actividades culturales, recreativas y lúdicas, clases de portugués y actividades para niños. Junto con esto proveen de suministros para la realización de artesanía indígena Warao y entregan acceso a llamadas telefónicas hacia Venezuela.
Los refugios emplazados en Roraima son mayoritariamente entregados por la ACNUR, levantados principalmente por unidades habitacionales conocidas como “Better Shelter”, diseñadas en conjunto con la fundación de la empresa sueca de mobiliario IKEA. Su estructura es de acero galvanizado y su revestimiento de paneles de polímero ligero que puede ser ensamblado entre 4 personas en unas 5 a 6 horas, tiene una capacidad para albergar a 7 personas aproximadamente y sus dimensiones son de 5,68m x 3,32m con una altura de 2,83m, cubriendo un área de 17.5m2. Su valor por unidad es de $1.150 USD.
CAREMI, PERÚ
El año 2020 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) identificó 21 albergues temporales para migrantes o refugiados en Lima, 14 de ellos están administrados por congregaciones religiosas, a diferencia de dos que son de gestión particular. En el norte de Lima está ubicada la Casa Esperanza, albergue de acogida para migrantes y refugiados, creado y administrado por la Iglesia Metodista del Perú.
Esta casa, desde el año 2019 brinda abrigo y alimentación a migrantes afectados por la crisis en Venezuela. Han llegado a albergar hasta 40 personas, sin embargo, por la llegada del Covid tuvieron que cerrar sus puertas para nuevos ingresos. Han dado prioridad a mujeres con niños o embarazadas, incluso han asistido a dos mujeres en sus partos, en vista de que los hospitales en Lima solo atendían casos con Covid. Se han enfocado principalmente en entregar una residencia temporal digna, además de entregar asistencia de salud, judicial y de educación para niños. Con respecto a la modalidad de albergue, este es un edificio existente, que cuenta con dormitorios, baños y cocina, para dar cobijo a sus residentes, tiene reglas internas y horarios de ingresos y salidas.
En enero del presente año, y con motivo de la gran ola migratoria proveniente principalmente de Venezuela, la región de Tarapacá se vio enfrentada al ingreso por su frontera con Bolivia de más de 600 personas diarias, en tan solo un par de semanas. Junto con esto y según registros de la PDI, en enero de este año ingresaron a la Región 2.031 inmigrantes por fuera de las vías legales.
Parte de estas personas fueron trasladadas por militares o por gestión del gobierno chileno hacia Iquique, debido al protocolo sanitario vigente y que obliga a toda persona que ingrese al país a realizar una cuarentena obligatoria en una residencia sanitaria. Otros simplemente se movieron por sus propios medios, incluso a pie, hasta llegar a la capital regional. En Iquique se habilitaron residencias sanitarias en establecimientos educacionales, uno de los cuales fue el Colegio Unap, que por varios meses fue utilizado para estos fines albergando no solo a migrantes, sino que a todas las personas que lo requirieran.
Frente a este colegio se ubica la Plaza Brasil, una pequeña y antigua plaza de la ciudad que -hasta el sábado 25 de septiembre- albergaba a alrededor de veinte familias en carpas, sin las condiciones mínimas de higiene, seguridad y habitabilidad. Según información entregada por la Oficina de Migraciones de la Municipalidad de Iquique al 15 de junio del 2021, había 40 adultos y 9 niños habitando en la plaza. Tras el desalojo ocurrido ese día, las personas desplazadas de la plaza Brasil, y muchas otras que han estado habitando diversos espacios públicos de la ciudad, continúan en una situación de abandono por parte del estado, los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores siguen pernoctando en la calle, en condiciones de extrema vulnerabilidad.
PROPUESTAS LOCALES
A partir del caso Iquique se proponen dos alternativas, como complemento a las ya expuestas anteriormente sobre casos en Brasil y Perú, con el fin de encaminar a una solución que entregue dignidad a las personas que se encuentran viviendo en estas condiciones precarias. Para establecer algunas referencias mínimas de condiciones con las que deben contar estos recintos es que se rescata lo indicado por el “Protocolo para la atención en albergues destinados a personas migrantes”, elaborado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el apoyo del Fondo Canadiense en el año 2021.
Este protocolo establece que los principales aspectos a considerar en un albergue que dé cabida a personas migrantes son, entre otras, que toda persona, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria, puede acceder a un albergue. Deben organizarse en función a un comité general, con comisiones donde participen activamente las personas alojadas. Debe contener claras normas de convivencia que defina derechos y deberes de los alojados. Se debe registrar la información básica de los acogidos en cada albergue. Deben contar con asistencia social y legal. Se debe garantizar el acceso al agua potable, servicios higiénicos y sanitarios y materiales de protección e higiene. A las mujeres se les debe garantizar su seguridad y su intimidad, así como en la asignación de roles de cuidado. Garantizar la seguridad para niños, niñas u adolescentes, entre otras.
“A partir del caso Iquique se proponen dos alternativas con el fin de encaminar a una solución que entregue dignidad a las personas que se encuentran viviendo en estas condiciones precarias”.
Este lugar, hasta hace unos meses, fue utilizado como residencia sanitaria para personas infectadas por el Covid 19.
Propuesta 1: Rehabilitación
En pleno centro de Iquique se encuentra el edificio de propiedad del Comando de Bienestar de las Fuerzas Armadas inaugurado el año 2010 como Casino de Suboficiales “Centinelas del Norte” de la VI División del Ejército, destinado a alojar personal de esta institución, además de sus familias cuando lo requieran, con capacidad para más de 50 personas.
Su estado actual es de total abandono; ha sido desmantelado en poco tiempo. Sin embargo, hasta hace unos meses fue utilizado como residencia sanitaria para personas infectadas por el Covid 19. Se desconoce la razón de su estado, sin embargo, es impensado que, en estos tiempos de tanta necesidad de un alojamiento digno, este tipo de edificaciones no hayan sido destinadas a personas que lo requieren.
La propuesta considera realizar las gestiones con las instituciones pertinentes para volver a habilitarlo como residencia que pueda prestar servicios de alimentación y cuidado de forma temporal a migrantes y refugiados. Se estima que para poder recuperar este edificio se requiere una inversión de habilitación mediante fondos estatales, acogidos al decreto de Estado de Excepción que faculta a estos organismos a realizar acciones e inversiones en corto plazo y sin tanta burocracia.
Como se evidencia en la imagen, el edificio ya no cuenta con sus ventanas y su interior tan solo conserva su estructura. A pesar de su condición actual, este edificio cumple con las condiciones para ser un potencial albergue temporal, al contener los recintos mínimos para este destino: dormitorios, salas multiuso, baños y cocina, junto con estar emplazado en el centro de la ciudad y ser de propiedad fiscal.
La idea propone emplazar temporalmente algunos contenedores en un terreno baldío ubicado al sur de la ciudad, entre la Avenida La Tirana y Arturo Prat Chacón.
Propuesta 2: Construcción
Iquique es una ciudad puerto, por lo tanto, los contenedores son un elemento de uso constante para la mercancía que se traslada. Su vida útil como contenedor de carga es de 12 años, según regulaciones internacionales, por lo tanto, las unidades que quedan varadas en los puertos y bodegas podrían utilizarse para estos fines.
Existen variados ejemplos en el mundo, sin embargo, el modelo de residencia temporal para enfrentar el tsunami de Japón del 2011, propuesto por el arquitecto ganador del Pritzker 2014, Shigeru Ban, es posible tomarlo como referencia para una propuesta local, en un tiempo acotado y con los recursos disponibles en la zona. Estos pueden ser prestados de forma temporal, trasladados con la colaboración del ejército o municipalidad y habilitados con fondos del Gobierno.
La propuesta considera habilitar de forma muy básica contenedores que en su interior contengan área camarotes, y espacios de almacenaje. Para mejorar sus condiciones de habitabilidad es necesario forrarlos con un revestimiento que permita aislación principalmente térmica y unos puntos de luz y enchufes. En el sector de baños y duchas se contempla proyectarlos de forma independiente y por otro lado establecer un área de cocina, que se compartirá cada 4-5 familias. Se propone que un contenedor pueda albergar ocho personas, dividido en dos recintos independientes.
La propuesta plantea agrupar una cantidad de contenedores a partir de módulos que permitan a los habitantes realizar trabajos colaborativos entre quienes los utilicen.
Se plantea agrupar una cantidad de contenedores a partir de módulos que permitan a los habitantes realizar trabajos colaborativos entre quienes los utilicen, de forma que puedan organizarse y distribuir las labores domésticas y de cuidado. Cada uno considera cinco contenedores dormitorio, uno destinado a baños y duchas y otro a cocina. En el centro se genera un área común multiuso, que puede destinarse a comedores, áreas de reunión o juegos. Una de estas modulaciones permitiría albergar a unas 40 personas, mejorando considerablemente sus condiciones, en especial las sanitarias y de higiene.
La idea propone emplazar temporalmente estos contenedores en un terreno baldío ubicado al sur de la ciudad, entre la Avenida La Tirana y Arturo Prat Chacón. El sector es principalmente residencial y se encuentra accesible al transporte público y sectores de abastecimiento. Sus propietarios son la subsecretaría de Aviación del Estado de Chile y está dividido en dos lotes.
Como la propuesta es de fácil instalación y de organización modular, puede ser replicada, dependiendo de las condiciones del terreno, para armar un conjunto urbano mayor. Al ser una intervención modular puede emplazarse en cualquier terreno medianamente plano, para el caso actual tanto para Iquique, Alto Hospicio o Colchane, con un nivel de inversión relativamente bajo, siempre y cuando sea mediante un trabajo colaborativo de organizaciones sociales, gubernamentales y militares.
Bajo el lema “Agua para la paz” se conmemoró este año el Día Mundial del Agua. Las Naciones Unidas formularon un llamado a cooperar en materia de agua, lo que permite crear un efecto en cascada positivo, promoviendo la armonía, generando prosperidad y fomentando la resiliencia frente a los desafíos comunes. Debemos actuar sobre la base de que el agua no es solo un recurso que se aprovecha y por el que se compite: es un derecho humano, intrínseco a todos los aspectos de la vida.
A mediados de marzo fue publicado en el Diario Oficial el decreto que crea el Área Marina Costera Protegida “Mar de Pisagua”. De un incalculable valor científico, las costas de Pisagua albergan una gran diversidad de especies, entre las que destacan delfines, ballenas, lobos de mar, chungungos, pingüinos de Humboldt.
Los científicos utilizaron un robot submarino capaz de descender a profundidades de 4.500 metros, para recopilar datos de diez montes submarinos que se utilizarán para avanzar en los esfuerzos de protección marina de Chile. Los científicos descubrieron que cada monte submarino albergaba ecosistemas distintos, muchos de los cuales son vulnerables, incluidos prósperos arrecifes de coral de aguas profundas y jardines de esponjas.
En una significativa ceremonia en la localidad, en la que participaron vecinas y vecinos, además de autoridades regionales, se instaló una placa conmemorativa del importante nombramiento. Tras la declaratoria se deben realizar planes de manejo, los cuales se harán junto con la comunidad, la que ha luchado por proteger este ecosistema en el norte de Chile.
La burocracia puede ser un desafío significativo en la gestión cultural en muchos países, incluido Chile. La complejidad de los procesos administrativos puede dificultar la ejecución de proyectos culturales y puede afectar la eficiencia y la efectividad de las iniciativas destinadas a promover y preservar las artes y la cultura.