Propuesta y compromiso por un nuevo modelo de desarrollo pesquero al 2022

La acumulación de demandas y movilizaciones históricas por enfrentar el estado subsidiario, la precarización y la mercantilización de la vida se expresa en la apertura del proceso constituyente como un nuevo ciclo de luchas sociales en nuestro país. Una de las batallas más relevantes es la anulación de la Ley de Pesca, también llamada Ley Longueira. La privatización de los recursos pesqueros entregados a 7 familias del país convirtió a nuestro mar en un nuevo nicho de negocio que prefiere ignorar los ciclos ecológicos y las necesidades sociales y culturales de la sociedad chilena. 

Algunas de sus expresiones son el eventual colapso de ecosistemas marinos, pérdida de biodiversidad marina, la desterritorialización de maritorios y artes de pesca, impactos en la cultura culinaria y dietas con arraigo sociocultural basados en productos del mar, la prioridad de producción de harina de pescado por sobre la producción para asegurar la soberanía alimentaria de la población, así como la vulneración de derechos laborales de los pescadores artesanales y trabajadores industriales y la incorporación de bienes naturales marinos como nuevas transacciones para responder a la demanda del mercado asiático y del norte global.

Ante esta situación, un numeroso grupo de dirigentes gremiales, profesionales, científicos e instituciones vinculadas con el tema, presentaron un manifiesto donde se comprometen a levantar la bandera de lucha del “Modelo de Desarrollo Pesquero en la Nueva Constitución, con el objetivo de recuperar y proteger nuestro mar”, proponiendo la siguiente agenda constituyente: El Estado como asignador de derechos de propiedad y creación de la institucionalidad que vele por la conservación de la biodiversidad marina y gestión de la pesca y acuicultura. También incorporan la soberanía alimentaria para que “nuestras hijas e hijos puedan conocer y disfrutar de productos del mar, la cultura culinaria y gastronomía propia”. Y también abogan por los “derechos laborales y la seguridad social para las y los pescadores artesanales y trabajadores de la pesca industrial”.

En el documento se propone fomentar “cadenas de valor a nivel nacional con intereses públicos y de seguridad nacional. Planificación y gestión del mar, así como del borde y zona de borde costero con criterios científicos que reconozcan las problemáticas del Cambio Climático”. También se menciona las “perforaciones” de pesca industrial y sobre explotación de los bienes naturales, así como la conservación de Áreas Marinas Protegidas interconectadas. Se habla del “resguardo de maritorios y artes de pesca asociados a culturas locales y regionales con arraigo territorial, y pueblos indígenas, así como la protección de áreas de naturaleza del borde y zonas costera, que amortiguan impactos del desarrollo portuario y pesquero, tales como humedales costeros, campos dunares, entre otros”.

NUTRICIÓN

La nutrición de las familias a corto y mediano plazo se ha transformado en un asunto crítico, dice el documento. “Chile es un país donde la mal nutrición deriva en mala salud de la población; de allí que las consecuencias por contagio de coronavirus tendrían un pésimo pronóstico de prevalencia y recuperación. Los indicadores anotan: mal nutrición grave de un tercio de la población infantil, dos millones de diabéticos y dos de cada tres chilenos con sobrepeso por mal nutrición, en los que destaca la población adulta”.

Por esta razón, agregan en el manifiesto, “las políticas de protección de calidad nutricional de la alimentación diaria en un escenario de pandemia por largo tiempo, cesantía creciente y bajos ingresos familiares se vuelve estratégico para el país y de lo que debe hacerse cargo con extrema urgencia la clase política y los movimientos sociales”. Además, se debe tener en consideración que “los ricos de Chile ganan como en Alemania, y los pobres como en Mongolia”, según Branko Milanovic, del Banco Mundial.

Países como Escocia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, agregan, con muchos menos stock pesquero que Chile tienen leyes que han decidido que la captura se destine a su industria para el consumo de las personas y solo los subproductos (cabezas, vísceras, restos de piel, etc) de esa industria, terminen en harina y aceite para alimentación animal. Esto es, señalan, “justo lo contrario de lo legislado por el Congreso para Chile, con la Ley Longueira”.

Juan Montenegro, dirigente de la Pesca Industrial de la Región del Bio Bio, señala en una entrevista reciente: “Lo que nosotros hemos venido planteando, desde hace un tiempo hasta ahora, es que no los destinemos en su totalidad para hacer harina de pescado, nos parece una maldad. O sea, siendo más precisos, el 75% de los pequeños pelágicos se hace toda harina de pescado, y el 50% del jurel se hace harina de pescado. Y la verdad de las cosas que lo que se destina del jurel para enlatar en conserva, es solo un 20%”.

La propuesta señala que las primeras cinco millas queden en exclusiva para la pesca destinada a la alimentación de las personas.

PROPUESTAS 

Entre las propuestas “para un país sin hambre con recursos de origen pesquero”, se plantea la “anulación de la Ley Longueira y dictación de una nueva Ley de Pesca que haga suyo la soberanía  alimentaria como eje central de la misma”, y se establezca “el derecho de los pueblos a consumir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”, con los recursos pesqueros que son de todo del país.

En el segundo punto se aboga por la “restitución de la propiedad de los peces para todos los chilenos por la vía de una Nueva Ley de Pesca, atendiendo que la anterior fue expropiada a los chilenos por Angelini-Corpesca y las siete familias vía el soborno de senadores y diputados”.

PRIORIDAD

Otra de las propuestas plantea “darle extrema urgencia” a que en la Ley de Pesca quede establecida la prioridad de que las primeras cinco millas sean exclusivamente “para la pesca destinada a la alimentación de las personas, lo que redundará en que quede a mejor resguardo la zona de reproducción de los ecosistemas marinos. Además, se agregue a la Ley de Pesca la prohibición de la pesca de arrastre de la Merluza común y de artes de pesca selectiva como se hizo con la Jibia”.

También se aboga para que se legisle “para que a lo menos el 50% de la merluza quede para la venta en el mercado interno, ya que este es un recurso pesquero del gusto preferente de todos los hogares de nuestro país. Unido a lo anterior se fije una cuota de 300 mil toneladas anuales para consumo humano entre anchoveta y sardinas (común y austral), replicando la política de Perú, ya que ello favorecerá preferentemente a la población infantil del SENAME y la JUNAEB.

Se plantea prohibir por ley que los Subsecretarios de Pesca puedan autorizar por resoluciones exentas destinar a harina de pescado especies distintas a las contempladas en la ley.

En el punto cuatro del manifiesto se propone “prohibir por ley que los Subsecretarios de Pesca puedan autorizar por resoluciones exentas destinar a harina de pescado especies distintas a las contempladas en la ley. Esta modificación urgente posibilitará colocar a resguardo las pesquerías (que forman) parte de los 96 ecosistemas marinos y costeros del país reconocidos hasta ahora, de la devastación criminal que protagoniza Subpesca a favor de las empresas pesqueras de las siete Familias. Esta no es una materia técnica sino de Soberanía Alimentaria, por lo tanto, debe estar radicada en el Congreso”. 

Se propone también un “acuerdo legislativo para que solo puedan ser destinados a harina de pescado un máximo de un 50% de las cuotas anuales de anchovetas y sardinas y un 5% máximo de fauna acompañante”. Y todas ellas se capturen fuera de las 5 millas. “Que ningún grupo empresarial pueda controlar más allá del 15% del procesamiento de una especie pesquera y ninguno pueda concentrar más allá del 10% de los desembarques país, de tal manera de multiplicar la competencia y el desarrollo de emprendimientos que incorporen mayor valor agregado a las proteínas y aceites marinos, como ocurre en Finlandia y otros países pesqueros”.

El punto seis del documento se propone un “acuerdo legislativo para dar forma a un Fondo Estatal de Fomento a la Inversión de actividades industriales, de comercialización y de extracción pesquera con foco en el consumo humano, que entre otras promueva: habilitar las embarcaciones artesanales y semiindustriales con bodegas que posibiliten la conservación de la pesca a bordo con calidad para consumo humano; programas de fomento de cooperativas orientadas por los principios de economía solidaria para agregar valor a los productos pesqueros para el consumo humano en las comunidades costeras del país; nuevas líneas de fabricación y fabricas Pymes orientadas a la conservación en fresco, congelación y procesos biotecnológicos; Inversión Pública en Lonjas pesqueras  en las capitales de provincia y terminales pesqueros en muelles de desembarque y acopio en las principales caletas pesqueras; Apoyo de líneas de crédito al comercio de pescados en Ferias y de venta por internet, líneas de I+D+i de CORFO que apoyen y aceleren el anterior proceso de conversión industrial.