El proceso independentista en el extremo SUR DEL PERÚ: (TARAPACÁ, 1815-1822)

Tarapacá, a diferencia del resto del sur del Perú, no fue un escenario de primer orden. En sus parajes no hubo grandes revueltas ni operaciones militares de envergadura que alteraran el quehacer rutinario de sus residentes. Salvo algunas escaramuzas, la sensación que primó fue la de incertidumbre respecto a una situación política que adquirió ribetes insospechados y por la amenaza latente de sufrir invasiones patriotas o realistas debido a su ubicación geográfica que permitía acceder al Alto Perú desde el océano Pacífico a través de una distancia muy acotada y conectarse de una manera equidistante con el Callao y Valparaíso mediante los puertos de Iquique y Pisagua.

CRISIS DE LA PLATA

A comienzos de la centuria decimonónica el partido de Tarapacá dependía administrativamente de la intendencia de Arequipa, conformando el extremo sur del virreinato del Perú que colindaba con el partido de Atacama que era, a su vez, parte del virreinato del Río de la Plata, tal como lo describió a mediados de 1802 el vicario de San Lorenzo, Mariano Norberto de Zelayeta, al resaltar que era el “último del Virreynato de Lima” y “confina con el de Atacama con que principia el de Buenos Ayres” [8].

Su población, por la disponibilidad de agua, residía en su mayoría en los valles precordilleranos y en el oasis de Pica. En contrapartida la pampa y la costa, al ser carentes de este recurso, estaban bastante menos habitadas, tal como lo delató el vicario de Pica al comentarle entusiasmado a su superior jerárquico a mediados de 1817 que en el “Puerto de Loa [sus] pocos habitantes se han resuelto a hacer una capilla” [9], además se concentrada en los yacimientos mineros que, a pesar de los inconvenientes ambientales, atraían personas por su importancia como fuente laboral. Por ejemplo, de los 7.697 habitantes censados entre 1813 y 1814 un 16,88% moraba en la costa distribuidos entre el puerto de Iquique y las minas de plata de Santa Rosa y Huantajaya, capturando este último yacimiento un 65,76% de este volumen demográfico [10].

En lo económico, dependía de la explotación de los yacimientos argentíferos, la extracción de guano, de la agricultura practicada en los valles precordilleranos y que comercializaba sus productos en los centros mineros adyacentes, salvo el vino y aguardiente elaborado en el oasis de Pica que se vendía también en Potosí y Atacama, y la elaboración de salitre y azufre para la producción de pólvora.

JULIAN PEÑARANDA

El escenario de crisis política que se instaló a partir de 1808 en las colonias americanas tras la invasión de las tropas napoleónicas a España y la salida forzada de Fernando VII, generó un escenario propicio para la activación de diversos y disímiles estallidos revolucionarios y alzamientos indígenas, algunos de los cuales al poco tiempo adquirieron declarados afanes independentistas con la instauración de la idea de la soberanía de la nación contenida en la constitución de Cádiz promulgada en 1812 [19].

El extremo sur del virreinato del Perú (Tacna, Arica y Tarapacá) no estuvo ausente de esta dinámica de rebeldía que, en lo particular, fue gatillada tanto por la escasa presencia de fuerzas militares realistas como por la influencia de las incursiones de los ejércitos rioplatenses de Juan José Castelli, Manuel Belgrano y José Rondeau en el Alto Perú [20].

En este contexto, Tarapacá tuvo su primera experiencia vinculada a la causa patriota en 1815 como correlato de un conjunto de acontecimientos de armas que provocaron que el área geográfica que lo circundaba estuviera en un persistente estado de guerra [21], entre ellos la sublevación de La Paz de 1809 y de Oruro de 1810, el levantamiento general de indígenas ocurrido entre 1811 y 1812 que involucró al altiplano boliviano, los alzamientos de Tacna del 20 de junio de 1811 y 3 de octubre de 1813, y la importante asonada del Cuzco de 1814 que se expandió a todo el sur peruano [22].

Fue esta atmósfera insurreccional que hizo fértil la decisión del general rioplatense José Rondeau de enviar desde el pueblo de Llica a Tarapacá al teniente coronel Julián Peñaranda y al indígena José Choquehuanca con el objetivo de que aglutinaran a los patriotas de este partido y comenzaran un alzamiento en un zona que, de controlarla, posibilitaba el acceso directo a las costas del Pacífico [23], condicionando con ello ventajas relevantes en lo logístico a efecto de sostener los levantamientos revolucionarios que Julián Peñaranda había organizado en los pueblos altiplánicos de Toledo, Cuñuri, Carangas, Andamarca, Corque, Llanquera, San Miguel, Guaillamarca, Curaguara y Tarco con “partidas de naturales y algunos veteranos armados” [24].

Así, el 22 de octubre de 1815 Peñaranda se tomó el pueblo de San Lorenzo en complicidad con los tenientes coroneles José Francisco Reyes y Francisco Olazábal que, en calidad de jefes de la guarnición realista, días antes, el 18 de octubre, habían acordado pasarse a la causa patriota poniendo a disposición del emisario de Peñaranda, el capitán de caballería Pio Leandro Maldonado, sus tropas que consistían en treinta pardos veteranos, armamentos, municiones y piezas de artillería; una decisión que también fue acompañada por los oficiales Pedro Mena y Nicolás Palomino de la mencionada guardia [25].

El subdelegado de Arica Mariano Portocarrero ratificó esta información en su misiva dirigida al Virrey, ya concretada la ocupación, al señalar que los “conjurados eran muchos”, que él “carecía de fuerzas para respetar el orden” y que la invasión de los sediciosos se había visto facilitada por el surgimiento de un “escandaloso disturbio” entre el subdelegado de Tarapacá Manuel Almonte y el mencionado comandante José F. Reyes al “extremo de hacerse fuego” uno contra el otro [26], diferencias que venían desde la fallida expedición al partido de Atacama que, en vez de lograr sofocar los intentos de rebeldía, había generado “alboroto” por hallarse los de “aquél partido mal contentos con dicho subdelegado” [27].

SIN BAJAS

Dimensión y trayectoria del problema que el contador de las Cajas Reales de Tacna, Remigio Arias, también corroboró en una carta enviada el 28 de septiembre de 1815 a su hermano Manuel, canónigo residente en Lima. En ella le decía que el día anterior a la fecha de su misiva había llegado al puerto de Arica José de la Fuente en un “barquito guanero”, junto a otro vecino del mineral de Huantajaya, trayendo como noticia que “Tarapacá se había entregado a un [tal] Reyes, hijo del Sr. Oidor de Chuquisaca, y que se decía que por Pica y Camiña andan cien Porteños” [28]; una información relevante no solo por acreditar el conflicto entre el subdelegado y el jefe de la guardia realista, sino, también, por notificar que Julián Peñaranda había incursionado en el partido varias semanas antes de tomarse San Lorenzo, un tiempo donde llevó a cabo la negociación con José Francisco Reyes que le posibilitó ser exitoso en esta ocupación sin gastar un solo cartucho y menos lamentar bajas.

Esta pugna, y la decisión de los oficiales blancos y pardos de la guarnición realista de pasarse al bando patriota, no solo provocó que de manera abrupta el partido de Tarapacá se quedara sin fuerza militar para la defensa del orden establecido, sino que hizo que el subdelegado Manuel Almonte se fugara hacia Arica llevándose consigo “todos los intereses de los ramos del estado y lo que ha quitado en Atacama y Lípez” como una manera de impedir que el ejército invasor accediera a estos recursos para su financiamiento [29], lo único que estaba en condiciones de hacer en ese momento como delegado del Virrey para aminorar el éxito de los rebeldes [30].

Asegurado el control de Tarapacá, Peñaranda procedió el 24 de octubre a elegir las nuevas autoridades adherentes a la causa patriota mediante la convocatoria a un “cabildo patriótico” a todos los vecinos de la capital del partido y los representantes de las localidades de Pica (Santiago Zavala), Camiña (Fernando Oviedo) y Huantajaya (Simón Ugarte), menos los de Sibaya “por ser puramente Yndios” [31]. Mediante este procedimiento, que implicó generar lealtades y compromisos con los sectores más influyentes, por un lado instauró al nuevo comandante militar y subdelegado, cargo que recayó en José Francisco Reyes que por esta vía en pocos días pasó de ser el guardián de la autoridad del Rey a cabeza política de los intereses independentistas rioplatenses en los lejanos parajes tarapaqueños [32] y, por otro, constituyó la totalidad del Cabildo que quedó compuesto por Gaspar Loayza como alcalde, Atanacio Tinajas como regidor decano, Valentín de la Fuente, Andrés Soto, José Bacilio Carpio y Mariano Blas Vernal como regidores, y Felipe Bustos como síndico procurador [33].

Junto con lo anterior, la asamblea nombró al propio Julián Peñaranda como comandante general [34], lo que le permitió impartir la orden de reclutar contingente en las distintas localidades del partido de Tarapacá, el envío de mil quinientos hombres con sus oficiales desde las guarniciones que había dejado instaladas en el altiplano entre La Paz y Oruro y solicitarle a José Rondeau que cumpliera con el compromiso de remitirle una hueste de doscientos integrantes, todos ellos con la misión de reunirse en el pueblo de Camiña a objeto de marchar hacia Arica, Tacna y Moquegua a enfrentar al enemigo realista para, de esta forma, ver “plantado el Arbol magestuoso de la libertad de Arequipa” [35].

Para fines de 1815 la insurrección aún persistía, siendo infructuosos los débiles intentos realistas por expulsarlos, tal como ocurrió con la expedición a cargo de Antonio Ayala y Carlos Enríquez. Instruida por el subdelegado de Arica para “pacificar la comarca”, esta tropa no solo fue derrotada con facilidad por estar mal equipada al desestimarse el poderío militar y apoyo social de los rebeldes, sino, además, los mencionados oficiales fueron “pasados por las armas por los insurgentes” [36].

En vista del alcance que había adquirido el movimiento rebelde en tierras tarapaqueñas, las autoridades realistas de Arica y Tacna organizaron una segunda excursión militar que, a diferencia de la encargada a Antonio Ayala y Carlos Enríquez, no solo fue nutrida de un número mayor de hombres y con pertrechos suficientes para generar supremacía, sino, además, se basó en una estrategia más amplia que contempló, por una parte, la marcha por tierra de un ejército y, por otra, el envío de un contingente de cincuenta hombres por mar con destino a Iquique, con el propósito de impedir que recalara en este punto la fragata Victoria, que venía desde Chile con armas y municiones para las huestes de Julián Peñaranda y, si la guarnición rebelde no era significativa, desembarcar y apropiarse de sus cañones [37].

No obstante los extensos preparativos, esta incursión militar marítima y terrestre no se llevó a cabo a razón de dos hechos contextuales. Primero, la derrota del general argentino José Rondeau en el pueblo de Viluma el 29 de noviembre de 1815 a manos del comandante Joaquín de la Pezuela, lo que generó un debilitamiento de la posición de los rebeldes en el partido de Tarapacá. Segundo, por el oportunismo de José Francisco Reyes que, después de haberse aliado con Julián Peñaranda, ante el nuevo escenario se reconvirtió (por descarada conveniencia o planificada estrategia) en un fiel servidor de la Corona apresando a los líderes de la revuelta mediante un engaño. Simulando que José Rondeau requería la presencia urgente de ambos, logró que Julián Peñaranda y José Choquehuanca salieran el 16 de diciembre desprotegidos del pueblo de San Lorenzo, apresándolos a las nueve de la noche con la ayuda de los vecinos. Al día siguiente fueron remitidos a “Pabellones o Guano Grande”, es decir, la guanera de Pabellón de Pica, con la orden de embarcarlos a Arica [38].

Esta intentona patriota terminó con la huida de parte importante de los insurgentes a la zona altiplánica del partido para pasar hacia el Alto Perú y, de este modo, agruparse con las derrotadas tropas de José Rondeau que se dirigían de regreso a Tucumán, escapatoria que pudieron realizar con éxito debido a la negativa del subdelegado de Arica de mandar de inmediato un contingente auxiliar para perseguirlos y atraparlos por el recelo de que no fuera cierto lo informado por José Francisco Reyes a consideración de su sospechoso actuar. Por lo mismo, recién vino a destinar ciento cincuenta hombres de refuerzo a cargo del comandante Juan José de la Fuente cuando Julián Peñaranda y José Choquehuanca llegaron detenidos a Arica [39], demasiado tarde para impedir la fuga masiva del destacamento rioplatense y, con toda seguridad, de los rebeldes tarapaqueños más comprometidos.

El destino de Peñaranda y Choquehuanca fue la muerte por fusilamiento el 16 de febrero de 1816, el primero en Tacna y el segundo en Arica [40]; en tanto la de aquellos que alcanzaron a ser detenidos, como José Cossio y Luis Mazuelos, fue la acusación por el delito de lesa majestad a inicios de 1817 [41].

La guerra desatada y el temor a la invasión patriota

Tras la invasión de las huestes patriotas rioplatenses, el ambiente en el partido de Tarapacá quedó marcado por una latente y sostenida incertidumbre, tal como lo hizo saber el cura del pueblo de Pica, Antonio Baltierra, al obispo de Arequipa a mediados de 1817 cuando le señaló que la razón principal por la cual no le había podido remitir lo recaudado desde hacía tres años a la fecha por concepto de imposición a los muertos, obedeció a la inestable situación política en que se halló el partido tras estar “dominada por las tropas porteñas” [42]. Un escenario de latencia que se afianzó, además, con casos como el del sargento Vicente Granadino de la guarnición de Pica sumariado, entre marzo de 1817 y abril de 1819, por cargar unos “papeles de la Patria” que consistían en dos Gazetas publicadas en Chile y un cuaderno dando “razón a los Porteños de los motivos y fundamentos que habían tenido” para ejecutar la invasión de 1815, lo que alertó a muchos de la eventualidad de que al interior del partido se estuvieran incubando afanes sediciosos impulsados por desconocidos agentes rioplatenses mediante documentos declamatorios [43].

Así, en agosto de 1819, como reacción a este escenario, el general del regimiento de reserva de Tacna José Carratalá le impartió al comandante militar del partido de Tarapacá, Felipe Velando, las instrucciones del comandante general referidas a organizar con urgencia dos compañías de caballería para unirse a la de infantería ya existente a objeto de tener una “fuerza respetable para observar e imponer al enemigo en los movimientos que pudiera hacer desde lo interior o por la costa”, además de establecer “inmediatamente una sólida comunicación de espionaje desde ese punto [San Lorenzo] al Tucumán no perdonando medio para verificarlo” [44]. Complementando la disposición anterior, en octubre de 1819 se instaló en San Lorenzo una guarnición compuesta de veinticinco hombres entre soldados y oficiales [45].

Ambas medidas encontraron plena justificación cuando, a mediados del mes de noviembre de 1819, los caciques de Isluga Miguel García y de Cariquima Luciano Mamani informaron a Felipe Velando la captura de tres patriotas y la liberación de cuatro soldados realistas que estaban en su poder en las inmediaciones de sus respectivas comunidades, es decir, en el altiplano tarapaqueño que era el espacio fronterizo al Alto Perú donde actuaban las huestes rioplatenses [46]. Inconveniente que volvió a resurgir un par de meses más tarde, a inicios de 1820, cuando se explicitó la amenaza de una invasión desde Atacama por parte de las tropas conducidas por el “insurgente Aramayo”, lo que obligó a movilizar los recursos militares disponibles en el partido [47].

Ante estas circunstancias, Felipe Velando no tuvo más remedio que adelantarle con premura y escaso margen de negociación ciento cincuenta pesos al explorador Mariano Bustamante, de un total de doscientos veinte, para implementar la expedición de espionaje mandatada desde Tacna en agosto del año anterior [48]. Del mismo modo, el comandante de la guarnición de Pica, Santiago Zavala, procedió a ordenar el acuartelamiento de treinta hombres que componían la “partida franca de los Pozos” y ocho milicianos con residencia en el oasis piqueño [49], además de enviar indios en calidad de “chasquis” a la avanzada de Molleverde para traer partes diarios y, por último, destinar dos vigías, José Silverio Elgueta y Tomás Ariste, vecinos del pueblo de Guatacondo, para espiar los movimientos rebeldes en los puntos Altos de Caseana, Altos de Guatacondo, camino de Quillagua y camino de arriba al punto denominado el Alto de Molleverde [50].

Pero no solo esto, también la determinación a mediados de 1820 de destinar algunos soldados de la guarnición de San Lorenzo –creada en octubre de 1819– para que reforzaran el destacamento de Iquique a efecto de resguardar las instalaciones portuarias toda vez que los movimientos patriotas hacían presumir el intento de desembarco por este punto de la costa sur del virreinato [51], sobre todo tras el triunfo obtenido por José de San Martín en la batalla de Maipú en Chile el 5 de abril de 1818. Tal escenario no tardó en concretarse cuando, tras la autorización del gobierno chileno encabezado por Bernardo O’Higgins, el almirante Thomas Cochrane dio curso el 1 de marzo de 1819 al bloqueo de caletas y puertos entre El Callo y Atacama [52], una medida que fue reiterada por José de San Martín el 15 de octubre de 1821, lo que llevó a que Iquique fuera sitiado por el bergantín Belgrano y otros tres navío de menor envergadura [53]. En noviembre de 1822, como parte de una expedición naval patriota a las costas del sur al mando de Rudecindo Alvarado y que había zarpado desde el Callo en octubre, las tropas independentistas desembarcaron en Iquique con la fragata Protector y en la caleta Vitor con la Mecedonia. En Iquique dejaron un destacamento integrado por soldados del batallón Nº 2 a efecto de reclutar hombres y fomentar la insurrección de los indios, en cambio, en Vitor se retiraron sin dejar contingente alguno [54]. Al enterarse de esta operación militar rebelde, el virrey José de la Serna ordenó al brigadier Pedro Antonio Olañeta el desplazamiento de sus tropas desde Oruro a Tarapacá para expulsarlos, pero en el transcurso del cumplimiento de este mandato el grueso de la fuerza militar insurgente que se había desplegado entre Arica y Moquegua se enfrentó, el 21 de enero de 1823 en las cercanías de esta última localidad, al ejército realista comandado por el brigadier José María Valdés siendo derrotados. En esta condición diezmada, Rudecindo Alvarado se dirigió hasta el puerto de Ilo para embarcarse a Iquique con el propósito de reunirse con el batallón Nº 2. Al llegar a este puerto, el 13 de febrero de 1823, fue sorprendido por un destacamento realista que estaba oculto, generándose una escaramuza que lo llevó a una nueva derrota que le costó doce muertos, entre ellos el teniente coronel Pedro de la Rosa y el sargento mayor Manuel Taramona, y más de ochenta prisioneros [55].

Tras este acontecimiento [56], la amenaza de nuevas incursiones rebeldes no disminuyó. El 22 de mayo de 1823 Andrés de Santa Cruz le ordenó al capitán del bergantín O’Higgins unirse a las corbetas Santa Rosa y Bombona y en conjunto dirigirse al puerto de Iquique con la mayor celeridad posible, pero sin especificar el propósito por razones de seguridad militar [57].

De esta manera para los residentes tarapaqueños, no importando su estirpe o condición, se comenzó a hacer evidente que el partido sería pábulo de distintos inconvenientes derivados de una guerra desatada a plenitud, no obstante sus parajes estar ajenos de acciones de fuego a gran escala entre las tropas realistas y patriotas, a partir de una latente posibilidad de ser invadidas o transitadas por contingentes armados mayores en su trayecto a los campos de batalla. Precisamente esto delató la carta del cura de Camiña, José Ignacio Cárdenas, del 21 de junio de 1821 al comunicar a su superior que en la localidad de San Lorenzo tuvo contacto con un sacerdote que “había llegado de Atacama huyendo de la Patria”, padeciendo, incluso, la condición de prisionero, y que el ciudadano europeo José Vilela, “temeroso” al saber del desembarco de los patriotas en Arica, había tomado la resolución de abandonar San Lorenzo para dirigirse a Camiña buscando un lugar más seguro [58], presumiendo con ello que las tropas rebeldes –de invadir el partido de Tarapacá– no incursionarían hacia los lugares más distantes y de menor importancia administrativa.

Pascual Flores y la sublevación de Huantajaya

Para inicios del decenio de 1820 Tarapacá comenzó a experimentar un ambiente cargado de inquietudes e incomodidades políticas y sociales que hacía prever la emergencia de un conflicto en su interior bastante distinto a la amenaza de una invasión patriota, cuestión para la que se habían preparado tanto las autoridades leales al Rey como muchos vecinos desde la incursión de Julián Peñaranda en 1815. Por una parte, estaba latente el cuestionamiento por los ingentes recursos que implicaba el mantener el aparato militar (destinado a resguardarse de las eventuales incursiones de los rebeldes) a costa de problemas económicos en la agricultura y la minería [59], como las quejas de los indígenas de Sibaya por el cobro del tributo a pesar de su estado de pobreza [60]. Por otra, la explicitación de un estado de beligerancia creciente entre los vecinos que comenzó a intensificar riñas y fuertes diferencias que se comenzaron a catalizar a partir de problemas tales como deudas de dinero, deslindes, compraventas de productos y tierras, entre otras, pero que terminaban en argumentos que hacían alusión a la situación política derivada de la guerra [61]. El conflicto desatado en 1821 entre los moradores de Santa Rosa y Huantajaya que casi termina en un enfrentamiento masivo a balazos suscitado por la agresión al cura de este último asiento minero, Valentín Vargas Reyes, a raíz de una prédica que hizo en este último mineral durante el Corpus Christi a favor del presbítero de Iquique Blas de la Fuente, que estaba siendo cuestionado por sus sermones, es el mejor ejemplo de la delicada situación que estaba inundando la vida de los tarapaqueños [62].

Es en esta antesala que el partido de Tarapacá experimentó un alzamiento popular en el mineral de Huantajaya el 11 de mayo de 1822 a razón de la convocatoria realizada por Felipe Velando, que en ese momento actuaba como subdelegado interino además de comandante militar, a los vecinos ilustres de este yacimiento argentífero, además de Santa Rosa e Iquique, para constituir un nuevo Cabildo [63].

Reunidos en la casa consistorial de Huantajaya [64], la sesión fue interrumpida por los vítores de una multitud congregada en las afueras del recinto que exigía se les admitiese “su voto, por ser ciudadanos por el ministerio de la ley”. Acto seguido, los líderes de la manifestación, Pascual Flores, Manuel Vera, Juan Rivera y Mariano Pérez, irrumpieron en el recinto con garrote en mano, alzando la voz, profiriendo insultos y golpeando la mesa en actitud desafiante para exigir la participación de aquellos que habían sido excluidos de la votación [65].

Ante una mezcla de sorpresa y pánico Felipe Velando, con ayuda del cura Anselmo Reyes, se dirigió hacia la multitud para señalarles que la ley lo facultaba para efectuar la conformación del Cabildo sin la participación de todo el vecindario, ya que no reunían las condiciones necesarias para tener derecho a voto por ser “gente inferior” y en “estado servil” dedicados al laboreo de minas, a lo que se agregaba la situación de que algunos tenían “su nacimiento y procedencia de la África”, además de los “vicios de embriagues general en todos ellos”. Evidenciando el descontento y malestar frente a tales argumentos, la multitud mantuvo detenida la ceremonia con consignas a viva voz hasta que, dándose cuenta de que no se les admitiría, se retiraron. Así se pudo llevar a cabo la elección de las nuevas autoridades consistoriales [66].

El día 16 de mayo, en horas de la tarde, un importante número de hombres y mujeres liderados por los citados Flores, Vera, Rivera y Pérez se apersonaron en casa del electo alcalde Manuel Demetrio Contreras tanto para manifestarle que “no obedecían al Cabildo, ni al alcalde consistorial” como para entregarle un escrito con varias firmas donde señalaban su intención de acudir hasta el jefe de la provincia para hacer cumplir sus derechos y delatar a Felipe Velando de tirano por haber “excluido de voz y voto a todos los vecinos de este mineral”. En respuesta, Demetrio Contreras señaló que su nombramiento se había realizado, para su desgracia, sin que él hubiese tenido participación alguna y que, por lo mismo, no obraría disposición alguna que generara disgusto [67].

Transcurridos los días, y ante la inexistencia de señales de que el movimiento popular cesara, generando con ello una fuerte desobediencia a las nuevas autoridades del ayuntamiento impidiendo su labor, el recién electo síndico procurador Ermenegildo García Manzano, junto a los vecinos Atanacio Tinaja, Francisco Romero, Juan de Dios Verdugo, Andrés Torrealoza y Felipe Bustos, le señaló a la máxima autoridad del partido de Tarapacá que si no se practicaban medidas para persuadir de su actitud a los alzados, es decir, enviar tropas de auxilio, se podía generar una “guerra civil”, sobre todo considerando el rumor de que Pascual Flores tenía el propósito de convocar entre catorce y quince hombres armados para asaltar la casa consistorial de Huantajaya, exigir el voto ciudadano y, en caso de rechazo, matar a las autoridades de este pueblo minero como a las del cercano yacimiento de Santa Rosa [68].

Ante la envergadura que había adquirido la revuelta popular, el 22 y 23 de mayo se iniciaron diligencias destinadas a imponer el orden, apresar y enjuiciar a los responsables de la asonada mediante el envío de un piquete de doce milicianos y un sargento bajo las órdenes del oficial Juan Jara Zúñiga, que estaba destacado en Huantajaya con apenas cuatro hombres [69]. La llegada de este contingente generó en la noche del 24 de mayo, producto de las órdenes perentorias que tenía de apresar a los cabecillas de la revuelta, un enfrentamiento en la casa de Pascual Flores, que produjo la muerte del soldado realista Ramón Martínez y la aprehensión de seis de los amotinados [70]. Este hecho de fuego no logró su propósito de apresarlo, ya que logró huir a Iquique y embarcarse en una chalupa de propiedad de Antonio Albarracín con destino desconocido [71].

A pesar de que los rumores posteriores a la ocurrencia del enfrentamiento decían que Pascual Flores estaba en Pisagua porque en sus alrededores Albarracín tenía producción de salitre, como también que se encontraba escondido en Pica [72], nunca pudo ser hallado y sometido a juicio. En realidad, Pascual Flores tras las hechos de Huantajaya no huyó ni se escondió, sino que salió de manera planificada desde las tierras tarapaqueñas al puerto del Callao para unirse en calidad de oficial al ejército de José de San Martín, actuando con seguridad en más de alguna batalla en los parajes del sur de virreinato hasta el ocaso de la guerra [73].

En estos términos, solo tuvo curso el proceso judicial contra los detenidos en la refriega del 24 de mayo por la noche, es decir, Mariano Pérez, Mariano Flores (hermano de Pascual), Manuel Rodo, Juan Rivera, Pedro González y Francisco Flores, el que se cerró en noviembre de 1822 con la liberación de todos ellos por considerarse que habían tenido una participación poco relevante en los hechos [74], llegando la asonada a su fin.

¿Realistas o patriotas? Los tarapaqueños ante el proceso independentista

Resulta difícil afirmar con certeza cuál fue el grado de apoyo o de rechazo de los tarapaqueños a la causa patriota en un periodo tan temprano e incierto como el transcurrido entre la ocupación de San Lorenzo y los disturbios de Huantajaya. Apenas algunos antecedentes fraccionados permiten visualizar que tanto las manifestaciones de fidedigna adhesión al Rey como las inclinaciones emancipadoras más decididas se dieron en un ambiente inundado de temores y expectativas conviviendo con conductas oportunistas e intereses económicos y políticos.

Según el propio Julián Peñaranda, las disposiciones que ejecutó una vez que tomó posesión de la capital del partido en octubre de 1815 fueron facilitadas por “las demostraciones del mayor júbilo” por parte de los residentes de los pueblos de San Lorenzo, Camiña, Pica y Huantajaya, los que “rebozaba[n] en vivas a la Patria” [75]. Por su parte, el corresponsal de la Gazeta de Buenos Aires comentó en su momento que los tarapaqueños “repetidas veces han manifestado su adhesión a la libertad y han obrado siempre como americanos fieles a su Patria” [76]. En tanto, a fines de septiembre de 1815, Remigio Arias afirmó, en una misiva dirigida a Lima, que un cabo del ejército español, escapado desde el pueblo de Pica al intentar “formar una revolución, echarse sobre las armas y proclamar al Rey”, había señalado en Arica que los tarapaqueños “estaban con el Porteño” [77]. Un antecedente que tiene algún grado de coincidencia con lo relatado a fines de 1816 por el cura de Camiña, Juan Noriega, al obispo de Arequipa respecto a la necesidad que había de castigar con dureza a los cómplices de Julián Peñaranda para “velar sobre la conducta de los que como [estos] no separan por un instante su corazón del sentrico amor que profezan al sistema revolucionario” [78].

En contrapartida, las posturas antirrevolucionarias tampoco fueron menores, sobre todo entre algunos eclesiásticos que no trepidaron en abogar por los éxitos de los ejércitos realistas, tal como José Mariano Salazar del pueblo de San Lorenzo que, poco antes de la incursión de Peñaranda, con entusiasmo le comunicó al obispo de Arequipa su beneplácito por la derrota de los cuzqueños que se habían sublevado en 1814 y su propósito de hacer publicidad de este logro de modo de advertir a los eventuales rebeldes residentes en el partido:

“Acuso recibo a V.S. de su oficio fecha 26 del pasado Abril en el que me comunica las tan plaucibles como interesantes noticias de los evidentes triunfos del fidelísimo Gral. el Sor Ramirez, su gloriosa entrada al revelado Cuzco, destrucción de los enemigos y decapitación de los generales Insurgentes, por cuyos buenos efectos tributo y rindo los mas justos y devidos reconocimientos al Todo Poderoso, por conocer que cada instante visiblemente hace resplandecer mas y mas su protección infinita en nuestras Armas. Publicare gustoso a estos feligreses tan felices nuevas, para que si entre ellos hubiesen ocultos desviados de la justa causa se desengañen y salgan de sus errores” [79].

Del mismo modo, el caso de los párrocos que, tras la incursión de Peñaranda y la ocupación del partido, terminaron perdiendo o vieron alteradas sus prerrogativas. Por ejemplo, el 19 de marzo de 1816 el cura de Pica, Antonio Baltierra, le pidió al vicario capitular de Arequipa que lo autorizara a expedir dispensas de nulidad y matrimonio por la alteración de este sacramento durante “tiempos de tanta calamidad” donde se llegó a permitir que una “infeliz”, que al “presente [está] perdida y no casada”, padeciera “los ultrajes que le infirió el caudillo Peñaranda, que abocándose al conocimiento de la causa quiso por fuerza violentarla a que se uniera en matrimonio” [80]. Con el mismo tenor, el 24 de marzo de 1816 el ya mencionado cura de Camiña, Juan Noriega, le señaló al vicario capitular de Arequipa que el no envío de la recaudación no había sido de su directa responsabilidad, sino una inevitable secuela al quedar en “total destitución” por parte de la “maldita Patria”, pues “no contentos sus caudillos” con haberlo dejado “sin camisa” además lo “tuvieron preso por dilatado tiempo hasta que fue preciso dar por [su] rescate mil trescientos pesos que [los] suplieron en Tarapacá” [81]. Un opinión que también explicitó el capellán de Mocha, Gregorio Morales, al manifestarle a su superior de Arequipa el 5 de julio de 1816 la imposibilidad que tenía de cobrar veinticuatro pías forzosas de entierros ocurridos en septiembre de 1815 por “haber quedado el curato enteramente perdido desde la insurrección pasada” [82].

Pero no solo los epítetos de estos curas son un reflejo del rechazo que generó la ocupación de Peñaranda en algunos sectores, también lo informado a fines de 1817 por el presbítero Blas de la Fuente y Loayza sobre la decidida y determinante participación de los vecinos de San Lorenzo en la aprehensión de Peñaranda y Choquehuanca en diciembre de 1815 [83]; y lo expuesto a mediados de 1819 por el brigadier Mariano Ricafort, comandante general del cuerpo de reservas reales de Tarapacá, a su superior jerárquico asentado en Arequipa sobre la necesidad que había de declarar la “exención perpetua” del reclutamiento obligatorio instaurado como reacción a la invasión de las huestes rebeldes, señalando como argumento para ello su “convencimiento de las fundadas reclamaciones” de los tarapaqueños a causa de la “decadencia económica del partido” y en compensación a lo ofrecido en su tiempo por estos “en defensa de su propia seguridad contra los caudillos que intentaron invadir aquél territorio” [84], dando cuenta con ello de una postura transversal de muchos residentes del partido en contra de la invasión y, al parecer, una activa actitud para lograr su retirada.

Pues bien, ¿cómo entender las adhesiones y los rechazos a la incursión rebelde de 1815? Los testimonios ponen en evidencia que tanto las posturas patriotas como las realistas fueron significativas y funcionales a la vez en correspondencia a un periodo donde todo estuvo bajo la sombra de la incertidumbre y la sospecha. En efecto, si bien las adhesiones descritas por Julián Peñaranda y la Gazeta de Buenos Aires pueden explicarse como una evidente y tendenciosa exageración a debida cuenta de sus intereses políticos, del mismo modo puede consignarse como un factor causal de este tipo de expresiones el contexto general del periodo que, con toda seguridad, hizo que los habitantes de las localidades más afectadas (como San Lorenzo, Camiña y Pica) tomaran partido por una u otra causa dependiendo de la correlación de fuerzas del momento, cuestión que estaría detrás de lo descrito por Remigio Arias en la carta enviada a Lima. En consecuencia, es plausible sostener que entre los realistas convencidos y los decididos partidarios de la causa patriota hubo un número no menor de residentes tarapaqueños que no adhirieron a nada y que estuvieron más preocupados de la alicaída actividad económica a causa de la decadencia de los minerales de Huantajaya y Santa Rosa, o hicieron causa común con uno u otro bando a partir de la lectura intuitiva o informada que tuvieron de los sucesos durante la incursión de la hueste rioplatense encabezada por Peñaranda, los mismos que con toda probabilidad no tuvieron empacho alguno en cambiar su postura de acuerdo con los giros que tomaron los acontecimientos con posterioridad.

En estos términos, un caso paradigmático es la conducta del comandante de la guarnición realista de Tarapacá José Francisco Reyes. Como muchos otros de su estirpe, este militar tuvo razones tanto maduras como precoces, pero por sobre todo coyunturales, para asumir posiciones encontradas en tan breve lapso, remarcando con ello, independiente de los muchos intereses en juego, el complejo escenario que se enfrentaba. Por ello, es que a pesar de que su accionar permitió la captura de Julián Peñaranda y José Choquehuanca librándolo de una acusación por “incitar el desorden” [85], fue pábulo de persistentes rumores sobre su adhesión a los rebeldes, sobre todo por sus vínculos con círculos argentinos producto de su propia trayectoria como la de su padre, diciéndose de él que fue “siempre adicto a la causa del Porteño” y que por este motivo “contravino a las órdenes que le comunicó el subdelegado en la expedición a Atacama, y se frustraron los proyectos de apresar en aquél pueblo a los insurgentes” [86]. De hecho, dos años más tarde, el presbítero Blas de la Fuente puso en duda su protagonismo en la captura de los insurgentes, asignándole este mérito a los vecinos de San Lorenzo de Tarapacá [87]. En contrapartida, las aprehensiones del bando patriota sobre su lealtad a la causa realista tampoco fueron menores. Dos días después de constituido el Cabildo patriótico esta instancia, a petición del síndico procurado Felipe Bustos, le negó el permiso para salir con destino a Tucumán para reunirse con el general José Rondeau, siendo la razón principal la desconfianza, estableciendo a cambio la ida de un reemplazante “escogido de entre los muchos bien adictos a la justa cauza de la Nación Patriótica que existen en el Partido” [88]. José Francisco Reyes, ante esta situación, se vio obligado a demostrar su fidelidad señalando con firmeza:

“La famosa rebolucion fomentada, pero mal sostenida por el finado Castro, en la que obtuve el honor de ser uno de los primeros lugares, cerciorará a V.E. que mis operaciones jamas han sido dirigidas contra la Patria por voluntad, si no por la necesidad y la fuerza que me imponía el Exercito, a quien servía, hasta lograr una proporción que pudiese vindicarme ante los Pueblos de la Unión. [Lealtad que no deja dudas, prosigue, si se toma en cuenta que las armas y soldados entregados a Peñaranda] en medio de aclamaciones de mi tropa y Pueblo [fueron] mas que suficientes para que dicho Teniente Coronel no pudiese introducirse en estos Pueblos, en caso de mi adhesión y patriotismo no me hubieran de antemano dispuesto a esperar [la] oportunidad de ser útil a mi Patria” [89].

También lo es la interesante disputa entre el cura de Camiña, Juan Noriega, y el cantor de la iglesia de esa localidad, Manuel Tamayo, ventilada entre julio y noviembre de 1816, en un juicio eclesiástico por agresiones físicas donde ambos se acusaron de haber sido partidarios de la causa patriota y colaboradores de Peñaranda. De acuerdo con la versión de Manuel Tamayo, la rivalidad se inició cuando un mes antes de la entrada de los insurgentes al partido hizo circular una “carta política” donde se acreditaba el nombramiento como licenciado del capellán de Mocha, Gregorio Morales, que Juan Noriega de forma equivocada lo tomó como un agravio hacia su persona al creer que lo “estaba capitulando y que andaba recojiendo firmas para ello”. Ante esto, junto a sus cómplices Mariano Visa, Pedro Brañes, Antonio Ocharan y Ángel Olcay, comenzó a complotar para hacerlo aparecer ante el vicario y las autoridades políticas de San Lorenzo como “obise de Patriotas” por aspirar a tener un “cura patriota” como “lo era dicho Morales” [90], cuestión que no era cierta [91]. En contrapartida, Juan Noriega argumentó que su malestar comenzó cuando, pocos días antes del ingreso de Peñaranda a San Lorenzo, Manuel Tamayo junto a otros vecinos se dirigió hacia esa localidad para esperarlo y entrevistarlo, en cuya conversación le prometió la entrega de seis mil pesos que se suponía él tenía ocultos en la iglesia de Camiña, oferta que provocó, por una parte, que el insurgente nombrara a Tamayo como secretario y, por otra, que a él le ordenara presentarse con el dinero en la capital del partido. Para su mala suerte, estando en San Lorenzo, donde llegó escoltado por un piquete al mando del comandante Pio Maldonado, le pillaron una carta que había escrito para enviársela al subdelegado de Arica “aciendo relación de la ridícula tropa del Revelde y pidiendo auxilio” [92], lo que le valió sufrir la encarcelación [93].

Reinstalada la autoridad realista en el partido tras la detención de Julián Peñaranda y José Choquehuanca, Juan Noriega no tardó en culpar a Manuel Tamayo de su padecimiento durante los días de ocupación, remitiendo a las autoridades de Arica y Tacna una serie de cartas que vinculaban al cantor de la iglesia de Camiña con el insurgente, sobre todo el requerimiento de encontrar el dinero que se suponía escondido [94]. Lejos de negar su existencia, Tamayo, en su defensa, argumentó que las mencionadas epístolas eran resultado del complot que armó Noriega para acusarlo como realista, iniciada la invasión a efecto de quitarle las tierras que tenía para su manutención mediante el cobro de arriendos. Para ello, en complicidad con el alcalde de Camiña, lo sindicó como delator de las maniobras patriotas destinadas a contrarrestar la “contra rebolucion” formada en San Lorenzo y que consistía en conseguir “fuciles, vocon y bastante cartucho” en coordinación con el insurgente José Choquehuanca para armar un grupo de apoyo. Que en esta condición fue remitido a la fuerza a la capital del partido siendo sometido a audiencia con los “papales fraudulentos creados por Noriega” donde, contra lo esperado, el “intruso para ganar partido y atraerse voluntades” lo dejó en libertad a condición de que averiguara dónde estaba el dinero de la iglesia de Camiña. Así, en fuerza de lo mandatado, le escribió varias cartas con el propósito de andar con “rodeos” a pesar que “tenia evidencia del lugar de su ocultación”. Como Peñaranda al no tener resultados le ordenó de forma perentoria que allanara la iglesia, decidió buscar una justificación para “zafar de este laberinto” y esconderse en la sierra, donde estuvo hasta el término de la invasión [95], encontrándose a su regreso una vez más con la persecución del cura de Camiña. Para avalar aún más sus descargos, Tamayo señaló que si Noriega y sus cómplices no hubiesen ocupado sus energías en complotar en su contra ni “cordoneado el transito de Tana hasta el Mar” Peñaranda no habría entrado al partido de Tarapacá “pues se hubiesen dado los oportunos partes a la plaza de Arica”, pero todo esto lo “pribo este que oy se figura realista, con sus edecanes” [96]. Termina su argumentación solicitando un peritaje de su letra para demostrar el plagio de las misivas.

Si bien ambos relatos se sustentan en marcados sesgos a efecto de validar de forma tendenciosa las posturas en disputa, a su vez evidencian las imbricadas trayectorias de los tarapaqueños entre la condición de realista y patriota, todavía más cuando a pesar de la gravedad de los hechos relatados por ambos litigantes en relación con el contexto generado en Tarapacá tras la invasión de Peñaranda, el juicio no quedó en nada por una solicitud informal del propio Tamayo al juez eclesiástico designado y por el nulo interés de Noriega de insistir en acusar a su contendor de patriota [97]. ¿Qué pasó, se pusieron de acuerdo ambos para evitar una indagación más profunda respecto al actuar que tuvieron durante la ocupación de los insurgentes? Esto es muy probable, sobre todo tomando en cuenta la ventilación legal de la disputa se instaló no a propósito de delatar en exprofeso a un traidor del Rey, sino como resultado de la agresión física de Noriega a Tamayo cuando el primero le solicitó que se disculpara por las habladurías sobre su persona que le costó ser detenido por Peñaranda y el segundo le reprochó de mala manera que no lo haría, siendo este agresivo encuentro el punto culmine de una difícil relación entre el cura y el cantor de la iglesia de Camiña, que adquirió ribetes políticos inesperados a partir de la presencia de las huestes rioplatenses. En efecto, los antecedentes otorgados por ambos permiten visualizar que la adscripción real o funcional a la causa patriota o realista fue parte constitutiva de los tarapaqueños, sobre todo de aquellos que tenían algún interés o requerimiento político. En el caso de Tamayo y Noriega privilegios asociados al papel eclesiástico, como tierras en arriendo y acceso a porcentajes de los tributos cobrados por prestaciones religiosas.

En consecuencia, si bien de la lectura de ambos expedientes se puede colegir con cierto margen que Manuel Tamayo tuvo mayores tentaciones patriotas que Juan Noriega, no puede descartarse que este último no las haya tenido también y que a medida que el escenario fue cambiando ambos derivaron a una sensibilidad realista más explícita, enfrentándose judicialmente a efecto de recuperar lo perdido y, de paso, invisibilizar sus conductas durante la ocupación de los rebeldes.

Un último antecedente, y no por ello menos importante a razón de verificar la existencia de patriotas activos en Tarapacá, es la posibilidad de que parte de las posturas revolucionarias explicitadas a partir de la invasión de 1815 se sustentaran tanto en la potencial influencia que pudieron ejercer los conspiradores de las fallidas revueltas de Oruro y La Paz de 1809 y 1810 que buscaron refugio en este alejado y desértico partido [98], todavía más cuando estos rebeldes encontraron residentes que habían experimentado la insurrección que había encabezado un díscolo militar español en Iquique y Huantajaya en 1808 [99], como en la estela política que dejó una extensa excursión por toda la sierra tarapaqueña llevada a cabo por el propio Julián Peñaranda en 1813-1814 por mandato de Manuel Belgrano y Enrique Paillardelle con el propósito de incitar a las poblaciones locales a adherirse a la causa rebelde iniciada en Tacna [100]. De este modo, si bien hasta la invasión de Julián Peñaranda en octubre de 1815 la causa independentista no llegó a ser un acontecimiento que tocara de manera directa las puertas de los hogares de los tarapaqueños, tampoco les fue una cuestión desconocida por completo.

De este modo, el ambiente que propició la revuelta de Huantajaya siete años más tarde se vinculó con las secuelas políticas que dejó la incursión de Peñaranda, incluyendo definiciones más nítidas y decididas por parte de los partidarios de la causa emancipadora como, a su vez, una lectura más aguda de distintos actores respecto a la relación no siempre coincidente entre lo que estaba en juego en la guerra y sus propios intereses, sobre todo con la sombra a cuestas de una región que en lo económico dependía de la precarizada explotación de la plata del yacimiento de Huantajaya, de una agricultura mínima que tenía además por mercado consumidor las vacilantes faenas mineras adyacentes y una incipiente y todavía muy frágil extracción de salitre.

Por ello no es extraño que, si bien entre 1816 y 1821 la movilización y reclutamiento de tropas generó aprobación y aceptación entre los residentes del partido por adhesión, temor o conveniencia subrepticia, este estado de guerra latente no tardó en generar dificultades y críticas por su impacto en la actividad económica, lo que llevó al ayuntamiento de San Lorenzo de Tarapacá, con fecha 8 de agosto de 1822, a dirigirse al subdelegado y comisionado del comandante general de las tropas estacionadas en el partido con el objetivo de manifestarle con dureza su preocupación por los “gravísimos perjuicios” que ha “producido la recluta en aquellos pueblos que esencialmente dependen de la agricultura y del trabajo de las minas de Guantajaya, y que notoriamente carecen de brazos suficientes al fomento de estos ramos” [101], poniendo en el tapete que a esta altura de los acontecimientos para muchos tarapaqueños había una distancia asimétrica no menor entre sus intereses inmediatos y domésticos y la mantención de la tranquilidad y la adhesión a la causa realista o patriota.

Descontando el hecho de que para 1822 en el partido de Tarapacá habían declarados realistas y no eran pocos, la revuelta de Huantajaya dejó por primera vez en evidencia la presencia de confesados y comprometidos patriotas. Así, los alcances políticos de esta sublevación son sugerentes, aún más tomando en cuenta el contexto en que se dio: la declaración de independencia del Perú de julio de 1821 y el incremento de las críticas de los vecinos del partido a la militarización forzada tomando en cuenta la crisis económica, reclamo que fue formalizado apenas tres meses después de la ocurrencia de esta rebelión.

En efecto, los que encabezaron esta revuelta tuvieron una explícita y formal conexión con los patriotas, y en estos términos es que tensionaron el ambiente con el propósito de aprovechar tanto la coyuntura de la elección de las autoridades edilicias de Huantajaya como el descontento social que comenzó a acentuarse por la abrupta caída de la producción de plata como por la incomodidad de los grupos subalternos producto de la estructura de castas que les había negado derechos políticos [102]. La referencia aparecida en la pesquisa judicial de que Pascual Flores tuvo previsto marchar hacia Camiña para, desde este lugar, pedir “auxilio a Arica” donde estaba el “Ejercito de la Patria” a cargo del comandante Guillermo Miller, da cuenta de esta ligazón [103], todavía más cuando estaba el antecedente de que en 1817 ya había sido enjuiciado por agredir en Huantajaya, aduciendo argumentos políticos, al declarado realista Manuel Hidalgo Bustamante [104]. También el antecedente de que la conspiración en realidad comenzó un año antes con la resistencia a la constitución del Cabildo del mineral de Santa Rosa, acción resultante de la complicidad entre Pascual Flores y Manuel Demetrio Contreras para que fuera este último elegido alcalde, cuestión que en efecto ocurrió en Huantajaya en mayo de 1822 [105]. En consecuencia, la elección de Demetrio Contreras habría sido resultado de una estrategia para poner en los mencionados yacimientos de plata una autoridad afín a la causa patriota. De hecho, se atestigua que este ya electo alcalde, en respuesta a la carta que se le entregó el 16 de mayo, se dirigió a los peones en desacato como “compatriotas” [106], es decir, en un evidente lenguaje revolucionario para la época. Del mismo modo, el que se señalara que uno de los más fieles seguidores de Pascual Flores había sido Jacinto Choquehuanca, hijo del insurgente José Choquehuanca, que tuvo participación protagónica en los hechos de 1815 [107], como la afirmación de que Pascual Flores tenía presupuestado, en caso de fracasar el motín, huir en una “embarcación patriota” a Arica, denotando con ello vínculos formales con las huestes de Guillermo Miller que allí estaban acantonadas [108].

A lo anterior, además dos datos muy reveladores. Por una parte, la constancia expedida el 20 de febrero de 1823 por el general de división Mariano Portocarrero acreditando que Pascual Flores había reclutado y embarcado al Callao, tras ser sofocada la insurrección que encabezó en Huantajaya, veinte voluntarios oriundos de Tarapacá, siendo investidos todos ellos con distintos grados militares en el ejército patriota: Pascual Flores, comandante; José Palza, teniente primero; Antonio Fuente, teniente segundo; Ildefonso Luza, subteniente primero; Jacinto Choque, subteniente segundo; Manuel Véliz, sargento primero; José Luis Soto, sargento segundo; Pacible Perea, cabo primero; Gregorio Solano; Eustaquio Perea; Nicomedes Martínez; Agustín Vernal; Facio Morales; Benito Rivera; José Gómez; Manuel Condori; Rafael Viveros; Bernardo Capetillo; Manuel Quispe; Siprino Pérez; Mariano Loroña y Mariano Morales soldados [109]. Por otra, que esta acción Pascual Flores la había ejecutado como parte de un plan propuesto en 1822 por el propio Mariano Portocarrero de invadir Tarapacá con una pequeña expedición militar, lo que no se llevó a cabo porque el gobierno asentado en Lima no lo creyó oportuno [110].

Por si fuera poco, ratificando la adhesión explícita de los sublevados de Huantajaya a la causa de la independencia del Perú, a fines de 1824 Mariano Flores, hermano de Pascual, fue sometido en Huantajaya a un nuevo juicio por desacato a la autoridad, por haberle propinado golpes al alcalde y declarar que “no se le daba nada”, ya que lo hacía por “la patria que se hallaría en Tarapacá y la ley” [111]. Todavía más, el cura de este asiento minero, Anselmo Reyes, el mismo que ayudó a Felipe Velando a contener la muchedumbre a inicios de la revuelta, fue censurado por “patriota” aplicándole el subdelegado, a insistencia de algunos vecinos y el municipio, la pena de expulsión dejando en abandono la atención de la iglesia por largo tiempo [112].

En estos términos, Huantajaya fue testigo privilegiado de la entrada de los residentes de Tarapacá al transcurrir histórico del siglo xix. La revuelta de 1822 no solo puso en el tapete la compleja emergencia de la ciudadanía republicana, sino, además, la postura de muchos tarapaqueños sobre el proceso independentista del Perú al convertirse este alzamiento en el otrora afamado yacimiento de plata en una batalla de “gente inferior” [113] contra “ciudadanos vecinos” [114].

CONCLUSIONES

En mayo de 1824 los mineros Francisco de Soto, Alejandro Barreda y Manuel Demetrio de Contreras con ataviada amargura le señalaron al subdelegado que la orden de reparar la iglesia de San Lorenzo utilizando la plata labrada que estaba escondida en Huantajaya era el “único consuelo [de las] atribulaciones y los consternados y llenado de conflicto [que habían padecido a causa] de la rebolucion”, sobre todo al ver el principal templo del partido “como las mas triste choza [respecto al] tamaño que era” [115].

Detrás de estas sentidas palabras, a pocos meses de que se consolidara la independencia del Perú con los triunfos en Junín y Ayacucho, hubo más que una declaración a favor o en contra de las posturas debatidas por largo tiempo en los campos de batalla de las letras y las balas; más bien lo que se manifestó fue la necesidad catártica de poner en evidencia que el proceso independentista, no obstante lo desértico y distante de los parajes tarapaqueños, lo habían experimentado con la misma intensidad que en los centros nucleares, aunque en una escala menor, es decir, sin grandes batallas, redenciones y héroes [116]. En estos términos, la relación entre el escenario instalado por la guerra y el requerimiento de dar cuenta de sus intereses particulares es lo que sustentó las posiciones que asumieron realistas o patriotas tarapaqueños, aspecto acentuado si se toma en cuenta que con regularidad las ideas, las noticias, las proclamas, entre otros, llegaron tarde o alteradas. Precisamente esto es lo que aquilató el presbítero de San Lorenzo, Blas de la Fuente, cuando comentó, a inicios de 1817, que tras la invasión de Julián Peñaranda los vecinos quedaron tan “sorprendidos de la misma fuerza de los que mandaban el partido a nombre del Rey” que no tuvieron otra opción que estar en “espectacion alas resueltas” [117].

En estos términos, un aspecto revelador fue la conducta de la élite tarapaqueña, la que en sus acciones y decisiones buscó como prioridad mantener inalterable su cuota de poder no obstante los vaivenes coyunturales, asumiendo, de esta manera, posturas, por más dispares que fueran, que le permitieran que su privilegiada posición no fuera afectada en lo más mínimo, más allá de convenir que muchos de ellos en efecto fueron realistas o patriotas. Es el caso de José Bacilio Carpio que a pesar de ser regidor del “cabildo patriótico” instaurado por Peñaranda en 1815, tras la restauración realista no sufrió juicio alguno, incluso más, fue integrante de varios cabildos realistas posteriores de San Lorenzo de Tarapacá hasta que, a inicios de la década de 1820, se manifestó partidario de la rebeldía independentista. Instaurada la república ejerció hasta la década de 1840 todos los cargos posibles, salvo el de subprefecto, cuando volcó sus energías a afianzar su posición de opositor a Ramón Castilla [118]. De este modo, a la par de los vaivenes externos hubo una continuidad en las relaciones de poder locales, afianzándose con ello la relación funcional de los tarapaqueños, sobre todo la de su élite, con el proceso independentista y las definiciones políticas.

En contraste, los sectores populares aparecen muy diluidos a condición, sin duda, de una estructural subordinación amparada por patriotas y realistas, denotando con ello lo que ya muchos han señalado con sólidos fundamentos de las sustanciales limitaciones, en cuanto a derechos civiles y políticos, del proyecto emancipador. Prueba de ello es la determinación de Julián Peñaranda de no convocar en 1815 a los vecinos del pueblo de Sibaya al “cabildo patriótico” de San Lorenzo de Tarapacá y tener la posibilidad de ser elegidos por el solo hecho de ser indios, como la postura de Felipe Velando desde el polo opuesto al negarles en 1822 a los trabajadores pardos, indios y mestizos de Huantajaya ser partícipes del “cabildo realista”. En consecuencia, desde los sectores populares tarapaqueños el meollo no estuvo en asumir posiciones patriotas o realistas, sino el no ser constitutivos de ciudadanía, un anhelo que con seguridad se instaló tras la discusión transversal sobre los alcances de la soberanía popular generada por la constitución de Cádiz de 1812 [119], además de las consecuencias políticas que dejaron las sublevaciones de Túpac Amaru, Túpac Catari y Tomás Catari de fines del siglo xviii [120]. Ahora bien, se puede aquilatar como un factor de contención adicional en el caso particular de las poblaciones indígenas la situación de pobreza que sufrieron durante este periodo, tal como lo delata el referido caso de Sibaya. Por tanto, la primacía acentuada de las reivindicaciones económicas terminó mediatizando las demandas políticas.

Junto a este entramado complejo se sumó, dando consistencia a las particularidades que adquirió el proceso independentista en Tarapacá, el hecho de que mientras transcurrían y se desplegaban los efectos de la guerra dando curso a transformaciones macroestructurales, este apartado territorio comenzó a experimentar su propia microtransición entre el fin del ciclo de la plata que había dominado sin contrapeso desde el siglo xviii y la emergencia de un lento, frágil y carenciado ciclo salitrero que, para la década de 1820, se comenzó a asomar con timidez, altibajos productivos y una recurrente precariedad. Con esto, a los tarapaqueños les tocó experimentar la conjunción de dos componentes (la crisis política general y la crisis económica local) que hicieron que las décadas de 1810 y 1820 no les fueran nada de fáciles; todavía más cuando al interrelacionarse terminaron por amplificar los efectos domésticos del estado de guerra.

Dicho lo anterior, cabe tener algunas precauciones a debida cuenta de las limitaciones de las fuentes disponibles. Si bien la conexión con las dinámicas del Alto Perú y Atacama fueron manifiestas y entendibles dada la cercanía de Tarapacá con estos espacios, esto no implicó una desvinculación con el sur del virreinato (Arica, Tacna y Arequipa), con el cual no solo hubo una dependencia administrativa, sino, además, vínculos comerciales y sociales de larga data [121]. La información eclesiástica usada revela la permanencia de estos lazos aun en los momentos más álgidos que experimentó el partido tarapaqueño, también en la documentación de los militares asignados a esta zona que se lograron encontrar y, si bien estas son muy acotadas y centradas en aspectos económicos, no dejan de derivar posibilidades en otros ámbitos. Lamentablemente al no poder contar con los papeles del archivo del partido de Tarapacá como de los cabildos de San Lorenzo, Pica, Sibaya y Huantajaya, la dimensión administrativa y política de este nexo queda minimizada. En estos términos, interrogantes tales como si las redes de poder entre las élites tarapaqueña y arequipeña solventadas desde el periodo colonial se vieron alteradas por cuestiones funcionales o por diferencias derivadas de posturas políticas opuestas, o si llegaron o no las influencias intelectuales y políticas revolucionarias emergidas en Arequipa, Cuzo y Tacna a este lejano paraje, no son posibles de abordarlas en toda su extensión. Por ahora, solo se puede acceder a fragmentos derivados del tipo de antecedentes disponibles. Por ejemplo, que Ramón Castilla, al ser nombrado por Simón Bolívar en 1824 como la primera autoridad del Perú independiente, no implicó un cambio radical en las relaciones del poder local, sino, más bien, fue una expresión de una inflexión bastante atenuada, toda vez que no varió que las funciones administrativas de Tarapacá fueron ocupadas, en gran medida, por los mismos que durante los últimos años del periodo colonial y durante todo el lapso de la guerra por la independencia tuvieron papeles políticos. Por otro lado, la nula referencia de proclamas, manifiestos o catecismo políticos rebeldes generados en este partido, permite presumir con cautela que los patriotas tarapaqueños pudieron ser más bien pasivos, aprovechando apenas cuestiones circunstanciales para manifestarse. Quizá aquí esté la razón del por qué entre 1822 y 1824 el partido de Tarapacá siguió en lo formal, no obstante la rebelión de Huantajaya, bajo la tutela de los realistas cuando el resto del virreinato tras el desembarco de José de San Martín en 1820 comenzó a estar bajo el control de los patriotas.

Lo que se puede señalar, entonces, es que en el ocaso del proceso independentista para muchos tarapaqueños lo que resumió la experiencia vivida no fue la defensa del Rey o de la patria, sino los costos económicos que habían pagado por la crisis de la minería de la plata acentuada por la guerra y el interés por mantener estable la correlación de fuerzas locales, generando con ello un vertiginoso aprendizaje que los llevaría, poco tiempo más tarde, a realizar sus propias traducciones socio-políticas a debida consideración que estaban situados en los márgenes de la naciente nación que comenzaba a cristalizarse. Por lo mismo, el cambio político-administrativo que provocó el proceso independentista en los áridos parajes de Tarapacá no implicó un reacomodo radical en el ejercicio del poder, más allá de que se fuera adherente o no a la causa patriota o realista, sino, más bien, un ajuste paulatino y, por momentos, contradictorio, donde se mantuvieron funcionando viejas estructuras al amparo de las nuevas coberturas institucionales que comenzaron a imponerse no exentas de dificultades [122].

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REFERENCIAS

[1] Este artículo forma parte del proyecto Fondecyt Nº 1170066.

[2] Rubén Vargas Ugarte, “Insurrección de Tacna y Tarapacá. Nuevos documentos”, en Revista de la Universidad Católica del Perú, año 1, Nº 1, Lima, 1932, pp. 9-22.

[3] Carlos Donoso, “El puerto de Iquique en tiempos de administración peruana”, en Historia, Nº 36, Santiago, 2003, pp. 123-158; Carlos Donoso, Estado y sociedad en Iquique bajo administración peruana 1821-1873, tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Santiago, Universidad de Chile, 2007, pp. 96-114. Inédita.

[4] Manuel de Mendiburu, Diccionario histórico-biográfico del Perú, Lima, Imprenta Enrique Palacios, 1931, tomo i; Vicente Dagnino, El ayuntamiento de Tacna, Tacna, Taller Tipográfico de Carlos García Dávila, 1910.

[5] Pablo Guerrero, Buscando la ciudadanía: Las demandas sociales y el discurso oficial (San Agustín de Huantajaya 1815-1825), tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Valparaíso, Universidad de Valparaíso, 2010. Inédita.

[6] Paulo Lanas, “El partido de Tarapacá y el extremo sur del virreinato peruano durante la revolución cuzqueña de 1814”, en Scarlett O’Phelan Godoy (ed.), 1814: La junta de gobierno del Cuzco en el sur andino, Lima, IFEA / PUCP, 2016, pp. 409-433; Paulo Lanas, “Tarapacá: una periferia virreinal en tiempos de independencias”, en Juan Carlos Estenssoro y Cecilia Méndez (eds.), Narra la independencia desde tu pueblo 1. Huacho, Arequipa, Tarapacá, Lima, IFEA / IEP, 2017, pp. 105-141.

[7] Alberto Díaz y Germán Morong, “De miserias y desiertos. Indios y tributación en el sur peruano. Sibaya 1822”, en Diálogo Andino, Nº 26, Arica, 2005, pp. 59-77; Carolina Figueroa, “Continuidad y cambio: la institución del cacicazgo y la problemática de la ciudadanía en Tarapacá (norte de Chile), desde el período Tardo Colonial hasta 1837”, en Revista Andina, Nº 46, Cuzco, 2008, pp. 61-84.

[8] “Relación methodica de la Doctrina de Tarapacá y de los Minerales y Aguas Termales de su Partido”, Tarapacá, 4 de julio de 1802, en Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Archivo de Límites (en adelante MREP.AL), TAC-16, leg. 419, f. 54v.

[9] “Carta del cura de Pica Antonio Baltierra al vicario capitular Francisco Xavier Echeverría”, Pica, 27 de mayo de 1817, en MREP.AL, TAC-20, leg. 420, f. 28v.

[10] “Padrón general de la Doctrina de Sibaya”, 1813, en MREP.AL, TAP-2, leg. 420, f. 14r; “Padrón de la Parroquia de San Lorenzo de Tarapacá”, 1814, en MREP.AL, TAP-3, leg. 420, f. 63r; “Padrón de la Doctrina de San Andrés de Pica”, 1814, en MREP.AL, TAP-4, leg. 420, f. 48v.

[11] “Relación methodica de la Doctrina de Tarapacá y de los Minerales y Aguas Termales de su Partido”, Tarapacá, 4 de julio de 1802, en MREP.AL, TAC-16, leg. 419, fs. 54r-55v.

[12] Op. cit., f. 54v.

[13] La historia de este ciclo minero y de sus yacimientos en: Carlos Donoso, “Prosperidad y decadencia del mineral de Huantajaya: Una aproximación”, en Diálogo Andino, Nº 32, Arica, 2008, pp. 59-70; María Concepción Gavira, “Producción de plata en el mineral de San Agustín de Huantajaya (Chile), 1750-1804”, en Chungará, vol. 37, Arica, 2005, pp. 37-57; Sergio Villalobos, La economía de un desierto. Tarapacá durante la Colonia, Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1970, pp. 117-237.

[14] José Deustua, “Guano, salitre, minería y petróleo en la economía peruana, 1820-1830”, en Carlos Contreras (ed.), Compendio de historia económica del Perú, Lima, IEP / BCRP, 2011, tomo 4, p. 166; Kendall Brown & Alan Graig, “Silver mining at Huantajaya, Viceroyalty of Peru”, in Alan Craig & Robert West (eds.), In Quest of Mineral Wealth. Aboriginal and Colonial Mining and Metallurgy in Spanish America, Baton Rouge, Lousiana State University Press, 1994, p. 317.

[15] “Oficio del diputado territorial Antonio Vigueras al real tribunal de Minería de Lima sobre la visita y azoguería del mineral de Huantajaya”, Tarapacá, 9 de febrero de 1809, en Archivo General de la Nación del Perú (en adelante AGNP), Real Tribunal de Minería, leg. 24, doc. 460, f. 1v.

[16] José Deustua, La minería peruana y la iniciación de la república, 1820-1840, Lima, IEP, 1986, pp. 96-102; Deustua, “Guano, salitre…”, op. cit., p. 166; Brown & Graig, op. cit., p. 317.

[17] “Carta del cura de Pica al obispo de Arequipa”, Pica, 12 de junio de 1801, en MREP.AL, TAC-15, leg. 419, f. 11v.

[18] “Cuenta del cura de San Lorenzo de Tarapacá al obispo de Arequipa”, Huantajaya, 2 de junio de 1813, en Archivo del Arzobispado de Arequipa (en adelante AAA), Tarapacá, leg. 2, s/f.

[19] Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1991, vol. 5; Germán Carrera (ed.), Historia de América Andina, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2003, vol. 4.

[20] Vargas Ugarte, op. cit., pp. 10-14; Jorge Basadre, “La serie de probabilidades dentro de la emancipación peruana”, en Carlos Contreras y Luis Miguel Glave (eds.), La independencia del Perú ¿Concedida, conseguida, concebida?, Lima, IEP, 2015, p. 81; Ricardo Asebey, “Charcas y Buenos Aires: Guerrilla, relación e independencia”, en Rossana Barragán et al., Reescrituras de la Independencia. Actores y territorios en tensión, La Paz, Coordinadora de Historia / Plural / Academia Boliviana de la Historia, 2012, pp. 385-432.

[21] María Luisa Soux, El proceso de la independencia en Oruro: guerra, movimientos sociales y ciudadanía 1808-1826, tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Sociales, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010, p. 129. Inédita; Asebey, op. cit., pp. 405-430.

[22] Alexis Arévalo, “En honor al bicentenario de Francisco Antonio de Zela y el primer grito libertario”, en Mercurio Peruano. Revista de Humanidades, Nº 524, Piura, 2011, pp. 51-66; Basadre, op. cit., pp. 81-82; David Cahill, “Una visión andina: el levantamiento de Ocongate de 1815”, en Histórica, vol. xii, Nº 2, Lima, 1988, pp. 133-159; Rómulo Cúneo Vidal, Historia de las insurrecciones de Tacna por la Independencia del Perú, Lima, Talleres Gráficos P.L. Villanueva, 1961; Dagnino, op. cit., p. 21; Luis Antonio Eguiguren, La revolución de 1814, Lima, Oficina Tipográfica de la Opinión Nacional, 1914; Luis Miguel Glave, “Guerra, política y cultura en la génesis de la independencia andina, 1808-1815”, en Nueva Corónica, Nº 2, Lima, 2013, pp. 189-230; De Mendiburu, op. cit., pp. 124-125; Núria Sala i Vila, Y se armó el Tole Tole. Tributo indígena y movimientos sociales en el virreinato del Perú, 1784-1814, Huamanga, IER José María Arguedas, 1996; María Luisa Soux, El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826). Guerra, ciudadanía, conflictos locales y participación indígenas en Oruro, La Paz, IFEA / Plural / ASDI / IEB, 2010; María Luisa Soux, “Rebelión, guerrilla y tributo: los indios en Charcas durante el proceso de independencia”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 68, Nº 2, Sevilla, 2011, pp. 455-482; Vargas Ugarte, op. cit., pp. 9-13.

[23] Julián Peñaranda era oriundo del Cuzco y tuvo una activa participación en las revueltas de Tacna de 1813 y de Cuzco en 1814. Las referencias sobre José Choquehuanca son muy genéricas. Apenas se menciona su condición de indígena y tener trayectoria como rebelde. Cabe la posibilidad de que haya sido parte del linaje del cacique de Azángaro, Manuel José Choquehuanca, que mantuvo una rebelión entre 1811 y 1812 en la región del Cuzco. También es factible la opción de que fuera oriundo de la zona o afincado en ella por largo tiempo, sobre todo a partir de la alusión de que un hijo suyo, Jacinto, participó en la revuelta de Huantajaya de 1822, como también por el hecho de que en algunos documentos a ambos se les identifica como los Choque, un apellido de origen aymara muy extendido en la zona. De ser cierto esto último, es decir, que este personaje se haya llamado José Choque y no José Choquehuanca, remite a la probabilidad de un error de las autoridades realistas de Tarapacá en su identificación inducido por el impacto del liderazgo indígena en la rebelión del Cuzco.

[24] “Carta de Peñaranda a Rondeau”, Tarapacá, 29 de octubre de 1815, en Archivo General de la Nación Argentina (en adelante AGNA), sala X, leg. 4-1-2, s/f; Gazeta de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1815, p. 143.

[25] “Razón del armamento, tropa, municiones y pertrechos entregados el Theniente Coronel D. Julian Peñaranda”, Tarapacá, 28 de octubre de 1815, en AGNA, sala X, leg. 4-1-2, s/f; “Carta de Peñaranda a Rondeau”, Tarapacá, 29 de octubre de 1815, AGNA, sala X, leg. 4-1-2, s/f; Gazeta de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1815, p. 144; “Carta de José Rondeau al gobernador de Córdoba José Díaz”, Sipe, 22 de noviembre de 1815, en Luis Güemes, Güemes documentado, Buenos Aires, Plus Ultra Viamonte, 1980, tomo 3, p. 87.

[26] De Mendiburu, op. cit., p. 125; Dagnino, op. cit., p. 21.

[27] “Carta de Remigio Arias”, Tacna, 28 de septiembre de 1815, en Vargas Ugarte, op. cit., p. 16.

[28] Op. cit., pp. 15-16.

[29] “Carta de Peñaranda a Rondeau”, Tarapacá, 29 de octubre de 1815, en AGNA, sala X, leg. 4-1-2, s/f; Gazeta de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1815, p. 143.

[30] Manuel Almonte, como muchos otros, terminó por pasarse al bando patriota, antecedente que se ratifica en una serie de cartas emitidas entre agosto y septiembre de 1816 entre los militares rioplatenses Martín Güemes y Juan José Fernández Campero, donde se indica al que había sido subdelegado de Tarapacá como “el teniente coronel que se nos ha pasado del enemigo”. En Güemes, op. cit., tomo 4, p. 30; Güemes, op. cit., tomo 6, pp. 111-120.

[31] “Acta de constitución del Cabildo Patriótico de Tarapacá”, Tarapacá, 24 de octubre de 1815, en AGNA, sala X, leg. 4-1-2, s/f.

[32] Gazeta de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1815, p. 144; “Carta de José Rondeau al gobernador de Córdoba José Díaz”, Sipe, 22 de noviembre de 1815, en Güemes, op. cit., tomo 3, p. 87.

[33] “Acta de constitución del Cabildo Patriótico de Tarapacá”, Tarapacá, 24 de octubre de 1815, en AGNA, sala X, leg. 4-1-2, s/f.

[34] Vargas Ugarte, op. cit., p. 15.

[35] “Carta de Peñaranda a Rondeau”, Tarapacá, 29 de octubre de 1815, en AGNA, sala X, leg. 4-1-2, s/f; Gazeta de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1815, p. 144.

[36] “Carta de Remigio Arias”, Tacna, 21 de diciembre de 1815, en Vargas Ugarte, op. cit., p. 16; “Pedimento suscrito por el presbítero Blas de la Fuente y Loayza”, Tarapacá, 11 de febrero de 1817, en Archivo Regional de Tacna, Corregimiento y Partidos (en adelante ART.CP), Gobierno, leg. 1, s/f.

[37] “Carta de Remigio Arias”, Tacna, 21 de diciembre de 1815, en Vargas Ugarte, op. cit., pp. 16-17; “Pedimento suscrito por el presbítero Blas de la Fuente y Loayza”, Tarapacá, 11 de febrero de 1817, en ART.CP, gobierno, leg. 1, s/f.

[38] “Carta de Remigio Arias”, Tacna, 21 de diciembre de 1815, en Vargas Ugarte, op. cit., pp. 16-17.

[39] Op. cit., p.17.

[40] Dagnino, op. cit., p. 22.

[41] Tacna, 12 de abril de 1817, en ART.CP, Instrumentos Públicos y Pedimentos, leg. 1, pza. 245, s/f.

[42] “Carta del cura de Pica Antonio Baltierra al vicario capitular Francisco Xavier Echeverría”, Pica, 27 de mayo de 1817, en MREP.AL, TAC-20, leg. 420, fs. 29v-29r.

[43] “Sumario contra Vicente Granadino por sedición”, Tarapacá, marzo 1817 a abril 1819, en Archivo Nacional de Chile, Judicial de Iquique, Criminal (en adelante AJI.C), leg. 1524, pza. 6, s/f.

[44] Tacna, 16 de agosto de 1819, en AGNP, Real Tribunal de Minería para otros Fondos (en adelante RTMOF), Revista de la Compañía Militar de Infantería del partido de Tarapacá (en adelante RCMIT), leg .60, doc. 58, fs. 25v-26v.

[45] Tarapacá, 5 de octubre de 1819, en AGNP, RTMOF, RCMIT, leg. 60, doc. 58, fs. 1v-3v.

[46] En premio a este servicio al Rey cada cacique recibió veinticinco pesos, además de quince pesos que fueron entregados por parte iguales a los indios que ayudaron en esta acción, sacados de las Cajas Reales de Tacna. Tarapacá, 17 de noviembre de 1819, en AGNP, RTMOF, RCMIT, leg. 60, doc. 58, f. 9v; Tarapacá, 17 de enero de 1820, en AGNP, RTMOF, RCMIT, leg. 60, doc. 58, fs. 19v y 20v-20r.

[47] El “insurgente” era Gaspar Aramayo que en 1818 asumió como subdelegado y comandante militar del partido de Atacama por orden de Manuel Belgrano, papel que desempeñó hasta 1820.

[48] Tarapacá, 23 de marzo de 1820, en AGNP, RTMOF, RCMIT, leg. 60, doc. 58, fs. 27v-28v.

[49] Los Pozos fue un punto habitable aledaño al pueblo de La Tirana, en plena pampa del Tamarugal, llamado de esta manera porque ahí había una fuente artificial de agua bebestible que ocupaban, entre otros, los trabajadores de los buitrones donde se lixiviaba la plata extraída desde el yacimiento de Huantajaya, instalaciones que debía cuidar el destacamento realista.

[50] Matilla, 29 de febrero de 1820, en AGNP, RTMOF, RCMIT, leg. 60, doc. 58, f. 21v.

[51] Tarapacá, 19 de septiembre de 1820, en AGNP, RTMOF, RCMIT, leg. 60, doc. 58, f. 32v; Lanas, “Tarapacá: una periferia…”, op. cit., pp. 136-137.

[52] Manuel de Odriozola, Documentos históricos del Perú colectados y arreglados por el coronel de caballería de ejército fundador de la independencia, Lima, Imprenta del Estado, 1872, tomo 3, pp. 359-360.

[53] Donoso, “El puerto de Iquique…”, op. cit., p. 127; Donoso, “Estado y Sociedad…”, op. cit., pp. 102-103.

[54] Donoso, “El puerto de Iquique…”, op. cit., p. 127; Donoso, “Estado y Sociedad…”, op. cit., pp. 108-110; Andrés García Camba, Memorias del general García Camba para la historia de las armas españolas en el Perú 1822-1825, Madrid, Editorial América, 1916, tomo ii, pp. 40-41; Campaña en las costas de Arequipa; terminada por la batalla de Moquehua el 21 de enero de 1823. Escrita por un oficial de Estado Mayor, Lima, Imprenta del Ejército, 1823, pp. 1-4.

[55] De Odriozola, op. cit., tomo 5, Lima, Imprenta del Estado, 1873, pp. 317-318; García Camba, op. cit., pp. 71-72; Campaña en las costas…, op. cit., pp. 17-18, 24; Gazeta del Gobierno Legítimo del Perú, Cuzco, 4 de marzo de 1823, en Colección Documental de la Independencia del Perú, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1973, tomo xxii, vol. 3, pp. 193-194.

[56] Una descripción detallada y los alcances políticos posteriores de esta batalla, que fue la única de cierta proporción que experimentó Tarapacá durante el proceso independentista, se abordan en Donoso, “Estado y Sociedad…”, op. cit., pp. 108-110. Para referencias de Manuel Taramona y Pedro de la Rosa como héroes tarapaqueños de la independencia del Perú véase El Mercurio de Tarapacá, Iquique, 23 de marzo de 1861, p. 2; El Mercurio de Iquique, Iquique, 12 de febrero de 1870, pp. 1-2; El Mercurio de Iquique, Iquique, 13 de marzo de 1870, pp. 2-3; El Mercurio de Iquique, Iquique, 5 de abril de 1870, p. 2; El Mercurio de Iquique, Iquique, 27 de abril de 1870, p. 1; El Mercurio de Iquique, Iquique, 5 de junio de 1870, p. 2.

[57] El Callao, 22 de mayo de 1823, en AGNP, RTMOF, RCMIT, leg. 60, doc. 97, f. 1v.

[58] “Carta de José Ignacio Cárdenas al obispo de Arequipa José Sebastián Goyeneche”, Camiña, 21 de junio de 1821, en MREP.AL, TAC-21, leg. 420, f. 40v.

[59] Arequipa, 23 de agosto de 1822, en Archivo de la Municipalidad de Arequipa (en adelante AMA), LAC-29, Libro de Sesiones de la Excelentísima Diputación Provincial de Arequipa instalada el día 3 de junio de 1822 (en adelante LSDPA 3-6-1822), sesión 21, s/f.

[60] Díaz y Morong, op. cit., pp. 69-74.

[61] Una revisión sinóptica del Fondo Judicial de Iquique existente en el Archivo Nacional de Chile para los años 1820-1824, permite graficar esta tendencia, tanto por el aumento de casos por diferencias de este tipo como por los argumentos políticos –velados en algunos y explícitos en otros– referidos a las posturas que estaban en juego utilizadas para legitimar posiciones o denostar a la contraparte y así lograr una resolución a favor. También por el aumento de juicios por agresiones físicas ligadas a discusiones políticas.

[62] “Carta del cura de Huantajaya Valentín Vargas Reyes al obispo de Arequipa”, Huantajaya, 29 de noviembre de 1821, en AAA, Tarapacá, leg. 4, s/f.

[63] “Declaración del teniente coronel Felipe Velando”, Tarapacá, 20 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 10v.

[64] La asamblea para elegir las nuevas autoridades se realizó entre los días 10 y 11 de mayo, recayendo las nuevas designaciones en Manuel Demetrio Contreras (vecino de Huantajaya) como alcalde; Francisco de Soto, Manuel Quevedo, Juan Bautista Romero de Santa Rozas y Jacinto Velazco (los dos primeros residentes de Huantajaya y los dos últimos de Iquique) como regidores y Ermenegildo García Manzano como síndico procurador.

[65] “Declaración de Manuel Suza”, Tarapacá, 20 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 41v; “Declaración del escribano público, minas y registro de San Lorenzo Prudencio Luza”, Tarapacá, 20 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 51v.

[66] “Declaración del administrador de renta y correo Francisco Marquezado”, Tarapacá, 20 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 21v.

[67] “Declaración del escribano público, minas y registro de San Lorenzo Prudencio Luza”, Tarapacá, 20 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 50v; “Carta al alcalde Manuel Demetrio Contreras”, Huantajaya, 16 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 111v.

[68] “Carta del síndico procurador Ermenegildo García Manzano”, Huantajaya, 20 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 61v; “Carta de los vecinos de Huantajaya y Santa Rosa”, Huantajaya, 22 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 60v; “Carta de Juan Bautista Romero”, Santa Rosa, 20 de mayo de 1822, AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 71v.

[69] “Oficio de Felipe Velando”, Tarapacá, 22 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 81v; “Carta de Felipe Velando al alcalde de Huantajaya Manuel Demetrio Contreras”, Tarapacá, 23 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 90v.

[70] La razón por la que Juan Jara Zúñiga dirigió sus tropas a la casa de Pascual Flores esa noche, fue porque en ellas los líderes de los amotinados estaban reunidos disfrutando una tertulia y, según testigos directos, planificando, además, nuevas acciones para profundizar y extender la reivindicación de ciudadanía.

[71] “Nota de Juan Jara Zúñiga a Felipe Velando”, Huantajaya, 25 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 151v; “Nota de Felipe Velando”, Tarapacá, 26 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 161v; “Parte del comandante de la guarnición de Huantajaya Juan José Zúñiga”, Santa Rosa, 28 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 201v.

[72] “Nota de Manuel Hidalgo Bustamante”, Pampa del Tamarugal, 29 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, fs. 240r-241v; “Parte del comandante de la guarnición de Huantajaya Juan José Zúñiga”, Santa Rosa, 28 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 201v.

[73] “Oficios de Mariano Portocarrero al secretario del departamento de Guerra y Marina”, Lima, 13 y 20 de febrero de 1823, en Archivo del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú (en adelante AHMP), leg. 15, doc. 1, s/f. El reclutamiento de Pascual Flores en el ejército de José de San Martín se aborda en el siguiente apartado.

[74] “Oficio del auditor general del Perú”, Cuzco, 16 de noviembre de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 112v.

[75] “Informe de Julián Peñaranda al Departamento de Guerra”, Tarapacá, 29 de octubre de 1815, en Gazeta de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de noviembre de 1815, p. 144.

[76] Gazeta de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1815, p. 143.

[77] “Carta de Remigio Arias”, Tacna, 28 de septiembre de 1815, en Vargas Ugarte, op. cit., p. 16.

[78] “Respuesta del cura de Camiña Juan Noriega a la acusación de Manuel Tamayo”, Camiña, 11 de octubre de 1816, en MREP.AL, TAC-19, leg. 419, f. 36r.

[79] “Carta del cura de Tarapacá José Mariano Salazar al obispo de Arequipa Luis Gonzaga de la Encina”, Tarapacá, 5 de junio de 1815, en AAA, Tarapacá, leg. 5, s/f.

[80] “Carta de Antonio Baltierra al vicario capitular Francisco Xavier Echeverría”, Pica, 19 de marzo de 1816, en MREP.AL, TAC-19, leg. 419, fs. 3v-3r.

[81] “Carta de Juan Noriega al vicario capitular Francisco Xavier Echeverría”, Camiña, 24 de marzo de 1816, en MREP.AL, TAC-19, leg. 419, fs. 4v-4r.

[82] “Carta de Gregorio Morales al vicario capitular Francisco Xavier Echeverría”, Mocha, 5 de julio de 1816, en MREP.AL, TAC-19, leg. 419, f. 6v.

[83] “Pedimento suscrito por el presbítero Blas de la Fuente y Loayza”, Tarapacá, 11 de febrero de 1817, en ART.CP, Gobierno, leg. 1, s/f.

[84] Arequipa, 23 de agosto de 1822, en AMA, LAC-29, LSDPA 3-6-1822, sesión 21, s/f.

[85] “Carta de Remigio Arias”, Tacna, 21 de diciembre de 1815, en Vargas Ugarte, op. cit., p. 17.

[86] “Carta de Remigio Arias”, Tacna, 28 de septiembre de 1815, en Vargas Ugarte, op. cit., p. 16.

[87] “Pedimento suscrito por el presbítero Blas de la Fuente y Loayza”, Tarapacá, 11 de febrero de 1817, en ART.CP, Gobierno, leg. 1, s/f.

[88] “Acta del Cabildo”, Tarapacá, 26 de octubre de 1815, en AGNA, sala X, leg. 4-2-1, s/f.

[89] “Carta de José Francisco Reyes a José Rondeau”, Tarapacá, 28 de octubre de 1815, en AGNA, sala X, leg. 4-2-1, s/f.

[90] “Demanda de Manuel Tamayo contra Juan Noriega”, Camiña, 16 de julio de 1816, en AAA, Tarapacá, leg. 4, s/f.

[91] Sobre el capellán de Mocha no hay registros de otros antecedentes que permitan tener pistas precisas sobre su posición política, salvo que aparece a mediados de 1816 informando inconvenientes a causa de la incursión de Julián Peñaranda, al igual que otros religiosos que sí tuvieron posturas realistas explícitas.

[92] “Respuesta del cura de Camiña Juan Noriega a la acusación de Manuel Tamayo”, Camiña, 11 de octubre de 1816, en MREP.AL, TAC-19, leg. 419, fs. 32v-32r.

[93] Se recuerda que a inicios de 1816 Juan Noriega reclamó por esta detención indicando que solo pudo salir en libertad por el pago de una recompensa de mil trescientos pesos que, de ser cierta, tuvo un carácter más bien de recaudación de guerra que de fianza. También, si se sigue lo señalado por Manuel Tamayo, una forma de justificar aportes que hizo al caudillo rebelde.

[94] “Respuesta del cura de Camiña Juan Noriega a la acusación de Manuel Tamayo”, Camiña, 11 de octubre de 1816, en MREP.AL, TAC-19, leg. 419, fs. 34v-35v.

[95] “Demanda de Manuel Tamayo contra Juan Noriega”, Camiña, 16 de julio de 1816, en AAA, Tarapacá, leg. 4, s/f.

[96] Ibid.

[97] Manuel Tamayo llevó a cabo esta petición reteniendo al juez eclesiástico cuando, montado en su caballo, estaba a punto de salir de San Lorenzo a Camiña para realizar nuevas indagatorias. Sin más, entonces, se le comunicó al obispo de Arequipa que se cancelaba el juicio.

[98] Soux, “Rebelión, guerrilla…”, op. cit., pp. 459-460.

[99] Donoso, “El puerto de Iquique…”, op. cit., p. 125.

[100] Efraín Choque y Fredi Quispe, “La rebelión de Tacna de 1813”, en Archivo, Nº 1, Tacna, 2013, pp. 56-61; Hernán Lagos, Arica, símbolo de gloria, Santiago, s/ed., 2001, pp. 45-51; “Plan del teniente coronel Don Enrique Paillardelle para llevar la guerra al Bajo Perú”, en Documentos referentes a la guerra de la independencia y emancipación política de la República Argentina y de otras secciones de América a que cooperó desde 1810 a 1823, Buenos Aires, AGN, 1917, pp. 223-224.

[101] Arequipa, 23 de agosto de 1822, en AMA, LAC-29, LSDPA 3-6-1822, sesión 21, s/f.

[102] Guerrero, op. cit., pp. 98-123.

[103] “Declaración de Justo Tapia”, Tarapacá, 1 de julio de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, fs. 610v y 621v.

[104] Iquique, 8 de agosto de 1817, en ART.CP, Causas Criminales, leg. 1, pza. 22, fs. 1-42.

[105] “Declaración de Justo Tapia”, Tarapacá, 1 de julio de 1822, AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 611v.

[106] “Respuesta del alcalde a los vecinos de Huantajaya y Santa Rosa”, Huantajaya, 19 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 121v; “Declaración de Bernardino Marquezado”, Tarapacá, 17 de julio de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 73r.

[107] “Parte del comandante de la guarnición de Huantajaya Juan José Zúñiga”, Santa Rosa, 28 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, fs. 190v-191v.

[108] “Declaración de Pedro Gómez”, Tarapacá, 19 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 421v; “Declaración de Bernardino Marquezado”, Tarapacá, 17 de julio de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 73v.

[109] “Oficio de Mariano Portocarrero al secretario del departamento de guerra y marina”, Lima, 20 de febrero de 1823, en AHMP, leg. 15, doc. 1, s/f.

[110] “Oficio de Mariano Portocarrero al secretario del departamento de guerra y marina”, Lima, 13 de febrero de 1823, en AHMP, leg. 15, doc. 1, s/f.

[111] Huantajaya, 5 de diciembre de 1824, en ART.CP, Causas Criminales, leg. 1, pza. 23, f. 3.

[112] “Petición de los vecinos de Huantajaya para que la vice-parroquia no se traslade a Santa Rosa”, Huantajaya, 3 de octubre de 1826, en AAA, Tarapacá, leg. 5, s/f.

[113] “Declaración del teniente coronel Felipe Velando”, Tarapacá, 20 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 11v.

[114] “Declaración de Francisco Loayza Montealegre”, Tarapacá, 20 de mayo de 1822, en AJI.C, leg. 1514, pza. 4, f. 31v.

[115] Huantajaya, 13 de mayo de 1824, en ART.CP, Causas Criminales, leg. 1, pza. 23, f. 14v.

[116] Sobre la reivindicación de héroes locales de la independencia y la problemática de la nacionalidad véase Donoso, “Estado y sociedad…”, op. cit., pp. 109-111.

[117] “Pedimento suscrito por el presbítero Blas de la Fuente y Loayza”, Tarapacá, 11 de febrero de 1817, en ART.CP, Gobierno, leg. 1, s/f.

[118] Luis Castro Castro, “Un desierto convulsionado, una república en ciernes: caudillismo y pugnas políticas en el extremo sur del Perú (Tarapacá 1842-1858)”, manuscrito, proyecto Fondecyt 1170066. Inédito.

[119] Francisco Núñez, “La participación electoral indígena bajo la Constitución de Cádiz (1812-1814)”, en Cristóbal Aljovín y Sinesio López (eds.), Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, IEP, 2005, pp. 361-394; Francisco Núñez, “El concepto de vecino/ciudadano en Perú (1750-1850)”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Nº 17, Sevilla, 2007, pp. 235-253. Una mirada preliminar del impacto que tuvo la constitución gaditana en el espacio tarapaqueño en Paulo Lanas, “El partido de Tarapacá y los años liberales, 1808-1814”, en Manuel Chust y Claudia Rosas (eds.), El Perú en Revolución. Independencia y guerra: un proceso, 1780-1826, Lima, PUCP / Universitat Jaume I / El Colegio de Michoacán, 2018, pp. 161-179.

[120] Jorge Hidalgo, “Amarus y Cataris: aspectos mesiánicos de la rebelión indígena de 1781 en Cusco, Chayanta, La Paz y Arica”, en Chungará, Nº 10, Arica, 1983, pp. 117-138; Jorge Hidalgo, “Fases de la rebelión indígena de 1781 en el corregimiento de Atacama y esquema de la inestabilidad política que le precede, 1749-1781. Anexo: dos documentos inéditos contemporáneos”, en Chungará, Nº 9, Arica, 1982, pp. 192-246; Jorge Hidalgo, Indian Society in Arica, Tarapacá and Atacama, 1750-1793 and its response to the rebellion Tupac Amaru, thesis to qualify for the Ph.D. in History, London, University of London, 1986. Unpublished.

[121] Véase Víctor Condori, “Guerra y economía en Arequipa: las actividades del español Lucas de la Cotera en una coyuntura de crisis, 1821-1824”, en Revista de Indias, vol. lxxi, Nº 253, Madrid, 2011, pp. 827-858.

[122] Un ejemplo de este proceso se puede ver en Patricio Marambio, Una “guerra por correspondencia”: el juicio entre el juez privativo de aguas y el subprefecto de la provincia de Tarapacá por la potestad jurisdiccional en un escenario de cambio durante la formación republicana del Perú (1829-1847), seminario para optar al título de Profesor de Historia y Geografía, Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, 2016. Inédita. 

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(*) Doctor en Historia, Universidad de Chile. Investigador del Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Playa Ancha. Esta publicación es un extracto del artículo publicado como parte del proyecto Fondecyt Nº 1170066