Organizaciones ambientales de todo el país han instalado el término de Constitución Ecológica. Sus principales líderes vienen debatiendo desde hace tiempo sobre estas materias y aquí recogimos algunos de los planteamientos centrales que han expresado en diversos foros y tribunas en nuestro país.
Actualidad 02/04/2021 Eduardo Cisternas
Fotos: Franco Miranda y Cristóbal Navarrete
El resultado del plebiscito celebrado en Chile en octubre del año pasado abrió las puertas a una nueva hoja de ruta (hoja en blanco se ha dicho) donde el medio ambiente puede y debe ocupar un lugar pertinente, tal como pide la sociedad civil. Tras la aprobación, por cerca de un 80%, de la redacción de una nueva Carta Magna, Chile tiene la posibilidad de construir las bases de un nuevo futuro donde el medio ambiente pueda ocupar un lugar relevante. El tema ha sido debatido por una serie de organizaciones e instituciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en estas materias y es oportuno, ad portas de la elección de los convencionales constituyentes, adentrarnos en esta materia. “Se trata (la Nueva Constitución) de reestructurar y volver a preguntarnos cuál es el contrato social entre nosotros los seres humanos y cómo imaginamos y cuál es la visión que entablamos con nuestro territorio. Los principios y derechos consagrados en la Constitución serán claves para las próximas décadas”, dice Violeta Rabi, socióloga de la Universidad de Chile.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, señala que “hay tres elementos fundamentales a considerar: lo primero es que la Constitución tiene que tener de entrada una concepción distinta del territorio nacional. Hoy día lo que tenemos es una concepción geopolítica; tenemos que cambiar el lenguaje y definir el patrimonio ambiental del país como el lugar donde vivimos, el lugar que nos sustenta y que, obviamente, es lo que permite que nosotros tengamos un desarrollo nacional. Por lo tanto, aquí hay un primer desafío bien difícil, que es cambiar esta cosa geopolítica bien antigua, por una concepción de conceptos ambientales que señalen que el territorio es el patrimonio ambiental de todos los chilenos y en relación a este territorio tiene que haber un principio de protección y conservación; debemos entender que, si no conservamos el territorio, este país no se desarrolla ni ahora ni en el futuro”.
“El aire, el agua, los alimentos y el clima dependen de ecosistemas sanos, diversos e integrales”.
Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, señala que “entendemos por constitución ecológica una constitución que ponga en el centro de sus preocupaciones la protección del medio ambiente y la búsqueda de una relación más armónica entre la sociedad y la naturaleza; esto significa tener una constitución que tenga normas que construyan una lógica para que nuestro devenir en la sociedad sea más armónico, sea protegiendo el medio ambiente. Es decir, tienen que haber ciertos principios de actuación del Estado, ciertos derechos de las personas, ciertos deberes y también ciertas instituciones y formas de organización que -entre todas estas cosas- nos permitan proteger al medio ambiente”.
Sara Larraín señala que el primer principio que se debe cautelar es la “protección del territorio nacional, pero no desde una perspectiva militar o geopolítica, sino que desde una perspectiva de sustentar a los chilenos. Y también hay que incluir el principio de proteger la naturaleza no sólo como un rol del Estado, sino que tiene que ser extendido hacia los ciudadanos; todos los ciudadanos tenemos que ser sujetos activos para poder -en primera persona- defender la naturaleza. Y esto por una razón muy sencilla: al Estado no le dio el ancho. Y por lo tanto si seguimos con la idea de que el Estado garantice esa protección, vamos a seguir en lo mismo. Acá lo público no es solamente el Estado; lo público somos todos y por lo tanto creo que esta protección del territorio nacional, del patrimonio ambiental, de la biodiversidad, etc, tiene que ser un deber público. Y ese primer nudo tenemos que dejarlo instalado”.
La nueva Constitución debe incluir principios, deberes y derechos de la naturaleza.
GRAN TEMA: EL AGUA
Ezio Costa, sostiene que la Constitución chilena es una rareza en el mundo porque le da máxima protección legal al derecho de negociar el agua. Su opción es que la nueva Carta Magna consagre el derecho humano al agua y la reconozca como un bien común, pero que el cómo debería gestionarse sea una discusión posterior. “Una de las principales conclusiones que nos gustaría extrapolar al proceso constitucional chileno es la necesidad de que la Constitución contenga los siguientes ejes estructurales: el cuidado de la biodiversidad, el agua, el cambio climático y una gobernanza a nivel de territorios, manteniendo el ambiente libre de contaminación”, señala Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.
Sara Larraín agrega un segundo elemento: “creo que en Chile hay que establecer dentro del marco de los derechos que garantiza la Constitución, el derecho al patrimonio común. Eso es clave y en algunos casos como el agua, tiene que ser un derecho humano fundamental, como lo ha establecido las Naciones Unidas desde el año 2010, porque sin agua no hay vida, no hay posibilidad de cultivar alimentos, no hay posibilidad de absolutamente nada. Entonces, creo que todos los bienes comunes, el acceso a los bienes comunes tienen que ser de la nación toda, independiente de que el Estado pueda entregar alguna concesión temporal como puede ser el recurso minero. Pero, cuando se le da a alguien un recurso que es de todos los chilenos, el beneficio fundamental del uso tiene que repartirse entre todos los chilenos”.
“La Constitución deberá contener los siguientes ejes estructurales: el cuidado de la biodiversidad, el agua, el cambio climático y una gobernanza a nivel de territorios”.
PUEBLOS ORIGINARIOS
“El aire, el agua, los alimentos y el clima dependen de ecosistemas sanos, diversos e integrales” recuerda Bosshard, quien aboga porque la Nueva Constitución esté alineada con otros instrumentos tales como leyes, reglamentos y tratados internacionales que “efectivamente permitan garantizar el desarrollo sostenible de los territorios”. Además del papel de los territorios en la construcción de la nueva Constitución, los expertos coinciden en la necesidad de incluir las voces de los pueblos originarios. “Las demandas de los pueblos originarios y de los movimientos ambientales coinciden en la necesidad del cuidado de los bienes comunes”, recalcando que “la lucha por la autonomía territorial incluye la demanda de poder cuidar los bienes naturales que se encuentran en territorios mapuches”.
Sara Larraín agrega un tercer elemento “que es super importante, sobre los mecanismos, las regulaciones y las instituciones. Esto es lo que llamo el cuarto núcleo o la Gobernanza. Y este núcleo de la Gobernanza es tremendamente importante porque aquí nosotros tenemos que poner todos aquellos elementos vinculados a la participación vinculante, es decir, que las comunas, las regiones, tengan el derecho a decidir sobre el desarrollo que quieren, que exista la opción de tener plebiscitos vinculantes, iniciativa popular de ley. Aquí tenemos que ir hacia una institucionalidad que permita democratizar las decisiones sobre el patrimonio ambiental, bajo estos principios, porque si no es la gente la que asegura el interés público, es muy difícil que el Estado, con las presiones que tiene hoy día, opte por el bien común. Y una prueba de ello es la crisis social y la crisis ambiental en la cual estamos. Por lo tanto, si queremos bien común, si queremos convivencia, tiene que haber mayor participación ciudadana en la institucionalidad de las decisiones públicas”.
El cuidado de la biodiversidad, el agua, el cambio climático y una gobernanza a nivel de territorios, deben estar en la Nueva Constitución.
“Los ecologistas organizamos y participamos activamente en los cabildos autoconvocados en todas las regiones del país, en la consulta que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet y constatamos que la protección del medio ambiente y los territorios fue una de las tres prioridades de los chilenos”, agrega Sara Larraín. Después, “por causas ecológicas y de equidad social, y por demandas de participación democrática, las organizaciones ecologistas fuimos parte de las movilizaciones de octubre y de los miles de cabildos presenciales y virtuales que se han desarrollado a través del país por más de un año”.
“Tenemos la certeza que no habrá convivencia social, ni futuro, si el país no transforma estructuralmente su forma de uso y gestión del territorio y del patrimonio ambiental, sea este público o privado. Como sociedad tampoco tenemos ni presente, ni futuro posible, si no ponemos la equidad y la justicia como centro de la convivencia nacional y nuevas estructuras de decisión que pongan a la gente y a las regiones en igualdad de condiciones para decidir sobre su propio desarrollo y sobre el desarrollo nacional”.
“La nueva Constitución debe incluir principios, deberes y derechos de la naturaleza como un sistema que se autogenera y debe ser protegido en su integridad, lo cual incluye su capacidad de regeneración, sus funciones y los servicios que provee a la especie humana y las demás especies. Al respecto la naturaleza debería ser conceptualizada como “Patrimonio Natural”, “Bien Común”, “Casa Común” u otros similares; evitando conceptos definitivamente utilitaristas como “recursos naturales”, pues equivaldría definir a los chilenos como meros “recursos humanos”.
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