CHILE Y TARAPACÁ EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Actualidad 13 de junio de 2020 Por Andrés Yurjevic M. (*)
La crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 -que se irá agudizando con la llegada del invierno- en un breve plazo ha logrado inducir dos crisis adicionales: una económica y la otra social. La primera, en el mejor escenario tendrá dos fases: una -entre marzo y octubre- con una caída abrupta de la actividad económica nacional, para luego -a partir de fines de año- comenzar a mostrar cifras mejores, principalmente, porque las bases de la economía para el crecimiento económico aun no estarían comprometidas. La segunda, está golpeando duramente a cerca del 80% de los hogares chilenos, y se prolongará por un largo tiempo, debido a la precariedad económica de la micro y pequeña empresa. Y la pérdida de poder de compra de una inmensa mayoría de la población por la creciente cesantía, la reducción salarial, y el alto endeudamiento.
Esculturas hombres de cobre
Esculturas hombres de cobre - Foto: Reinaldo Berríos

Frete a este cuadro, la pregunta básica que nos hemos hecho en este artículo es: ¿Está el gobierno actuando en la dirección correcta y con la profundidad requerida? 

Para responderla hemos dividido su contenido en dos partes. La primera, centrada en el país, sostiene: (1) que el plan de ayuda económica del gobierno tiene que ser mucho más extenso y generoso todavía; (2) que para normalizar la vida ciudadana y darle seguridad a la población, es indispensable contar con un consenso entre el gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades, el congreso y el Colegio Médico; y (3) que a la lucha contra las cuatro inseguridades que están agobiando a la población: la distributiva, la social, la de la salud y la ambiental, se sume una nueva estrategia: el desarrollo territorial de las regiones. La segunda parte del artículo, elabora sobre el bienestar presente y futuro de Tarapacá. 

Parte I. 

IDEAS PARA ABORDAR LA CRISIS 

SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Idea 1. Avanzar hacia una estrategia de ayuda pública consistente

El gobierno al limitar severamente el tránsito de personas, obligándolas a permanecer en sus casas, y cerrar empresas y locales comerciales, ha ralentizado el mundo del consumo y del trabajo, comprometiendo la existencia misma de muchísimas empresas pequeñas. Así lo confirma el estudio periódico que efectúa la Cámara Nacional de Comercio (CNC): el 57% de las microempresas y el 45% de las pequeñas empresas están paradas, porcentajes que suben al 63,3% de los restaurantes, y al 69,3% en el caso de todo tipo de hoteles, mientras la mayor línea aérea nacional e internacional ha cancelado el 95% de sus rutas aéreas. 

Lo esperado, entonces, se ha ido transformando en realidad: la microeconomía se ha desarticulado, los proyectos de inversión privada desistidos han aumentado,[1] y la economía chilena ha ido entrando en una recesión. Para el Banco Central la tasa de decrecimiento de la economía para el presente año oscilaría en el rango: -1,5 y -2,5%. 

Estimación que no es compartida por ningún organismo internacional, apostándose por una caída que va del 4% del PIB hacia arriba.[2] Estos porcentajes traducidos a valorares monetarios muestran que los recursos que la economía perdería este año -respecto del desempeño que se esperaba para el 2020, antes del Covid-19- podrían llegar a más de 15 mil millones de dólares. 

La encuesta CADEM (abril) pone en evidencia que el miedo a perder el empleo ya se ha apoderado del 55% de los trabajadores chilenos. En marzo, los despidos en construcción, servicios turísticos y comercio habían aumentado en un 40% respecto del mismo mes del año anterior; y en abril se contabilizaron 66.000 empresas -incluyendo a algunas grandes del retail- que se acogieron a la nueva normativa que permite -en vez de despedir trabajadores- suspender el contrato de trabajo por cuatro meses, recibiendo el trabajador durante ese tiempo porcentajes decrecientes de su remuneración.    

Las crisis históricas a las que nos habíamos ido acostumbrando -en general- eran el producto de un alza abrupta en el precio del petróleo, variaciones significativas en la tasa de interés por la Reserva Federal de USA, caída brusca en el precio del cobre o una guerra comercial entre grandes países. El impacto de todas ellas ingresaba al país por el lado monetario de la economía: obligando al mercado a ajustar el valor del dólar, o al Banco Central, la tasa de interés. Lo que termina introduciendo un reacomodo en la economía real (empresas, trabajadores y consumidores), a través del sistema de precios. 

Ahora, estamos en una situación radicalmente distinta: es la autoridad la que ha tomado la decisión de detener abruptamente el funcionamiento de la economía real, desencadenando un quiebre en la cadena de pago a lo largo del país: generando como consecuencia empresas sin ventas y hogares sin ingresos. Una decisión que significa un shock de oferta y demanda, al mismo tiempo. Un desajuste que desde la microeconomía podría haber escalado rápidamente hasta comprometer la solvencia del sistema bancario, y por ende la estabilidad macroeconómica. Escenario que se complejiza con la recesión de dos socios comerciales vitales para Chile,[3] y con la pérdida de confianza de los actores económicos en el futuro próximo del país.

Por tratarse de una crisis inédita, bien vale hacer una lectura más conceptual que ayude a entender lo que está aconteciendo. La receta para construir capitalismo -que se le ha predicado al país por largas décadas- ha consistido en creer en el mercado como árbitro de la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios; buscar -sin asomo de duda- el crecimiento económico a cualquier costo; y crear una confianza dinámica entre empresarios, trabajadores y consumidores, para que el futuro luzca mejor que el presente y surjan las ganas de invertir recursos y creatividad. 

De ahí, se deriva el sustento moral y económico de la “destrucción creativa” que supone el progreso. Las quiebras de empresas y las pérdidas de empleos e ingresos, no serían otra cosa que un costo inevitable para que nuevos emprendimientos más innovadores despeguen, y puedan ofrecer más y mejores oportunidades laborales. 

Pero, lo que estamos viviendo nada tiene que ver con lo relatado.  Ahora se requiere un gobierno interventor, que evite tanto como se pueda las quiebras de empresas y proteja la salud, el empleo y los ingresos de la población. Por tanto, exige que el gobierno, con todos sus medios y competencias salga a: (1) avalar los créditos a las empresas carentes de liquidez, que podrían  quebrar; (2) diseñar políticas de protección de empleos y de los ingresos de los trabajadores, postergando dividendos de créditos hipotecarios y cuotas de los de consumo;[4] sin perder de vista que nunca los hogares estuvieron más endeudados que hoy;[5] (3) entregar seguros de cesantía; (4) aportar subsidios a los más débiles para ir al rescate de las familias desprotegidas;[6] y (5) aumentar el gasto público para mover la economía y sostener el empleo. Mientras, se intenta explicar que el costo que se está pagando, es indispensable para construir un mejor futuro para todos. 

Para hacer el salvataje requerido, el gobierno tiene que usar de la mejor manera posible la cartografía socio-económica disponible, aunque ésta sea insuficiente. Habrá que aceptar que si bien el ejecutivo sabe cómo llegar a quienes tiene identificados en su radar: empresas formales diversas y trabajadores con contrato que perdieron el trabajo o parte de sus ingresos, y gente enrolada para percibir subsidios; desafortunadamente no sabe ni cuenta con los canales adecuados para llegar como corresponde a los que usualmente operan fuera del rango que cubre la mirada cenital de la autoridad. En esta categoría caen micro-emprendimientos sin acceso al crédito bancario; informales que comen en la noche con lo que ganan en el día; pobres diversos que en situación normal subsisten gracias a las mil formas de la acción caritativa, de personas que ahora no los puedan ayudar; y participantes de actividades propias de una economía solidaria comunitaria, que ha quedado desconectada. Posiblemente, los hogares correspondientes a más de 6,4 millones de trabajadores[7] podrían estar siendo golpeados de manera dramática por la realidad que se ha descrito. 

El foco de la preocupación pública, en este momento, tiene que ser el bienestar mínimo de los hogares, para que la gente pueda respetar las cuarentenas y no salga de sus casas a buscar ingresos, y proteger a las empresas pequeñas con problemas, por culpa del coronavirus.  Por eso, hay que ampliar la cobertura y el monto de las ayudas ya descritas: tratando de llegar a un salario mínimo para los hogares, no sólo para el 60% de los hogares, sino para un 20% adicional, que también lo puede estar pasando muy mal. Así empresas y hogares estarían en una mejor situación, cuando repunte la actividad económica. 

El gobierno ha puesto como medida para dimensionar la magnitud de la actual crisis económica, la de los años 80.[8] La comparación es interesada porque busca frenar la demanda de ayuda social, mostrando la imagen de un país empobrecido. Al gobierno y a las grandes empresas les preocupa mucho que el mayor gasto social signifique que las agencias clasificadoras digan que el riesgo del país ha aumentado, y con ello el costo del financiamiento externo al que suelen concurrir. 

Camiones de minería  Foto: Alex Banner
Foto: Alex Banner

Idea 2. Consensuar el retorno a la vida laboral y ciudadana 

A medida que avanza el tiempo, se hace cada vez más necesario imaginar caminos de salida a la situación que se vive. Por eso, es natural que haya estallado una polémica entre quienes creen que se acerca el momento de optar por la salud o la economía. No se trata de una polémica del todo artificial; esconde intereses económicos y posturas ideológicas. Los economistas, más aún si son neoliberales, se sienten sumamente violentados al lidiar con un problema que no entienden bien. La pandemia los está desafiando, al igual que en el campo ambiental, lo viene haciendo el cambio climático; áreas en que la teoría económica y el mercado han demostrado limitaciones conceptuales y operativas, ampliamente reconocidas. 

Tres posturas se han comenzado a estructurar para normalizar la vida económica y social: 

  • La primera, es la defendida por los alcaldes, autoridades que presionadas por sus vecinos, demandan confinamiento total para sus comunas, y el no envío de los niños a los colegios, aun en las comunas sin contagios, que cuenta con el apoyo del 80% de los padres. La crítica a esta mirada dice que presta demasiada atención a los árboles, perdiendo de vista el manejo del bosque. El columnista Carlos Peña ha dicho- “(los alcaldes) lo han hecho bastante bien” pero hablar desde las singularidades de sus comunas no los autoriza ni “los convierte en liderazgos nacionales”.
  • La segunda, tiene un sesgo claro a favor de la empresa como motor de la economía. Si la salud de la población entra en conflicto con su bienestar económico, para filósofos neoliberales -como Peter Singer, profesor de la Universidad de Princeton-, se debe privilegiar el bienestar de la sociedad. La crítica a este enfoque dice que comprometer el cariño de la sociedad por sus viejos o por sus enfermos, puede dañar muy severamente el alma de nuestra sociedad. 
  • La tercera mirada sigue la orientación de una ética aplicada. El gobierno debería tomar decisiones equilibradas, protegiendo la salud de la población -evitando que el colapso del sistema hospitalario cobre un número desmesurado de vidas humanas- pero cuidando que no se incube una crisis económica desproporcionada, que -a su vez- se transforme en carburante de un estallido social incontrolable. 

Para que el miedo disminuya y la ciudadanía coopere masivamente con las autoridades, recomienda consensuar un protocolo que guíe la normalización del país, cuando el peak de contagios haya ocurrido; un gran acuerdo que armonice las opiniones del gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades, la oposición representada en el congreso y el Colegio Médico. 

Una propuesta específica -propia de este enfoque- indica que hay que ir sustituyendo los confinamientos por test rápidos y un seguimiento estricto a la población infectada, en particular a los trabajadores, para que el 95% de ellos pueda laborar. También, plantea evitar medidas de carácter nacional cuando éstas podrían no justificarse, por ejemplo, cuarentena total con cierre de escuelas, porque hay comunas donde no hay infestados por el Covid-19: 166 actualmente, en las que viven 2,7 millones de personas. El confinamiento deja a mujeres embarazadas, adultos mayores y enfermos crónicos desatendidos en salud y niños -especialmente, de los hogares más vulnerables- sin vacunas, educación, comida y protección. 

Idea 3. Una oportunidad para mirar creativamente el futuro

El estallido social que vivía el país, que la pandemia del coronavirus dejó en compás de espera, refuerza la urgencia de que el país salga lo mejor parado posible de la situación actual. De ello dependerá que las movilizaciones se reinicien y del nivel de violencia con que lo hagan.  

  • Un gobierno débil como el actual, no puede darse el lujo de exacerbar las desconfianzas existentes, especulando -por ejemplo- con  una segunda postergación al plebiscito fijado para Octubre, que aun cuenta con un sólido respaldo ciudadano.[9] El sentido común indica que en esta materia el gobierno tiene que buscar la opinión de sus opositores. No está en condiciones de contener un descontento social masivo, si la población creyera que está intentando sacar dividendos políticos de la situación actual. Más aun cuando los grandes argumentos que avalaron el estallido social, se están profundizando:
  • La propuesta del 5% de aumento de la cotización previsional para fortalecer el pilar solidario con cargo del patrón, habría disminuido fuertemente su espacio de aprobación en el Congreso Nacional. 
  • Los fondos de pensión en manos de las AFP han perdido miles de millones de dólares, por las caídas en las bolsas mundiales, lo cual -aunque exista una lenta recuperación- deprimirá aún más las pensiones futuras cercanas y las de quienes se han acogido a retiros programados. 
  • Los bancos estarán muy renuentes a aprobar créditos para clientes cuya solvencia les sea dudosa, pero si lo harán para las grandes empresas, porque ellas son el alma del sistema económico y la base de su negocio. 
  • Un número desproporcionado de trabajadores perderán -por un largo tiempo- sus empleos y su poder adquisitivo caerá bruscamente.
  • El transporte público continuará con las falencias ya conocidas: demora y congestión. 
  • Un improvisado sistema de educación online agravará aún más la calidad de la educación pública impartida.[10]
  • Más de 340.000 personas están padeciendo atrasos en el cumplimiento de sus Garantías Explícitas de Salud (GES o AUGE): 45 veces más de la que existía hasta el 30 de septiembre 2019; y más de 12 mil cirugías se han perdido.[11] 

Por tanto, para que el país vaya sorteando sus actuales dificultades, es necesario agregar una tercera iniciativa, que mire creativamente el futuro. Una reflexión valiosa, que ayuda a construir acuerdos, iluminando de paso lo que estamos proponiendo, la hizo el ministro de hacienda de un gobierno neoliberal, al momento en que tuvo que buscar recursos para enfrentar los problemas emergentes: “Son pocos los países con un fondo de cesantía de US$12 mil millones para apoyarse en esta coyuntura. Quiero valorar nuestra institucionalidad, construida bajo gobiernos de distinto signo. Institucionalidad tan cuestionada o minimizada por algunos antes de esta pandemia, y aquí estamos, agradeciendo cuánto vale haber sido responsables”.

Pero, junto a las movilizaciones sociales, hay otras dos amenazas que vale la pena dejar enunciadas: el impacto negativo del cambio climático y el masivo desplazamiento de fuerza de trabajo, producto de la cuarta revolución tecnológica. 

La crisis ambiental ha tomado dos formas muy dramáticas: una sequía severa a lo largo del país, que limita la agricultura industrial y la agroindustria, área en la cual el país tiene ventajas competitivas, y que deja a comunidades y poblados rurales sin agua para la bebida humana, para abastecer al ganado o regar sus chacras; e incendios voraces de bosque, poblados y poblaciones urbanas, que han dañado severamente la economía de la subsistencia y la del turismo local en muchas regiones. 

La revolución tecnológica -por su parte- ya comienza a sentirse a todo nivel. Un tipo de innovación que sería una bendición para las mentes preparadas, pero una maldición para la gran mayoría que no lo está. Innovación que se le presentará a los trabajadores como un agente destructor de puestos de trabajo, sea por la existencia de robots capaces de desempeñarse en forma más eficiente que los seres humanos en un vasto rango de actividades manuales, técnicas y profesionales; por sistemas inteligentes que incentivan al consumidor al autoservicio; o de plataformas para la compra online. 

De modo que podríamos decir que se está gestando un momento crítico para el país, que demanda una reflexión serena, que permita distinguir el tiempo de antes, el tiempo de después y el tiempo del medio. Sabiendo que estamos en el tiempo del medio -un umbral en que, aunque no sabemos bien hacia dónde nos vamos a dirigir- tenemos que aprovecharlo como una oportunidad para influir en el tiempo futuro.[12] 

Una manera de salir en busca del futuro consiste en proponernos conquistar un conjunto de seguridades, que hagan posible una vida colectiva civilizada: la distributiva, la social, la de la salud y la ambiental. En todas ellas podemos hacer ganancias, si enriquecemos nuestra percepción del futuro, con una mirada de desarrollo desde los territorios –que sea cercano a las comunidades y a sus gentes- impulsado por un ambicioso y creativo proceso de descentralización. 

Así podremos comenzar a equilibrar una globalización que se ha demostrado desaprensivamente ambiciosa en lo económico, pero sesgada en contra del trabajo, indolente frente a la pandemia de salud e insensible en lo ambiental y en lo cultural. 

Países como USA o los europeos se estarían inclinando, luego de evaluar el impacto que para sus estrategias económicas ha tenido el Covid-19, por avanzar hacia una verdadera reindustrialización. No quieren que sus compañías estratégicas dependan tan severamente de una cadena de suministro que involucra de manera crítica a otros países. Por ejemplo, en la industria farmacéutica muchas moléculas se fabrican en China, que luego se refinan en la India y, tras un largo viaje terminan en las farmacéuticas europeas o norteamericanas que abastecen a sus hospitales. 

Chile -por su dimensión, potencialidad económica y geografía- debería buscar un camino distinto que lo conduzca -tal como ya lo insinuamos- a mirar creativamente sus territorios, a sus comunidades y a sus gentes, para así enfrentar los desequilibrios que están consumiendo la energía de la población. Esta significa apostar por un tipo de desarrollo que efectivamente haga posible avanzar en: 

  • Una seguridad distributiva que conduzca a rangos de igualdad razonables, propósito que ha estado en el alma del estallido social que ha vivido el país.
  • Una seguridad social que disminuya de manera significativa la precariedad de la informalidad. Un primer paso, incluye lo que ha dicho -curiosamente- el presidente del gran empresariado, Juan Sutil: “Desde el punto de vista social, probablemente Chile tiene que avanzar hacia un modelo socialdemócrata europeo”.
  • Una seguridad sanitaria que evite que una nueva pandemia reviente los sistemas de salud, y comprometa la vida de su población, destruyendo de paso su economía, y
  • Una seguridad ambiental que permita atenuar los embates del cambio climático, condición básica para continuar contando con una oferta estable de servicios ecológicos.

Para que los territorios aporten a las seguridades aludidas, proponemos que se enriquezca la política de desarrollo nacional con una mirada cuyo énfasis esté en el desarrollo de sus territorios. De modo que movilicemos activos hasta la fecha pobremente comprendidos: la riqueza ambiental y cultural existente, como fuentes de bienestar, y la lucha de las mujeres por la igualdad, que de paso ha ampliado la sensibilidad ecológica, las relaciones de colaboración, y trabajo horizontal. También es necesario que el proceso de descentralización continúe adelante; y que las economías locales se ensanchen para responder al consumo que requieren las comunidades para construir una vida buena. Así será posible despertar en ellas un entusiasmo por impulsar proyectos de desarrollo que les fortalezcan su identidad. 

A continuación, hemos sintetizado un conjunto de criterios que ayudan a comprender mejor, el tipo de desarrollo que estamos proponiendo: 

Criterio 1. Entender el territorio como un espacio ecológico-sociocultural-económico y político, a la vez; que incentive a las gentes a construir tejido social comunitario, para que exista una sociedad civil capaz de realizar una activa gobernanza. Es la fortaleza social de las comunidades la que les permitirá romper la actual tendencia a la marginalización, tanto como al individualismo, equilibrando ambas con acciones integradoras y de colaboración. Estas dinámicas son las que de mejor manera defiende a la gente de las pandemias y de los impactos del cambio climático, por el control y movilización social que puedan alcanzar las comunidades. Vargas Llosa -un liberal partidario acérrimo del libre mercado- ha dicho en estos días: “Con el progreso creímos dominada la naturaleza. Una gran idiotez ¡Pues no!”. También -el tipo de desarrollo que proponemos- ayuda a sanear la política, permitiendo que surjan nuevos liderazgos capaces de diseñar caminos no transitados, que incentiven a imaginar nuevas soluciones para los viejos problemas.

Criterio 2. Construirle a cada territorio una economía ecológica y circular con vida propia, que sea algo más que una economía subordinada a un enclave extractivo, tal como lo ha promovido la globalización. Esta economía debe fortalecer el consumo y el bienestar que hacen posible estilos de vida sustentables en el tiempo, buenos para el desarrollo humano. Para construirla es indispensable la cooperación institucional, fomentando el encuentro entre los actores básicos del desarrollo: gobierno, sociedad civil y empresarios. Cada uno aportando lo suyo, pero complementándose con los demás, especialmente, para atenuar las fallas propias de cada uno de ellos. La misión compartida más importante que tendrían sería defender el ambiente local.  

  • El Estado sería el gran proveedor de bienes y servicios públicos (democracia, seguridad, vías de comunicación) o de derecho social (educación,  salud, pensiones);
  • El Mercado, de bienes y servicios económicos, es decir, que tienen un precio de mercado
  • La Sociedad, de bienes y servicios de beneficio compartido, mejoramientos comunitarios, de relaciones afectivas y de apoyo mutuo fundado en la solidaridad; y
  • El Ambiente, de bienes y servicios ecológicos, sin los cuales la vida colapsaría.

Criterio 3. Promover un desarrollo cercano a las gentes, para permitirles que puedan aprovechar las oportunidades existentes y poner en marcha proyectos creativos que estimulen una vida que les reporte una felicidad sólida. Esto exige que los hogares, las organizaciones vecinales y los sistemas escolares, centren sus esfuerzos en la formación de las capacidades de los niños, jóvenes o mujeres, en particular, las que le permiten a cada persona (a) organizar el mundo que la rodea, para que logre lo que considera relevante; (b) ensancharlo para introducirle innovaciones; o (c) hacerlo más humano a través del cultivo de los afectos y el respeto; la solidaridad y la mutua comprensión; la ética y los valores; y el sano optimismo. 

Todo ello supone un cultivo de esa vitalidad que llamamos resiliencia, sobre todo en tiempos de crisis. Una capacidad emocional indispensable que hace posible liderazgos que trasmiten fortaleza y coraje, a quienes intentan comprometerse con una visión de futuro para su territorio. 

Criterio 4. Incentivar a que nazca un proyecto de futuro que les aporte identidad local a los habitantes del territorio. La idea de levantar un desarrollo con identidad nace de dos hechos inevitables: nacemos para construir nuestra propia vida, no solo para rendirle culto al pasado. Para ello requerimos -en el plano colectivo- de una fuerza social que, siendo respetuosa de la experiencia de vida de la gente, movilice sus capacidades y recursos disponibles, permitiéndoles construir una identidad propia de quienes se sienten parte de un proyecto compartido. Esto no solo facilita a los miembros de una comunidad reconocerse y sentirse parte de ella, sino adherir a las decisiones que toman sus instituciones, aportando lo que de ellas se espera. 

Esta identidad convierte a la comunidad en una fuerza transformadora, capaz de aprovechar creativamente energías como el compromiso, la colaboración, la lealtad y la equidad presente y futura. Ellas constituyen un estímulo indispensable para construir esos consensos que hacen posible la acción mancomunada, eficaz y eficiente. Sin olvidar que una comunidad que avanza, deja como sedimento una cultura local, una contribución genuina de aprendizajes, conocimientos y valores. 

En síntesis, el desarrollo territorial debe fortalecer y proteger la ecología existente, permitir el desarrollo económico sostenible en el tiempo, para que florezcan las personas y las comunidades, y fundarse en el encuentro sinérgico entre instituciones económicas, políticas y sociales. Todo este desarrollo local debe reflejarse en ciudades y áreas rurales más sustentables que se colaboran mutuamente.

Cultivo de corvinas Foto: Avelino Muñoz
Cultivo de corvinas en Huayquique - Foto: Avelino Muñoz

Parte II.

TARAPACÁ Y SU BIENESTAR 

Idea 1. Tarapacá tiene que enfrentar su deteriorado bienestar actual 

Tarapacá -al igual que todas las regiones del país- está inmerso en la crisis sanitaria, económica y social generada por el Covid-19. Lo que obliga a mirar su bienestar presente desde sus sombras y sus luces. El concepto que mejor habla del nivel de bienestar de una población, es el de calidad de vida. De modo que nos hemos preguntado: ¿De qué depende la calidad de vida de Tarapacá? 

Desde nuestra perspectiva, básicamente de tres factores: (1) la creatividad económica, es decir, que su economía se expanda producto de dos motores: eficiencia e innovación; (2) el control social que haga la población sobre el sector público y el mercado, es decir, de la gobernanza ejercida; y (3) la redistribución del ingreso generado, es decir, del grado de igualdad que exista en el país. De modo que hay factores locales (eficiencia, creatividad económica y gobernanza) y nacionales (distribución de la riqueza e ingresos) que determinan la calidad de vida en la región. 

Antes de mirar el impacto del sector público, del mercado o de la gobernanza, en la calidad de vida regional, intentemos reconstruir -en base a diversas fuentes de información- un cuadro que represente la situación actual del bienestar en la región. 

La primera es la encuesta Casen 2017, que muestra que su pobreza multidimensional (educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social) es desproporcionada, al compararla con la de Arica o con la que existe a nivel nacional. La tasa de pobreza multidimensional supera 3,9 veces la tasa de pobreza medida por ingresos. Lo que eleva la proporción de pobres de 6,4 al 24,9% de su población, es decir, 1 de cada 4 habitantes de Tarapacá es pobre. Realidad que se comprende mejor cuando la comparamos, por ejemplo, con la que se vive en Arica-Parinacota, donde la pobreza multidimensional es solo 2,6 veces la pobreza por ingreso; o cuando la miramos en el contexto nacional, en el que la pobreza multidimensional es solo 2,4 veces mayor que la pobreza por ingreso. 

La segunda, la constituyen un conjunto de indicadores, que hablan de la ineficiencia de la economía y de la política social de la región. A modo de síntesis constatamos que existen:

  • a. 13.830 trabajadores cesantes, producto de una tasa de cesantía del 7,8% al 31 de marzo, que tendría que haber aumentado durante abril, tal como está ocurriendo en todo el país. 
  • b. 7.300 trabajadores que tendrán un salario decreciente por 4 meses debido a que las 1378 empresas a que pertenecen, se han acogido a la ley de protección del empleo, hacia fines de abril. 
  • c. 53.620 personas viviendo de la informalidad, el 31,2% de una fuerza de trabajo de 185.830 personas, realidad socio-económica que irá subiendo a medida que las dos cifras anteriores aumenten, impactando negativamente en el ingreso de los hogares.  
  • d. 3.935 familias viviendo en campamentos, cifra que no para de crecer, y que es apenas un 7% inferior a la cantidad total de familias que viven en tomas en la región Metropolitana.[13]
  • e. 5.000 personas que llegan a la región cada año buscando oportunidades, y que, al no encontrarlas, se ven forzados a sumarse a los campamentos existentes y al sector informal.[14]
  • f. 1.200 personas en situación de calle, que representan el 10% del total nacional de quienes padecen esa dura realidad,[15] siendo que la población de Tarapacá no alcanza al 2% del total del país.
  • g. La mayor tasa de hacinamiento en el país: 12,5%.[16]
  • h. Iquique -según la encuesta Adimark 2018- se encuentra en el lugar 23 de 24 ciudades de Chile evaluadas en 10 áreas asociadas a la calidad de vida, indicador que aparece con un valor que es un 10% inferior al promedio muestral.
  • i. La calidad de la educación y de la salud en Iquique -según el Índice de Calidad de Vida Urbano,2018, de la Cámara Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica- se ubican en el lugar 86 y 89, respectivamente, entre 93 comunas estudiadas, siendo una de las comunas con mayor gasto por habitante del país.[17]  

La sola lectura de estas estadísticas, muestra que, en materia de calidad de vida, Tarapacá tiene una realidad llena de sombras, que se está acrecentando dramáticamente en el contexto de crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.  

¿Qué explicaría la precariedad social detectada? 

Para responder observemos lo que han sido capaces de construir la autoridad pública regional; los empresarios y la ciudadanía local.  

  • En cuanto a los aportes que hace el sector público a la ciudadanía, ya nos hemos referido a la mala calidad de la salud y la educación pública, así como al hacinamiento y los campamentos en materia de vivienda. Si a ello sumamos los niveles de inseguridad ciudadana y pobreza del equipamiento público, el balance total resulta muy deficitario.
  • En materia de mercado vale la pena señalar que la economía regional genera un alto PIB por persona (U$28.760, Banco Mundial, 2016), un 20% superior al PIB por persona nacional, y más que duplica el valor del producto de Arica. Su impacto en la región es enorme, a pesar que una proporción importante de los recursos generados no circulan en la región. También, hay que mencionar que la producción minera regional continuará creciendo con las nuevas inversiones en QB2 y Collahuasi, que aumentarán su producción de cobre fino en los próximos años en un 33%,[18] lo que permitirá producir -algo menos- de 1 millón de toneladas, para un total nacional esperado a mediados de la próxima década de alrededor de 7 millones de toneladas anuales. A lo que hay que sumar los proyectos en Nueva Victoria de SQM y el flujo de proyectos esperados en materia de energía limpia, siendo SolarReserve (Tamarugal) y Shinsung Bundang-Gu (Pozo Almonte),[19] ejemplos de ello. 

Para matizar lo señalado, hay que indicar que Zofri está viviendo tiempos complejos, con sus ventas cayendo debido a su atraso en implementar la venta electrónica y a ser una zona libre de aranceles de importación, en medio de una de las economías más abiertas al mundo.  

Pero, de acuerdo al Índice de Competitividad de Ciudades de Chile-2015, elaborado por la Universidad Andrés Bello, se trataría de una economía muy poco innovadora, lo que explicaría también la pobre calidad de vida de la región. Esta sería apenas un tercio de la capacidad promedio en el país, y un quinto de la región mejor evaluada. Principalmente, debido a que el ambiente de colaboración interinstitucional entre empresas, universidades y sector público, escasamente existe. Es apenas un séptimo del promedio nacional; mientras que la calidad innovadora del sistema universitario gira en torno a un quinto del promedio nacional. El estudio señala que, en la percepción de los actores, no existen centros especializados, así como tampoco de universidades que satisfagan las necesidades tecnológicas y de capital humano de las empresas. 

  • La gobernanza en la región muestra que Iquique tiene la peor gobernanza de las 9 ciudades estudiadas por la Universidad Andrés Bello. Un 25% por debajo del promedio nacional, de Copiapó o de Coquimbo-La Serena. Lo que se explica por la ausencia de un proyecto de desarrollo para la ciudad y una pobrísima participación ciudadana. La carencia de un proyecto de desarrollo dificulta las interacciones entre los actores, aumenta la incertidumbre en las decisiones que éstos toman en forma descentralizada, e impide que se fortalezca el tejido institucional de una localidad. Por su parte, la participación del sector privado y de la sociedad civil llega al 20% de la exhibida a nivel nacional. Tan magro desempeño social refleja la carencia de un debate sobre temas relevantes para el desarrollo local, y la existencia de organizaciones de la sociedad civil que no se involucran -como debieran- en las materias del desarrollo de la ciudad, ampliando la debilidad de la gestión pública del gobierno local. 

Adicionalmente a lo dicho, tendremos el impacto del cambio climático, que puede ser una oportunidad para la región, y de la cuarta revolución tecnológica, que sí la afectará negativamente. La presión por la sustentabilidad ambiental obligará a reducir los gases de efecto invernadero a nivel global, promoviendo la generación de energías limpias, que ha puesto en evidencia el valor estratégico de territorios como el de Tarapacá. 

Por su parte, la cuarta revolución tecnológica en curso, asociada al uso de un software, una máquina o un robot inteligente, está colonizando rápidamente a las grandes empresas, cubriendo de paso al sector público. Un tipo de transformación que llega para desplazar y no para potenciar al trabajo humano, que se ha convertido en una suerte de “nuevo mundo” para el cual las autoridades públicas carecen aún de categorías, mapas y brújulas, para abordarlo. Revolución que también la impulsa un consumidor que compra por internet o que demanda que su banco cuente con una plataforma que le resuelva de manera integrada sus necesidades.

El estudio “Mundo laboral chileno para la Cuarta Revolución Industrial”[20] señala que la probabilidad promedio de automatización en la economía chilena es de 42,2%. Pero que el 17% de los puestos de trabajo -1,3 millones de empleos- tienen más de un 70% de probabilidades de ser automatizado. En esa categoría están -por ejemplo- el 21,9% de los puestos de trabajo de la administración pública y defensa y el 27,6% en las explotaciones mineras. 

En Tarapacá, estas innovaciones podrían convertirse en una amenaza a los puestos de trabajo de las mujeres que se beneficiaron de las oportunidades laborales creadas por la  expansión económica asociada al boom en el precio del cobre, hecho que impactaría directamente en el nivel de vida de muchas familias. La innovación comentada se está diseminando en toda la industria similar instalada en la región: JUMBO, Unimarc, y Santa Isabel; el retail: PARIS, Falabella, La Polar y Ripley; y a las empresas de seguro, Isapres, AFP, bancos y líneas aéreas.

Lo señalado, obliga a preguntarse: ¿En qué medida la crisis del Covid-19 acelerará la difusión ya en marcha de las innovaciones asociadas a la cuarta revolución tecnológica? Muy posiblemente, todas aquellas empresas que ya se han embarcado en un proceso innovador –por los beneficios que les puede significar- intentarán acelerar  su integración y ampliarla a todos los ámbitos posibles; mientras las que no tenían planteado invertir en ellas, al menos, en el corto plazo, estudiarán caminos para comenzar a utilizarlas. 

Afortunadamente, la descentralización del país en discusión, releva la importancia económica y política de las regiones, abriendo la posibilidad de que surja una nueva mirada al desarrollo de los territorios. Esperanza que puede verse estimulada con el voto programático para la próxima elección de gobernadores.

Mercado Campesinio Foto: Gentileza de INDAP
Mercado Campesino - Foto: Gentileza de INDAP

Idea 2. Tarapacá tiene que buscar caminos para su bienestar futuro 

La deteriorada calidad de vida regional, y los desafíos comentados, obligan a preguntarse: ¿Debe el bienestar en Tarapacá continuar dependiendo solamente del flujo de recursos mineros? La respuesta es claramente no. La magnitud y persistencia de la deuda social acumulada requiere de una estrategia de acción más compleja e integral. El proceso descentralizador, tal como ya lo mencionamos, ofrece una oportunidad única para impulsar un desarrollo territorial sustentable en Tarapacá, que le permita a la región contar con tres nuevos motores de desarrollo. 

El primero -una nueva industria turística, cuya oferta diversificada integre gradualmente todo su territorio- supone transformar a Iquique en una ciudad de servicios turísticos que brinde servicios bancarios, casas de cambio, salud, alojamiento, transporte, restaurantes, comercio, seguridad, entre otros. 

La posibilidad de conseguir un trabajo en esta industria turística naciente podría constituirse en un incentivo para que los vecinos -por ejemplo- de Iquique trabajen junto con el municipio para hacer de ella una ciudad acogedora, ordenada y bella; para cultivar una ciudadanía de la colaboración y de acogida al visitante: proporcionándole información, resolviéndole pequeños problemas o ayudándole en su seguridad personal. Un camino para ir diluyendo la cultura de la informalidad que impera en la región, que condena a una alta proporción de la gente a vivir con una bajísima productividad. 

Lo señalado requiere que se incentive a los empresarios a invertir en los servicios asociados al turismo, para que haya una sana competencia entre las empresas participantes y un mejoramiento sostenido de la calidad de los servicios ofrecidos. También, que exista una provisión adecuada de recursos humanos debidamente capacitados; un acceso simple a tecnología de la comunicación e información y de gestión, y una política para atraer nuevos turistas que construya una demanda efectiva que presione por productos y servicios de calidad creciente. 

El segundo -ciudades sustentables- exige que estos espacio urbanos, sociales y económicos, a la vez, mejoren decididamente la calidad de vida de la población. Ayudaría a este propósito la existencia de una economía circular eficiente, recicladora y descontaminante; una acción concertada entre autoridad y ciudadanía para la limpieza, seguridad y salubridad; el uso de energía limpia en edificios y casas; el diseño imaginativo de un sistema de transporte públicos, combinado con el uso masivo de bicicleta y otros medios no contaminantes; el fortalecimiento del sentido de comunidad; y una oferta creciente de su sector rural de alimentos orgánicos, sanos y saludables y de espacios de recreación. 

El tercero -áreas rurales dinamizadas- con emprendimientos productivos agroecológicos y servicios turísticos que ofrezcan circuitos bien diseñados, que resalten la cultura local. Una parte integral de esta iniciativa consistiría en hermanar el desarrollo turístico con el desarrollo agroecológico en el altiplano, valles y oasis.

El paisaje turístico se enriquece con las prácticas ecológicas que suponen una planificación de los predios, así como un intenso reciclaje para poder hacer fertilización orgánica, un manejo ecológico de los cultivos, y una la presencia de ganado típico de la zona, entre otros. Prácticas que fortalecen la cultura, el folklore, la gastronomía local y la asociatividad; actividad fundamental para que las comunidades recuperen y pongan en valor sitios arqueológicos que constituyen su patrimonio cultural.   

Para que estos tres motores eleven la calidad de vida y la competitividad de la región, deben contar con estímulos provenientes del gobierno regional, los municipios y las empresas mineras. No hay que olvidar que las ciudades de Tarapacá y las comunidades rurales son las que verdaderamente pagan los costos de las externalidades negativas que dejan las actividades extractivas localizadas en la región.  


(*) Economista y doctor en estudios latinoamericanos en la Universidad de California, Berkeley


REFERENCIAS
 
[1] Según la Cámara Chilena de la Construcción: 20 proyectos que ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que sumaban U$ 4377 millones, fueron abandonados.  
[2] Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo 
[3] Caída USA: 4,8%; China: 6,8%. 
[4] Según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras: la banca ha aprobado más de 800 mil flexibilizaciones.
[5] Deuda del total de hogares chilenos-2019: 50,3% del PIB, o un 74,9% del ingreso disponible.
[6] Ingreso familiar de emergencia: $260.000 para 1.800.000 hogares por tres meses decreciente en el tiempo. 
[7] Suma de 2,6 millones trabajadores informales, 800.000 cesantes y 3 millones  trabajadores en microempresas o pymes.  
[8] La crisis de los 80: se duplicó el precio real del dólar, caída acumulada 17% el PIB y desempleo sobre el 25% y sistema bancario quebrado.         
[9] 65% respalda la opción Apruebo, según Cadem 3/5/2020. 
[10] Un 44% -jóvenes encuestados- clases online no sirven de nada o casi nada, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
[11] Datos de la Fundación Politopedia y del Ministerio de Salud. 
[12] Figura utilizada por la escritora Isabel Allende. 

[13] Actualización del Catastro Nacional de Campamentos 2018. MINVU y TECHO-Chile.
[14] Censo 2017.   
[15] La Estrella, 16/12/2018. Personas en situación de calle para Tarapacá entre 725 y 1200 personas en invierno, de un total de 12.255 a nivel nacional, según La Matriz de Inclusión Social 2018 del Hogar de Cristo.   
[16] Censo 2017
[17] En el ranking de gasto municipal por habitante 2015-2017, se ubica en el lugar 9 de 99 comunas consideradas; por sobre comunas como La Reina y Viña del Mar. Ver: Índice de Calidad de Vida Urbano-2019, PUC-Cámara Chilena de la Construcción.
[18] Ver: Proyección de la producción de cobre 2018-2029. 2018. Comisión Chilena del Cobre. 
[19] SolarReserve implica una inversión de U$2.700 millones y es un proyecto de tres torres térmicas solares; y Shinsung Bundang-Gu (La Huaica, Pozo Almonte) es un proyecto termo-solar que supone una inversión de U$4.500 millones.
[20] Ver: Estudio CLAPES-PUC, 2019.


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