Cientos de organizaciones, dirigentes y científicos vinculados al sector pesquero de nuestro país, elaboraron una propuesta para desarrollar un nuevo modelo de desarrollo pesquero en la Nueva Constitución. El documento aborda un diagnóstico de la situación que se vive actualmente en el país y después propone una serie de medidas, algunas urgentes y otras de mediano plazo, hasta concluir con los planteamientos para la nueva Carta Magna.
Innovación y Desarrollo31/01/2021 Andrea Suárez
La acumulación de demandas y movilizaciones históricas por enfrentar el estado subsidiario, la precarización y la mercantilización de la vida se expresa en la apertura del proceso constituyente como un nuevo ciclo de luchas sociales en nuestro país. Una de las batallas más relevantes es la anulación de la Ley de Pesca, también llamada Ley Longueira. La privatización de los recursos pesqueros entregados a 7 familias del país convirtió a nuestro mar en un nuevo nicho de negocio que prefiere ignorar los ciclos ecológicos y las necesidades sociales y culturales de la sociedad chilena.
Algunas de sus expresiones son el eventual colapso de ecosistemas marinos, pérdida de biodiversidad marina, la desterritorialización de maritorios y artes de pesca, impactos en la cultura culinaria y dietas con arraigo sociocultural basados en productos del mar, la prioridad de producción de harina de pescado por sobre la producción para asegurar la soberanía alimentaria de la población, así como la vulneración de derechos laborales de los pescadores artesanales y trabajadores industriales y la incorporación de bienes naturales marinos como nuevas transacciones para responder a la demanda del mercado asiático y del norte global.
Ante esta situación, un numeroso grupo de dirigentes gremiales, profesionales, científicos e instituciones vinculadas con el tema, presentaron un manifiesto donde se comprometen a levantar la bandera de lucha del “Modelo de Desarrollo Pesquero en la Nueva Constitución, con el objetivo de recuperar y proteger nuestro mar”, proponiendo la siguiente agenda constituyente: El Estado como asignador de derechos de propiedad y creación de la institucionalidad que vele por la conservación de la biodiversidad marina y gestión de la pesca y acuicultura. También incorporan la soberanía alimentaria para que “nuestras hijas e hijos puedan conocer y disfrutar de productos del mar, la cultura culinaria y gastronomía propia”. Y también abogan por los “derechos laborales y la seguridad social para las y los pescadores artesanales y trabajadores de la pesca industrial”.
En el documento se propone fomentar “cadenas de valor a nivel nacional con intereses públicos y de seguridad nacional. Planificación y gestión del mar, así como del borde y zona de borde costero con criterios científicos que reconozcan las problemáticas del Cambio Climático”. También se menciona las “perforaciones” de pesca industrial y sobre explotación de los bienes naturales, así como la conservación de Áreas Marinas Protegidas interconectadas. Se habla del “resguardo de maritorios y artes de pesca asociados a culturas locales y regionales con arraigo territorial, y pueblos indígenas, así como la protección de áreas de naturaleza del borde y zonas costera, que amortiguan impactos del desarrollo portuario y pesquero, tales como humedales costeros, campos dunares, entre otros”.
NUTRICIÓN
La nutrición de las familias a corto y mediano plazo se ha transformado en un asunto crítico, dice el documento. “Chile es un país donde la mal nutrición deriva en mala salud de la población; de allí que las consecuencias por contagio de coronavirus tendrían un pésimo pronóstico de prevalencia y recuperación. Los indicadores anotan: mal nutrición grave de un tercio de la población infantil, dos millones de diabéticos y dos de cada tres chilenos con sobrepeso por mal nutrición, en los que destaca la población adulta”.
Por esta razón, agregan en el manifiesto, “las políticas de protección de calidad nutricional de la alimentación diaria en un escenario de pandemia por largo tiempo, cesantía creciente y bajos ingresos familiares se vuelve estratégico para el país y de lo que debe hacerse cargo con extrema urgencia la clase política y los movimientos sociales”. Además, se debe tener en consideración que “los ricos de Chile ganan como en Alemania, y los pobres como en Mongolia”, según Branko Milanovic, del Banco Mundial.
Países como Escocia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, agregan, con muchos menos stock pesquero que Chile tienen leyes que han decidido que la captura se destine a su industria para el consumo de las personas y solo los subproductos (cabezas, vísceras, restos de piel, etc) de esa industria, terminen en harina y aceite para alimentación animal. Esto es, señalan, “justo lo contrario de lo legislado por el Congreso para Chile, con la Ley Longueira”.
Juan Montenegro, dirigente de la Pesca Industrial de la Región del Bio Bio, señala en una entrevista reciente: “Lo que nosotros hemos venido planteando, desde hace un tiempo hasta ahora, es que no los destinemos en su totalidad para hacer harina de pescado, nos parece una maldad. O sea, siendo más precisos, el 75% de los pequeños pelágicos se hace toda harina de pescado, y el 50% del jurel se hace harina de pescado. Y la verdad de las cosas que lo que se destina del jurel para enlatar en conserva, es solo un 20%”.
La propuesta señala que las primeras cinco millas queden en exclusiva para la pesca destinada a la alimentación de las personas.
PROPUESTAS
Entre las propuestas “para un país sin hambre con recursos de origen pesquero”, se plantea la “anulación de la Ley Longueira y dictación de una nueva Ley de Pesca que haga suyo la soberanía alimentaria como eje central de la misma”, y se establezca “el derecho de los pueblos a consumir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”, con los recursos pesqueros que son de todo del país.
En el segundo punto se aboga por la “restitución de la propiedad de los peces para todos los chilenos por la vía de una Nueva Ley de Pesca, atendiendo que la anterior fue expropiada a los chilenos por Angelini-Corpesca y las siete familias vía el soborno de senadores y diputados”.
PRIORIDAD
Otra de las propuestas plantea “darle extrema urgencia” a que en la Ley de Pesca quede establecida la prioridad de que las primeras cinco millas sean exclusivamente “para la pesca destinada a la alimentación de las personas, lo que redundará en que quede a mejor resguardo la zona de reproducción de los ecosistemas marinos. Además, se agregue a la Ley de Pesca la prohibición de la pesca de arrastre de la Merluza común y de artes de pesca selectiva como se hizo con la Jibia”.
También se aboga para que se legisle “para que a lo menos el 50% de la merluza quede para la venta en el mercado interno, ya que este es un recurso pesquero del gusto preferente de todos los hogares de nuestro país. Unido a lo anterior se fije una cuota de 300 mil toneladas anuales para consumo humano entre anchoveta y sardinas (común y austral), replicando la política de Perú, ya que ello favorecerá preferentemente a la población infantil del SENAME y la JUNAEB.
Se plantea prohibir por ley que los Subsecretarios de Pesca puedan autorizar por resoluciones exentas destinar a harina de pescado especies distintas a las contempladas en la ley.
En el punto cuatro del manifiesto se propone “prohibir por ley que los Subsecretarios de Pesca puedan autorizar por resoluciones exentas destinar a harina de pescado especies distintas a las contempladas en la ley. Esta modificación urgente posibilitará colocar a resguardo las pesquerías (que forman) parte de los 96 ecosistemas marinos y costeros del país reconocidos hasta ahora, de la devastación criminal que protagoniza Subpesca a favor de las empresas pesqueras de las siete Familias. Esta no es una materia técnica sino de Soberanía Alimentaria, por lo tanto, debe estar radicada en el Congreso”.
Se propone también un “acuerdo legislativo para que solo puedan ser destinados a harina de pescado un máximo de un 50% de las cuotas anuales de anchovetas y sardinas y un 5% máximo de fauna acompañante”. Y todas ellas se capturen fuera de las 5 millas. “Que ningún grupo empresarial pueda controlar más allá del 15% del procesamiento de una especie pesquera y ninguno pueda concentrar más allá del 10% de los desembarques país, de tal manera de multiplicar la competencia y el desarrollo de emprendimientos que incorporen mayor valor agregado a las proteínas y aceites marinos, como ocurre en Finlandia y otros países pesqueros”.
El punto seis del documento se propone un “acuerdo legislativo para dar forma a un Fondo Estatal de Fomento a la Inversión de actividades industriales, de comercialización y de extracción pesquera con foco en el consumo humano, que entre otras promueva: habilitar las embarcaciones artesanales y semiindustriales con bodegas que posibiliten la conservación de la pesca a bordo con calidad para consumo humano; programas de fomento de cooperativas orientadas por los principios de economía solidaria para agregar valor a los productos pesqueros para el consumo humano en las comunidades costeras del país; nuevas líneas de fabricación y fabricas Pymes orientadas a la conservación en fresco, congelación y procesos biotecnológicos; Inversión Pública en Lonjas pesqueras en las capitales de provincia y terminales pesqueros en muelles de desembarque y acopio en las principales caletas pesqueras; Apoyo de líneas de crédito al comercio de pescados en Ferias y de venta por internet, líneas de I+D+i de CORFO que apoyen y aceleren el anterior proceso de conversión industrial.
Las instalaciones forman parte de un proyecto científico tecnológico financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Arica y Parinacota liderado por la Universidad de Tarapacá junto con la Pontificia Universidad Católica de Santiago.
El gobernador José Miguel Carvajal indicó, además, que la nueva carta de navegación desencadenará una importante cantidad de empleos y mejorará la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Tarapacá.
Existe una creencia bastante difundida que vincula al Surfing con el elitismo y una cierta segregación social respecto del acceso a su práctica. Quizás esto pudo ser así décadas atrás, pero lejos de ser una realidad en la actualidad, se ha impuesto de facto una práctica bastante masiva que incorpora, en algunos lugares del mundo, dinámicas comunitarias, medioambientales y de reanimación socioeconómica en su desarrollo.
La ley de caletas lo que busca no es sacar al pescador artesanal de ser pescador, si no que se pueda relacionar con otro tipo de actividades económicas que estén asociadas a su actividad histórica.
Aunque en los últimos años el proyecto Vino del Desierto de la Universidad Arturo Prat ha acaparado todos los titulares, hay otros trabajos muy interesantes en materia vitivinícola en el Oasis de Pica-Matilla. Uno de ellos, liderado por los socios de la Cooperativa Lagar de los Oasis pretende, nada menos, que rescatar los 400 años de historia del vino de la zona y, de paso, establecer que el origen del vino en Chile estuvo precisamente acá.
Las legumbres se consideran una importante fuente de nutrientes no solo para las personas, sino también para el suelo, ya que mejoran su composición y fertilidad para una próxima siembra. Su contribución a la sostenibilidad en la base alimenticia de comunidades indígenas se conoce desde tiempos ancestrales.
Agricultores de Tarapacá participaron de la Gira Tecnológica 2023, para conocer los hitos de innovación sobre agricultura eficiente en la vecina ciudad de Arica; esto con el objetivo de replicar los ejemplos y conocimientos adquiridos en sus predios agrícolas.
En los últimos años, mucho se ha hablado del potencial que tiene la Agricultura del Desierto en el norte del país y muy en especial en Tarapacá. Sin embargo, por diversos motivos ese pronóstico no se ha cumplido. El profesor de la UNAP Jorge Arenas, tiene su propia teoría: el centralismo endémico que nos aqueja.
Agregar valor y comercializar productos del mar que se obtienen en las caletas de nuestro litoral parecía una ilusión y una misión casi imposible para los buzos y mariscadores. Pero en Caleta Río Seco están demostrando lo contrario, tras 15 años de trabajo sostenido y de una convicción a toda prueba. Y desde el 2016 trabajan con diversos productos (ahora último el erizo), los que comercializan con su propia marca: Paralelo 21.
El gigante de la minería, Teck Quebrada Blanca, inauguró oficialmente sus nuevas instalaciones con dos hitos que marcarán la historia de esta actividad en la región de Tarapacá: Un evento artístico de notable factura, donde brillaron los artistas locales, y una puesta en marcha de sus faenas en el terminal marítimo de Patache, actividad encabezada por el presidente Gabriel Boric.
La desalinización es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar o salobre. Las plantas desalinizadoras, también conocidas como desaladoras, son instalaciones industriales destinadas a la desalinización, generalmente del de mar o de lagos salados, para obtener agua potable
Históricamente, las distintas realidades que ha tenido Tarapacá se han desenvuelto en la necesidad de encontrar refugios. Y es que la plataforma desértica que habitamos, siempre ha sido un espacio de sufrimiento para quien la atraviese, pues su condición geográfica-climática compromete mucho más que la urgencia por sobrevivir, sino que también, la dura y dolorosa expresión humana al ignorar este tipo de sucesos.
Estos eventos en el océano Austral tienen directa relación con el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar a nivel global. En febrero de 2020, la temperatura en la bahía Fildes llegó a los 2,97°C.
La tragedia que supone la destrucción de la Parroquia de San Antonio de Padua debe ser un recordatorio urgente de la fragilidad del patrimonio y de la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Esta pérdida no debe quedar en vano. 03-05
La tragedia que supone la destrucción de la Parroquia de San Antonio de Padua debe ser un recordatorio urgente de la fragilidad del patrimonio y de la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Esta pérdida no debe quedar en vano.
El incendio que afectó a la Iglesia de San Antonio de Padua de la orden franciscana de Iquique sólo fue el epílogo de la tragedia de despreocupación y desvalorización generalizada del Patrimonio de Tarapacá, que sigue desapareciendo sin mediar un conjunto de acciones mínimas necesarias para prevenir, en este caso el alto riesgo de incendio que está a la vuelta de cada esquina de la arquitectura de madera de la ciudad de Iquique.
El Museo Regional de Iquique (MRI) es el escenario de “Miradas de colección: Barros Cruzados”, un proyecto de arte prehispánico y contemporáneo en Tarapacá, que surge como una propuesta de curaduría en arte y educación a desarrollar anualmente en esta institución cultural.